Este miércoles 5 de agosto se cumplen 16 años del derrumbe que dejó a 33 trabajadores encerrados en la mina San José, en pleno desierto de Atacama. La historia suele recordarse por su final extraordinario, pero el paso del tiempo también dejó al descubierto fallas de seguridad, controles insuficientes y responsabilidades que tardaron años en reconocerse.

El accidente ocurrió en 2010, dentro de una explotación de cobre y oro situada a unos 45 kilómetros de Copiapó. Una enorme masa de roca bloqueó las galerías y dejó al grupo a unos 700 metros de profundidad. En la superficie no había certeza de que siguieran vivos; debajo, ellos ignoraban si alguien lograría encontrarlos.
Durante los primeros 17 días, los trabajadores sobrevivieron con provisiones mínimas. Llegaron a repartir cada 48 horas pequeñas porciones de atún, leche y galletas. Luis Urzúa, jefe de turno, organizó las tareas, las raciones y los recorridos, mientras las familias levantaban el llamado Campamento Esperanza junto al yacimiento.
El 22 de agosto, una perforadora regresó a la superficie con un papel escrito en rojo por José Ojeda: “Estamos bien en el refugio los 33”. Aquella frase confirmó que todos habían resistido y convirtió una búsqueda incierta en un enorme operativo de rescate. Desde entonces comenzaron a recibir alimentos, medicamentos, cámaras y mensajes familiares mediante tubos estrechos conocidos como palomas.
Equipos especializados colaboraron en la alimentación, el cuidado psicológico y la preparación del sistema de evacuación. Al mismo tiempo, tres planes de perforación avanzaron hasta que uno consiguió abrir el conducto definitivo.
La noche del 12 de octubre comenzó la extracción mediante la cápsula Fénix 2, construida especialmente para atravesar el estrecho túnel. Florencio Ávalos fue el primero en salir. Luis Urzúa, quien había coordinado la convivencia durante el encierro, fue el último. El 13 de octubre, después de 69 días bajo tierra, los 33 estaban nuevamente en la superficie.

Millones de personas siguieron la transmisión en directo. El operativo quedó convertido en un símbolo de cooperación, ingeniería y resistencia humana, aunque el desenlace feliz no borró las responsabilidades.
La mina fue cerrada y la investigación penal terminó sin condenados. En 2023, la Justicia confirmó una indemnización total de 1.240 millones de pesos chilenos para 31 trabajadores, al considerar que existieron fallas estatales en la fiscalización del yacimiento.
La efeméride llega apenas cinco días después del primer aniversario de la tragedia de El Teniente. El 31 de julio de 2025, un estallido de roca provocó la muerte de seis trabajadores en la mayor mina subterránea de cobre del planeta.
Durante 2026, una auditoría detectó inconsistencias y ocultamientos en la manera en que se habían comunicado antecedentes técnicos relacionados con otro estallido ocurrido en 2023. La empresa removió ejecutivos, reorganizó áreas de seguridad y entregó la documentación a los organismos encargados de investigar posibles responsabilidades.

Hasta ahora, no se estableció judicialmente que esas irregularidades hayan causado el accidente de 2025. Sin embargo, los hallazgos volvieron a colocar la transparencia, la prevención y la fiscalización en el centro del debate.
Chile también ratificó en 2024 un convenio internacional específico sobre seguridad y salud en las minas. Pero San José y El Teniente muestran que las normas solo protegen cuando se cumplen, se controlan y se informa sin ocultamientos. A 16 años, la mayor enseñanza de los 33 no está únicamente en el rescate. Está en comprender que ninguna operación heroica puede reemplazar a la prevención y que cada trabajador que desciende a una mina debe tener garantizado el regreso a su casa.