La distribución de los subsidios al transporte público volvió a instalarse en el centro del debate político.
El diputado nacional Ernesto Alí presentó un pedido de informes para que el Gobierno nacional detalle cómo se ejecutaron los recursos destinados a las compensaciones del transporte automotor de pasajeros durante 2024, 2025 y el primer semestre de 2026.
La iniciativa busca conocer en profundidad el destino de los fondos administrados por la Secretaría de Transporte y pone el foco en una discusión histórica: la diferencia entre los subsidios que reciben el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior del país.
Según sostiene el legislador en los fundamentos del proyecto, la eliminación del Fondo Compensador para las provincias y la continuidad de las ayudas nacionales al AMBA profundizaron una desigualdad que, asegura, ya existía desde hace años.
En ese sentido, recuerda que todas las provincias contribuyen al financiamiento del sistema mediante el impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, por lo que considera necesario conocer cómo se redistribuyen esos recursos.
El proyecto solicita que el Poder Ejecutivo informe ocho aspectos específicos correspondientes a los años 2024, 2025 y al período comprendido entre enero y junio de 2026.
1. Presupuesto del Programa 54
En primer lugar, el legislador pide conocer cuál fue el presupuesto vigente y el efectivamente ejecutado del Programa 54 "Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Terrestre", cuya unidad ejecutora es la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.
La intención es determinar cuánto dinero fue asignado y cuánto terminó utilizándose efectivamente.
2. Ejecución de la Actividad 18
El segundo punto apunta específicamente a la Actividad 18 del Programa 54, denominada "Implementación del Régimen de Compensación del Transporte Automotor".
Se solicita conocer tanto el crédito presupuestario vigente como el monto efectivamente devengado.
3. Cómo se distribuyen las compensaciones
El proyecto solicita discriminar cuánto se destinó al atributo social, boleto integrado, compensaciones tarifarias por oferta y demanda, comisiones del sistema SUBE, gasoil a precio diferencial y cualquier otro mecanismo de compensación.
Además, pide distinguir claramente entre los servicios nacionales del AMBA, los servicios interprovinciales y los correspondientes al interior del país.
4. Si existen subsidios fuera del Programa 54
El cuarto interrogante busca determinar si existen partidas vinculadas al transporte automotor de pasajeros que se ejecuten fuera del Programa 54 y de la Actividad 18.
La respuesta permitiría conocer si parte de los subsidios se financian mediante otros programas presupuestarios.

5. La actualización de las tarifas
El proyecto también requiere información sobre cuánto aumentó la tarifa de los colectivos correspondientes a los servicios bajo jurisdicción nacional durante el período analizado.
De esta manera pretende comparar la evolución de los subsidios con la evolución del precio pagado por los usuarios.
6. Cuánto pagan los pasajeros y cuánto el Estado
Otro de los puntos centrales consiste en conocer qué porcentaje del costo del sistema es financiado mediante el boleto abonado por los pasajeros y qué parte continúa siendo cubierta mediante subsidios nacionales.
El pedido incluye tanto las compensaciones dirigidas a la oferta como aquellas destinadas a la demanda, entre ellas el atributo social y el boleto integrado.
7. Cómo se reparten los subsidios
El séptimo requerimiento apunta a conocer qué porcentaje del total de los subsidios corresponde a ayudas destinadas directamente a la demanda y cuánto continúa financiando la oferta del servicio.
El diputado solicita esa información actualizada a junio de 2026.
8. Cuántos usuarios reciben las compensaciones
Finalmente, el proyecto pide conocer la cantidad mensual y anual de beneficiarios alcanzados por el régimen de compensaciones.
También solicita que los datos se presenten discriminando entre el AMBA, los servicios interprovinciales y el resto del interior del país.

La fundamentación del proyecto sostiene que el esquema de subsidios mantiene una fuerte asimetría entre el AMBA y las provincias.
Según los datos citados por el legislador, durante 2023 las jurisdicciones provinciales recibieron a través del Fondo Compensador apenas el equivalente al 21,01% de lo que aportaron mediante el impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono.
En contraste, el AMBA habría recibido compensaciones equivalentes al 481% de lo aportado por esos mismos tributos.
En términos globales, el diputado afirma que el interior recibió apenas el 11% del total de los subsidios nacionales, mientras que el 89% restante se concentró en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
"Como es esperable, esta asimetría se vio reflejada en la mayor tarifa que pagan los usuarios de todas las jurisdicciones del interior sobre las que se establecen en el AMBA", sostiene el proyecto.

El diputado también cuestiona una de las decisiones adoptadas por el Gobierno durante 2024.
Recuerda que mediante el DNU 280/2024 el Poder Ejecutivo eliminó el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País.
Sin embargo, sostiene que las ayudas destinadas a los servicios del AMBA continuaron vigentes.
"En materia de transporte público de pasajeros, hay un ajuste selectivo de los subsidios que prioriza al AMBA y perjudica al Interior", afirma.
Como parte de la fundamentación, el proyecto incorpora datos de ejecución presupuestaria.
Señala que el Presupuesto 2026 asignó $1,036 billones a la Actividad 18 correspondiente al régimen de compensación del transporte automotor.
Según datos del portal Presupuesto Abierto citados por el diputado, al 2 de agosto ya se habían ejecutado $517.631 millones. Además, recuerda que durante 2025 se devengaron gastos por $782.165 millones.
Entre los datos disponibles hasta junio del año pasado destaca que $421.267 millones fueron destinados al pago de compensaciones para el transporte público automotor de corta distancia del AMBA, un rubro que representó alrededor del 70% de las erogaciones registradas hasta ese momento.