Un hombre fue imputado por la Justicia de Puerto Madryn acusado de montar un presunto negocio de instalaciones clandestinas de televisión por cable, por el que cobraba alrededor de 80.000 pesos por cada conexión ilegal. La investigación, impulsada por el Ministerio Público Fiscal, se inició tras una denuncia de la empresa Flux, que advirtió maniobras para brindar el servicio sin autorización.
La audiencia de apertura de investigación se realizó ante el juez Marcelo Orlando, mientras que la imputación fue presentada por el funcionario de Fiscalía Gastón Alcucero. El acusado fue identificado como Esteban Bladimir Arrighi, quien quedó formalmente investigado por el delito de robo, previsto en el artículo 164 del Código Penal.
Según la acusación, Arrighi ofrecía e instalaba conexiones ilegales de televisión por cable mediante tendidos que partían desde postes ubicados en la vía pública hacia viviendas particulares y comercios. Por cada instalación cobraba aproximadamente 80.000 pesos.
Tras la denuncia de la empresa prestataria, la Fiscalía encomendó distintas tareas investigativas a la División Policial de Investigaciones (DPI). Durante las vigilancias, los efectivos identificaron al sospechoso mientras realizaba trabajos de cableado.
Posteriormente, personal técnico de la empresa verificó que las conexiones detectadas eran clandestinas, ya que habían sido realizadas con materiales ajenos a la prestadora y sin los dispositivos de seguridad exigidos para ese tipo de instalaciones.

Con las pruebas reunidas durante la investigación, la Fiscalía solicitó una serie de allanamientos que fueron autorizados por la Justicia.
En los procedimientos se secuestró una camioneta Peugeot Partner, herramientas utilizadas para trabajos sobre redes de fibra óptica y televisión por cable, cables coaxiales, arneses de seguridad y teléfonos celulares que ahora serán sometidos a peritajes.
La causa continuará en etapa de investigación mientras la Fiscalía reúne nuevas pruebas para determinar el alcance de las maniobras atribuidas al imputado y establecer si existen otros hechos o personas involucradas en la presunta operatoria ilegal.