Germán Giuliani, CIDH y Cancillería: el caso argentino que sigue abierto en Caracas

Al 6 de agosto de 2026, Germán Darío Giuliani continúa detenido en Venezuela y su caso forma parte del registro de 40 personas con nacionalidad extranjera privadas de libertad por motivos políticos. El balance, cerrado por Foro Penal el 3 de agosto, contabiliza 382 presos políticos: 356 hombres y 26 mujeres, además de 222 civiles y 160 militares. Esas categorías pertenecen al relevamiento de la organización y no sustituyen la calificación que pueda establecer cada expediente judicial. Giuliani permanece como el único ciudadano argentino detenido en este escenario después de la liberación de Nahuel Gallo en marzo. La actualización no registra una excarcelación ni una modificación pública de sus condiciones de reclusión y vuelve a situar su caso dentro de un problema que involucra a varios gobiernos.

Giuliani fue detenido entre el 21 y el 23 de mayo de 2025 por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana mientras navegaba en una embarcación alquilada en aguas del estado de Anzoátegui. La reconstrucción incorporada por la CIDH señala que estaba acompañado por tres ciudadanos venezolanos y que durante los doce días siguientes su familia no recibió confirmación oficial sobre su paradero. Posteriormente fue ubicado en el Comando Militar de Las Acacias y trasladado al Complejo Penitenciario de Yare. En una llamada realizada el 18 de abril de 2026 informó que se encontraba en Yare III, aunque no pudo precisarse su ubicación dentro del establecimiento. Las autoridades venezolanas lo asociaron públicamente con delitos de terrorismo y narcotráfico, pero la Comisión registró la falta de información oficial sobre la imputación, el tribunal competente y el expediente judicial.

El alcance de la cautelar

La Resolución 32/2026 de la CIDH, aprobada el 27 de abril, consideró acreditados los requisitos de gravedad, urgencia y posible daño irreparable. Una medida cautelar es una protección urgente destinada a impedir que una persona sufra un daño antes de que exista una decisión definitiva sobre el caso. La Comisión solicitó a Venezuela proteger la vida, la integridad personal y la salud de Giuliani, confirmar formalmente su ubicación y garantizar condiciones de detención compatibles con los estándares internacionales. También requirió comunicación con familiares, representantes, abogados de confianza y autoridades consulares, acceso al expediente si existe, información sobre los delitos imputados y el tribunal interviniente, una evaluación médica inmediata, atención especializada, agua potable y alimentación adecuada. La resolución protege derechos concretos, pero no equivale a una orden directa de excarcelación ni resuelve el fondo del expediente.

La asistencia consular es el punto donde la protección individual de Giuliani se cruza con la relación diplomática entre Buenos Aires y Caracas. Esa asistencia permite que el país de nacionalidad verifique la ubicación de un detenido, conozca su estado de salud, facilite comunicación jurídica y supervise el respeto de las garantías básicas, aunque no reemplaza a la defensa ni concede inmunidad. El canal directo quedó debilitado por la salida de los diplomáticos argentinos de Caracas y por el posterior final de la representación brasileña de los intereses nacionales. La Cancillería argentina respaldó públicamente la cautelar el 29 de abril y mantuvo el reclamo de liberación. La CIDH pidió a Venezuela informar en un plazo de quince días las acciones adoptadas y actualizar esos datos periódicamente, pero la aplicación material depende del acceso autorizado dentro del sistema penitenciario.

Giuliani sigue detenido y la cautelar de la CIDH exige garantías inmediatas.

Nacionalidad y negociación

El grupo de 40 detenidos muestra que la nacionalidad extranjera genera reclamos diplomáticos que alcanzan a distintos Estados y no solamente a la Argentina. El balance contiene once ciudadanos colombianos, otros once con nacionalidad colombiana y venezolana, cinco hispano-venezolanos y cinco ítalo-venezolanos; los ocho casos restantes corresponden a otras nacionalidades o combinaciones de ciudadanía. La doble nacionalidad no elimina la obligación estatal de informar el lugar de reclusión, garantizar defensa y permitir contacto con el exterior. La resolución sobre Giuliani ubica su situación dentro de un patrón observado en otros expedientes: incertidumbre sobre el paradero, acceso limitado a abogados y familiares, ausencia de información judicial y obstáculos para la protección consular. Cada detención adquiere así una dimensión internacional porque el Estado de origen puede pedir explicaciones y activar mecanismos de protección.

Venezuela mantiene 40 presos políticos con nacionalidad extranjera.

La novedad del 6 de agosto es la actualización del número de extranjeros detenidos, no una nueva resolución que modifique la situación jurídica del abogado. Al cierre de esta revisión no aparece una decisión oficial posterior que haya levantado las medidas cautelares o certificado su cumplimiento integral. El documento de la CIDH también recoge la existencia alegada de una boleta de excarcelación enviada a Yare, pero aclara que los solicitantes no obtuvieron una copia ni pudieron verificar su ejecución. Un cambio comprobable exigiría confirmar oficialmente su ubicación, restablecer el contacto familiar, legal y consular, presentar una evaluación médica, permitir el acceso al expediente y precisar qué tribunal controla la detención. Mientras esos elementos continúen pendientes, la presión consular seguirá abierta y el caso de Giuliani permanecerá ligado al conjunto de 40 detenidos extranjeros.