Fe y Alegría advierte por 31 centros críticos y 18.727 alumnos en riesgo

La red educativa Fe y Alegría alertó el 5 de agosto que 18.727 estudiantes de Venezuela podrían no iniciar clases en septiembre. El relevamiento registró 73 espacios educativos afectados por los terremotos y 31 en situación crítica, cuya recuperación resulta prioritaria para sostener el período escolar 2026-2027. La advertencia incorpora a la educación entre las urgencias de la reconstrucción, junto con la vivienda, la salud y los servicios básicos. La cercanía del calendario escolar reduce el margen disponible para inspeccionar estructuras, contratar trabajos y definir sedes alternativas. El riesgo no depende únicamente del estado de los edificios, sino también de la capacidad de conservar la matrícula mientras avanzan las reparaciones.

Los dos terremotos del 24 de junio, de magnitudes 7,2 y 7,5, golpearon el centro-norte venezolano con apenas 39 segundos de diferencia. La comunidad educativa contabilizó 31 estudiantes y una docente fallecidos, con 30 de esos alumnos pertenecientes a la Escuela Técnica Simón Bolívar de Caraballeda, en La Guaira. En los centros prioritarios trabajan casi 1.700 personas, mientras que las viviendas de 715 estudiantes y 288 trabajadores también resultaron afectadas. Esa combinación amplía el problema más allá de las aulas porque numerosas familias y empleados enfrentan al mismo tiempo daños habitacionales, desplazamientos, pérdidas personales y dificultades de traslado. La reapertura exige, por lo tanto, una respuesta que articule infraestructura, acompañamiento comunitario y continuidad pedagógica.

Reparación urgente

El costo estimado para reparar 14 de los 31 centros críticos asciende a US$1,25 millones. Esa cifra no representa dinero ya disponible, sino el presupuesto de una primera etapa para la cual todavía se buscan aportes nacionales e internacionales. Los otros 17 espacios quedan fuera de ese cálculo inicial, por lo que la necesidad financiera total aumentará cuando concluyan las evaluaciones y los proyectos de obra. La prioridad inmediata abarca seguridad estructural, agua, saneamiento y condiciones mínimas para recibir a estudiantes y trabajadores. Sin una secuencia ordenada de intervenciones y sedes alternativas, una reparación parcial podría trasladar el problema de los edificios hacia la asistencia y acelerar la desvinculación escolar.

La respuesta técnica distingue entre sedes utilizables, edificios con restricciones y centros que no pueden recibir alumnos. Los espacios habilitados podrán recuperar la presencialidad con atención psicoemocional y formación preventiva, mientras que los inmuebles con limitaciones deberán sectorizar áreas y combinar clases presenciales con actividades remotas. En los casos de mayor riesgo se preparan modalidades virtuales o la reubicación temporal de las comunidades escolares. La organización también desarrolla proyectos de saneamiento, higiene y becas destinados a reducir la deserción provocada por la pobreza y el desastre. La continuidad educativa dependerá de coordinar las obras con soluciones pedagógicas transitorias, en lugar de esperar que todos los edificios vuelvan a funcionar al mismo tiempo.

Las aulas sin actividad reflejan el riesgo de interrupción escolar durante las reparaciones.

Continuidad escolar

El regreso a clases exigirá acompañamiento emocional, preparación ante riesgos y recuperación de la infraestructura. El balance oficial actualizado el 3 de agosto elevó a 6.125 la cantidad de fallecidos, registró 60.992 atenciones hospitalarias y contabilizó 43.679 viviendas evaluadas, cifras que muestran el entorno en el que deberán reabrir las escuelas. Docentes, alumnos y familias volverán a espacios atravesados por pérdidas, desplazamientos y temor ante posibles réplicas. Por esa razón, los protocolos de evacuación, la identificación de zonas seguras y la atención psicoemocional forman parte del funcionamiento escolar y no constituyen medidas accesorias. La reapertura será sostenible únicamente si cada modalidad se adapta al nivel de riesgo de su edificio y a la situación de su comunidad.

El desafío de septiembre consiste en impedir que el daño edilicio se transforme en una exclusión educativa prolongada. Para lograrlo, las inspecciones, el financiamiento, las obras y las reubicaciones deben avanzar bajo un calendario común que permita informar a cada familia dónde y cómo continuará el aprendizaje. Los aportes privados y de la comunidad internacional pueden acelerar las reparaciones, pero necesitan integrarse a criterios técnicos y prioridades verificables. El indicador decisivo será cuántos de los 18.727 estudiantes mantienen su vínculo con la escuela mientras los centros recuperan condiciones seguras. La reconstrucción educativa será efectiva si combina rapidez, información clara y alternativas temporales sin convertir la emergencia en un período escolar perdido.

La continuidad escolar dependerá de sedes seguras y modalidades temporales de enseñanza.