En las últimas semanas, el nacionalismo volvió a asomar en Argentina con una intensidad llamativa. Apareció en decretos, proyectos de ley, discursos políticos, discusiones universitarias y, sobre todo, en una mirada cada vez más desconfiada sobre el extranjero.
Lo curioso es que esa pulsión no pertenece a un solo espacio político. La atravesaron, con argumentos diferentes, tanto La Libertad Avanza como el peronismo y la izquierda.
El nacionalismo volvió a convertirse en un lenguaje transversal, capaz de moverse de derecha a izquierda y de encontrar una misma conclusión detrás de discusiones muy distintas: el extranjero, por el solo hecho de ser extranjero, parecería representar una amenaza mayor que el argentino.
El problema es que, en varios de estos debates, los argumentos parecen bastante menos sólidos que la apelación emocional a la patria, la soberanía o la identidad nacional.
LO QUE AMAMOS NO SE VENDE
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) August 5, 2026
Misiones siempre va a defender su territorio y el derecho de las provincias a proteger sus recursos estratégicos.
Nuestra posición es clara: no acompañaremos ninguna iniciativa que facilite la extranjerización de nuestras tierras. Defender la tierra es… pic.twitter.com/SGVhEJoEGF
Tal vez el episodio que mejor condensó ese clima ocurrió durante el Mundial, después del triunfo argentino frente a Inglaterra.
La bandera de las Malvinas exhibida por los jugadores funcionó como una postal perfecta de una fibra nacionalista que continúa profundamente arraigada en la sociedad argentina. No se trató solamente de fútbol. Malvinas volvió a ocupar el centro de una escena cargada de identidad, memoria y rivalidad histórica.
A partir de allí, el nacionalismo encontró nuevos canales de expresión. Y una de sus primeras derivaciones políticas apareció desde el propio Gobierno.
No era un partido más. https://t.co/e9xFbBFdiS
— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026
El Poder Ejecutivo modificó la Ley de Migraciones mediante el DNU 681/2026 e incorporó nuevas causales para impedir el ingreso o disponer la expulsión de extranjeros.
Entre ellas aparecen los mensajes de odio, discriminación o violencia contra argentinos por su nacionalidad, pero también los actos considerados de ultraje o agravio contra los símbolos patrios.
El problema no está solamente en la intención declarada de proteger a los argentinos frente a expresiones violentas. El punto más delicado aparece cuando una norma comienza a castigar expresiones que pueden quedar atrapadas en conceptos de enorme amplitud y, por lo tanto, sujetos a interpretaciones arbitrarias.
¿Qué significa exactamente "agravio" contra un símbolo patrio? ¿Dónde termina una crítica y comienza un "mensaje de odio"? ¿Quién determina la frontera entre una expresión ofensiva y una conducta que justifica perder una residencia?
La discusión no es menor porque involucra la libertad de expresión y porque la consecuencia recae sobre una categoría específica de personas: los extranjeros.
Ahí aparece el germen de un nacionalismo que empieza a confundirse con una suerte de sospecha de origen.
EL DNU DE MILEI EN LA LEY DE MIGRACIONES ES UN ACTO DE PATRIOTERISMO DESPROLIJO E INCONSTITUCIONAL.
— maxi ferraro (@maxiferraro) July 30, 2026
Otra vez asistimos a un arrebato sin el más mínimo filtro constitucional sobre la validez y aplicabilidad de un DNU y de su contenido. Parece responder más a una necesidad…
La misma lógica reapareció en el debate sobre el financiamiento de las universidades públicas.
Desde sectores libertarios volvió a plantearse que los extranjeros deberían pagar por sus estudios en las universidades estatales. Para defender esa posición, cobraron protagonismo algunos datos sobre carreras específicas.
Medicina en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Plata es uno de los ejemplos más utilizados. Allí la proporción de estudiantes extranjeros puede aproximarse al 40%.
El problema aparece cuando esos casos particulares se transforman en una fotografía general del sistema universitario. En realidad, la proporción total de estudiantes extranjeros en las universidades públicas argentinas no supera el 5%, según el planteo utilizado en esta discusión.
Por eso, incluso si existiera un debate legítimo sobre el financiamiento de la educación superior, resulta difícil sostener que los extranjeros constituyan por sí mismos un problema fiscal estructural.
Hay una alternativa bastante menos nacionalista y posiblemente más racional: discutir quién debe pagar y cuánto en función de los ingresos de los padres sin convertir la nacionalidad en el criterio determinante.
Un argentino con altos ingresos y un extranjero con bajos ingresos no necesariamente deberían quedar en situaciones opuestas simplemente por haber nacido a uno u otro lado de una frontera. No tiene mucha lógica fiscal.
