El presidente Javier Milei dispuso este miércoles la suspensión de los efectos del Decreto 690/2026, que había introducido una profunda reforma en el régimen del servicio de practicaje y pilotaje. La decisión quedó plasmada en el Decreto 716/2026, publicado en el Boletín Oficial, luego del conflicto generado con los prestadores del servicio y las medidas de fuerza que afectaron la operatoria portuaria.
En los considerandos de la norma, el propio Gobierno reconoce que la entrada en vigencia del Decreto 690/2026 derivó en un escenario de crisis para el sistema de practicaje y pilotaje, lo que motivó una negociación entre el Ministerio de Seguridad Nacional y los principales representantes del sector.
El artículo 1° del decreto suspende los efectos del Decreto 690/2026 y restituye, mientras dure esa suspensión, la plena vigencia de las disposiciones normativas que habían sido derogadas, sustituidas o modificadas por aquella reforma. De esta manera, el Ejecutivo dejó en pausa el proceso de desregulación impulsado apenas una semana antes con el objetivo de restablecer la normal prestación del servicio y superar el conflicto.
La nueva norma incorpora el entendimiento alcanzado entre el Gobierno y los representantes del practicaje y pilotaje. Según surge de sus considerandos, las partes consensuaron:
La norma crea una Mesa de Trabajo en el ámbito del Ministerio de Seguridad Nacional, integrada por funcionarios de esa cartera, de la Prefectura Naval Argentina y de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), junto con representantes del sector. El objetivo será analizar el régimen vigente y alcanzar los consensos necesarios para la elaboración de una nueva regulación del servicio.
Asimismo, el artículo 3° encomienda al Ministerio de Seguridad Nacional, a la Prefectura Naval Argentina y a la ANPYN adoptar, dentro de sus respectivas competencias, las medidas necesarias para atender la situación y garantizar la continuidad del servicio de practicaje y pilotaje.
El Decreto 716/2026 entró en vigencia el mismo día de su dictado y lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Diego Santilli, de la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La decisión representa un giro transitorio en la estrategia oficial sobre el sector, al suspender la reforma recientemente implementada para restablecer el funcionamiento normal del sistema mientras se negocia un nuevo marco regulatorio.