Qué cambia para los venezolanos si avanza la negociación política en Caracas

La instalación formal de las conversaciones en Caracas representa una oportunidad política que la oposición no debería abandonar. La delegación de la Asamblea Nacional electa en 2015, encabezada por Dinorah Figuera, se reunió con representantes del gobierno interino en el Centro de Convenciones de La Carlota. Más que una fotografía protocolar, el encuentro permite trasladar la presión democrática hacia un espacio donde pueden discutirse reformas, garantías y compromisos verificables. Negociar no significa reconocer como legítimas todas las estructuras existentes, sino utilizar una instancia institucional para comenzar a modificarlas. 

La oposición participante llega a esta mesa con representación política y una agenda vinculada a las libertades ciudadanas. La conformación de delegaciones con seis integrantes por cada parte le otorga una posición paritaria que evita, al menos en el diseño inicial, una participación meramente testimonial. Los primeros asuntos anunciados incluyen la atención a las víctimas de los terremotos del 24 de junio, el fortalecimiento de la democracia y la recuperación de derechos y garantías políticas. Esa combinación permite vincular la reconstrucción nacional con la apertura institucional que Venezuela necesita. 

Representación opositora con capacidad de incidencia

Dinorah Figuera asume una responsabilidad que puede devolverle capacidad operativa a una parte de la oposición venezolana. Su conducción de la Asamblea Nacional de 2015 aporta una referencia institucional reconocible para ordenar propuestas, presentar exigencias y construir acuerdos. Sentarse a negociar tampoco supone renunciar a la denuncia ni abandonar a quienes mantienen posiciones diferentes dentro del campo democrático. Supone comprender que una oposición con vocación de gobierno debe estar preparada tanto para resistir los abusos como para administrar una transición, redactar reglas y convertir las demandas sociales en decisiones públicas. 

El respaldo internacional aumenta las posibilidades de que el proceso supere los diálogos inconclusos del pasado.El Departamento de Estado presentó las conversaciones como parte de una estrategia orientada a la estabilización, la recuperación económica, la reconciliación política y una transición pacífica. Para la oposición, ese acompañamiento ofrece una plataforma diplomática que puede elevar el costo del incumplimiento y facilitar mecanismos de seguimiento. La participación extranjera no sustituye la responsabilidad de los venezolanos, pero puede proporcionar garantías cuando la confianza entre los actores nacionales permanece debilitada. 

La oposición convierte el diálogo en una herramienta para recuperar instituciones.

Negociar para recuperar las instituciones

La verdadera conquista opositora será transformar la mesa en cambios que permitan competir democráticamente.El proceso deberá avanzar hacia un Consejo Nacional Electoral independiente, un sistema judicial con mayor autonomía, la restitución de los partidos intervenidos, la ampliación de las libertades políticas y condiciones electorales confiables. El Consejo Nacional Electoral es el organismo encargado de organizar y supervisar las elecciones, por lo que su independencia resulta indispensable para que el voto vuelva a ser aceptado como mecanismo legítimo de resolución política. Sin esas reformas, cualquier convocatoria electoral conservará las dudas acumuladas durante años. 

Dinorah Figuera encabeza una negociación respaldada por Estados Unidos.

La negociación puede convertirse en el instrumento mediante el cual la oposición pase de la resistencia a la reconstrucción democrática. El éxito no debe medirse por la cantidad de reuniones ni por los comunicados, sino por resultados concretos, plazos públicos y garantías aplicables a todos los sectores. Figuera ha planteado diciembre como referencia para presentar los primeros avances, una fecha que obliga a mantener la presión y evitar que el proceso se diluya. La mesa todavía no representa una transición completa, pero constituye un comienzo legítimo para una oposición que busca recuperar instituciones, derechos y poder mediante reglas democráticas.