La provincia de Buenos Aires dio un nuevo paso en la discusión de una reforma integral del sistema de respuesta ante emergencias y desastres.
La Comisión de Seguridad del Senado bonaerense aprobó el proyecto impulsado por los senadores Sergio Berni y Malena Galmarini, una iniciativa que busca modernizar Defensa Civil y crear un Sistema Provincial de Gestión del Riesgo de Desastres.
La propuesta obtuvo consenso en la comisión y ahora deberá atravesar otras tres instancias legislativas antes de llegar al recinto: las comisiones de Asuntos Municipales, Descentralización y Fortalecimiento Institucional; Legislación General; y Presupuesto e Impuestos.
La iniciativa reemplaza un esquema normativo que tiene más de seis décadas de antigüedad y plantea una reorganización completa de la prevención, planificación y respuesta frente a inundaciones, incendios, tormentas, accidentes industriales y otras emergencias naturales o provocadas por la actividad humana.
El eje central del proyecto consiste en crear el Sistema Provincial de Gestión del Riesgo de Desastres y actualizar el funcionamiento de la Defensa Civil bonaerense.
Según los fundamentos de la iniciativa, el objetivo es pasar de un modelo enfocado únicamente en la reacción ante las emergencias a otro basado en la prevención, la planificación y la reducción de riesgos.
El texto señala que el nuevo sistema buscará "prevenir, reducir y mitigar los riesgos del territorio bonaerense y dar adecuada respuesta ante las emergencias y/o desastres", mediante la articulación entre organismos provinciales, municipios, entidades públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil.
Los autores sostienen que la Provincia, por ser el distrito más poblado del país y por su diversidad geográfica, climática y socioeconómica, necesita una legislación adaptada a los desafíos actuales y al impacto creciente del cambio climático.

Uno de los principales cambios es la creación del Consejo Provincial de Gestión del Riesgo de Desastres, que funcionará como máxima instancia de planificación estratégica.
El organismo estará integrado por:
Entre sus funciones estarán definir políticas públicas, aprobar estrategias provinciales, impulsar programas de capacitación, promover investigaciones científicas y homologar los planes municipales de gestión del riesgo.

La iniciativa también redefine las funciones de la Dirección Provincial de Defensa Civil, que pasará a concentrar la coordinación operativa durante las emergencias.
Entre sus responsabilidades figuran:
El proyecto propone dividir la gestión del riesgo en tres niveles de actuación:
Nivel provincial
Será encabezado por el Poder Ejecutivo bonaerense, encargado de declarar emergencias, aprobar el Plan Provincial de Gestión del Riesgo y coordinar la asistencia cuando un municipio no pueda responder con recursos propios.
Nivel zonal
Se crean las denominadas Zonas de Defensa Civil, cada una con un jefe zonal responsable de coordinar varios municipios.
Estos funcionarios deberán elaborar planes regionales de emergencia, coordinar recursos compartidos, asistir a los gobiernos locales y actuar como nexo permanente con la Provincia.
La zonificación buscará optimizar recursos y permitir respuestas más rápidas según las características de cada región.
Nivel municipal
Cada municipio deberá elaborar:
Todos deberán ser homologados por la autoridad provincial y actualizarse cada año.
Además, las comunas que todavía no cuenten con un área específica de Defensa Civil deberán crearla con financiamiento propio.

Uno de los aspectos más novedosos es la obligación de elaborar mapas detallados de riesgos.
Estos documentos deberán identificar:
A partir de esos diagnósticos cada municipio tendrá que diseñar protocolos específicos para prevención, mitigación, evacuación, recuperación y reconstrucción.
El proyecto también incorpora el desarrollo de una red integral de alerta temprana y un sistema de comunicaciones que permita coordinar a todos los organismos que intervienen durante una emergencia.
La intención es mejorar la anticipación frente a fenómenos extremos y reducir los tiempos de respuesta.
Otra de las novedades es la creación del Registro Provincial de Voluntarios y Entidades Civiles Afines.
Podrán inscribirse asociaciones y ciudadanos que deseen colaborar durante situaciones críticas.
La autoridad de aplicación deberá garantizar capacitación previa, protección y condiciones de seguridad para quienes participen de los operativos.
El proyecto propone derogar el Decreto-Ley 11.001 de 1963, junto con sus posteriores modificaciones, para sustituirlo por un esquema alineado con la legislación nacional.
Los fundamentos recuerdan que la provincia ya adhirió al Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) mediante la Ley 15.063 y destacan que la nueva normativa busca adecuarse también al Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 impulsado por las Naciones Unidas.
Según Berni y Galmarini, la intención es consolidar un sistema "multiagencial", con mayor coordinación entre Provincia, municipios y organizaciones sociales, que permita fortalecer la prevención, reducir la vulnerabilidad territorial y mejorar la capacidad de respuesta frente a emergencias cada vez más frecuentes.