Los liberales mas nacionalistas del mundo. https://t.co/GVJ79FJAwA
— Martin Tetaz (@martintetaz) July 21, 2026
En los últimos días, sin embargo, el nacionalismo cambió de vereda. El debate por la reforma de la Ley de Tierras terminó demostrando que esa fibra no pertenece exclusivamente al oficialismo. La oposición encontró una fórmula particularmente efectiva para presentar el proyecto de Javier Milei: "extranjerización de la tierra".
La expresión fue políticamente taquillera. La discusión dejó rápidamente de ser solamente jurídica, económica o regulatoria. Se transformó en una cuestión de soberanía.
El resultado fue un cóctel difícil de desactivar: extranjeros, tierras, recursos naturales, soberanía y patria. Y el proyecto finalmente cayó.
La oposición fue inteligente al encontrar ese encuadre porque conectó la iniciativa con un temor que excede ampliamente a la política partidaria: la idea de que alguien de afuera pueda comprar un pedazo de territorio argentino y, por ese solo hecho, estar adquiriendo algo que debería permanecer reservado para los argentinos.
Pero allí aparece una pregunta fundamental: ¿qué hace que una hectárea sea menos argentina porque su propietario nació en otro país?
"La propiedad es la que cambia de dueño, la soberanía no"
— Corta (@somoscorta) August 4, 2026
En la presentación de las modificaciones de la Ley de Tierras, Patricia Bullrich afirmó: "Es ridículo pensar que si un extranjero tiene dos fábricas se está llevando una parte de la soberanía argentina". pic.twitter.com/rgKvhwxqt2
La paradoja para La Libertad Avanza es evidente. El mismo Gobierno que en otras discusiones apeló a argumentos nacionalistas para restringir conductas de extranjeros o discutir su acceso a determinados beneficios terminó enfrentando una oposición que utilizó exactamente esa sensibilidad para cuestionar su reforma de tierras.
El oficialismo intentó separar ambos debates. Pero la política tiene memoria. Si durante semanas se instala la idea de que el extranjero debe ser mirado con mayor desconfianza, después resulta difícil pedirle a la sociedad que abandone esa misma lógica cuando se discute la posibilidad de que un extranjero compre tierras. En cierto sentido, el Gobierno terminó bebiendo de su propia medicina.

El debate actual tiene, además, un antecedente interesante. En 2011, cuando se discutió la Ley de Tierras impulsada durante el gobierno de Cristina Kirchner, el PRO cuestionó la idea de establecer restricciones generales a los extranjeros por el solo hecho de serlo.
El bloque citaba el artículo 20 de la Constitución Nacional, que reconoce a los extranjeros derechos civiles y les permite "poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos".
El planteo no era que la propiedad extranjera debiera quedar fuera de toda regulación. El argumento era otro: una restricción debía perseguir un objetivo legítimo, ser eficaz, necesaria y proporcional.
En otras palabras, no alcanzaba con decir que algo era "extranjero" para demostrar que era malo para la Argentina.
El PRO también cuestionaba otra asociación frecuente en los discursos nacionalistas: que la propiedad extranjera implicara automáticamente una pérdida de soberanía.
"Resulta a nuestro juicio inverosímil pensar que, por el simple hecho de estar esos recursos dentro de predios propiedad de extranjeros, quedarán fuera del control de las autoridades argentinas", señalaba aquel informe.
La argumentación continuaba por un camino bastante sencillo: un extranjero que compra tierras en Argentina sigue sometido a las leyes argentinas.
La Ley de Tierras que hoy se discute fue creada en 2011, en el gobierno de Cristina Kirchner. Durante casi 200 años Argentina no tuvo un régimen de limitación a la propiedad de extranjeros y no por eso fuimos menos soberanos, ni la Patria se vendió, ni se llevaron el agua.
— DAMIÁN ARABIA (@DamianArabia) August 5, 2026
Durante décadas, el peronismo construyó buena parte de su identidad alrededor de conceptos como soberanía, industria nacional, recursos estratégicos, defensa del territorio y autonomía frente a intereses extranjeros.
La Libertad Avanza, en cambio, llegó al poder con un discurso económico diametralmente distinto. Pero Milei también entendió que la identidad nacional es una herramienta política poderosa. Y no parece dispuesto a regalarle al peronismo esa bandera. Ahí aparece una combinación curiosa: liberalismo económico con liturgia patriótica.
Una fórmula que tiene un antecedente histórico interesante en Julio Argentino Roca, quien logró combinar una concepción liberal de la economía y del Estado con una fuerte construcción nacional.
Pero el mundo actual plantea un desafío diferente. Si el proyecto económico del Gobierno apunta realmente a construir una Argentina más abierta, competitiva y receptiva a las inversiones extranjeras, tarde o temprano deberá resolver esta contradicción.