El Senado de la Nación se prepara para una sesión que promete un intenso debate político y jurídico. Tras dejar fuera del dictamen el polémico capítulo sobre la extranjerización de tierras, el oficialismo buscará aprobar este jueves el proyecto de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", una iniciativa que modifica aspectos centrales del Código Civil y Comercial, incorpora cambios en las expropiaciones, actualiza la Ley de Manejo del Fuego y reforma el régimen de regularización dominial.
La decisión de retirar el apartado referido a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros llegó luego del rechazo expresado por varios gobernadores y bloques opositores, que advirtieron sobre los riesgos de flexibilizar la legislación vigente. La propuesta original elevaba del 15% al 25% el límite permitido para la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras, un punto que finalmente quedó fuera del texto que llegará al recinto.
Con esa modificación, el oficialismo apuesta ahora a reunir los votos necesarios para avanzar con el resto de la reforma.
Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es la incorporación de un mecanismo de desalojo exprés para casos de usurpaciones o tenencias precarias.

El proyecto establece que el juez podrá ordenar la restitución inmediata del inmueble cuando el propietario presente documentación que acredite de manera verosímil su derecho sobre la propiedad. En esos casos, el magistrado podrá intimar a los ocupantes a devolver el inmueble dentro de las 72 horas.
Sin embargo, la propuesta distingue esta situación de los conflictos entre propietarios e inquilinos por falta de pago. Para esos casos, se mantiene un procedimiento con mayores garantías: el dueño deberá enviar una carta documento y otorgar un plazo mínimo de 10 días corridos para que el deudor regularice su situación antes de iniciar el proceso judicial correspondiente.
El proyecto establece que la declaración de "utilidad pública" deberá interpretarse de manera restrictiva y exige que el Estado fundamente con mayor precisión los motivos que justifican una expropiación.

Además, fija un tope del 30% para las indemnizaciones por lucro cesante y determina que los intereses se calcularán utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más la tasa del Banco Nación para depósitos a treinta días.
En paralelo, la iniciativa introduce modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego. El texto elimina la restricción que impedía modificar durante 30 años el uso de tierras rurales afectadas por incendios. En el caso de los bosques nativos, se mantiene la prohibición de cambiar el destino de las superficies incendiadas, aunque se elimina el plazo de 60 años previsto por la legislación vigente.
El proyecto incorpora además una modificación a la denominada Ley Pierri, destinada a facilitar la regularización dominial.
La propuesta permitirá acceder a la escritura de la vivienda única a quienes acrediten una posesión pública, pacífica y continua durante los 10 años previos, ampliando así las posibilidades de acceder al título de propiedad.
Antes de iniciar el tratamiento del proyecto, el Senado deberá resolver un tema reglamentario que también genera controversia: la autorización para que los senadores Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama participen de manera virtual.
La solicitud fue habilitada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, aunque deberá ser ratificada por el pleno de la Cámara. Allí surgirá una discusión sobre el mecanismo de aprobación, ya que el oficialismo sostiene que requiere una mayoría especial de dos tercios, mientras otros bloques consideran que alcanza con una mayoría simple.

Con la eliminación del capítulo sobre tierras en manos extranjeras, el Gobierno intentará destrabar una iniciativa considerada estratégica para su agenda legislativa. Sin embargo, el debate promete volver a exponer las diferencias entre el oficialismo y la oposición sobre los límites de la reforma y el alcance de las modificaciones al régimen de propiedad privada en la Argentina.
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