07/08/2026 - Edición Nº1277

Política

Senado

Ley de Manejo del Fuego: Bullrich fracasó y sigue el texto de Máximo Kirchner

07/08/2026 | Hasta último momento, la jefa del bloque de La Libertad Avanza trató de salvar el capítulo pero naufragó. Doble triunfo para el kirchnerismo.



En una de las derrotas más significativas de la extensa sesión en el Senado, el Gobierno de Javier Milei no logró reunir los votos necesarios para modificar la Ley de Manejo del Fuego, uno de los capítulos incluidos dentro del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La iniciativa terminó siendo retirada por el oficialismo luego de comprobar que no alcanzaba la mayoría para aprobarla.

El resultado tuvo un fuerte contenido político. No solo representó un revés legislativo para La Libertad Avanza, sino que además significó un triunfo con alto valor simbólico para el kirchnerismo duro, que consiguió preservar intacta la reforma impulsada por Máximo Kirchner en 2020 durante el gobierno de Alberto Fernández.

La caída de este capítulo se sumó a la de la Ley de Tierras, convirtiéndose en los dos únicos ejes centrales de la reforma sobre propiedad privada que el oficialismo debió resignar durante el debate parlamentario.

Bullrich negoció hasta último momento, pero no alcanzó

Durante las horas previas a la votación, la senadora Patricia Bullrich encabezó intensas gestiones para intentar reunir los apoyos necesarios y evitar la caída del capítulo.

Sin embargo, las negociaciones no prosperaron. Resultó determinante la decisión de Beatriz Ávila, senadora por Tucumán, y de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, quienes finalmente no acompañaron la propuesta oficialista.

La ausencia de esos respaldos dejó al oficialismo sin posibilidades matemáticas de construir la mayoría necesaria, obligándolo finalmente a retirar el capítulo antes de la votación.

Otro revés para la agenda de la propiedad privada

La frustrada reforma de la Ley de Manejo del Fuego era uno de los componentes más importantes del paquete de cambios con el que el Gobierno buscaba reforzar la protección de la propiedad privada.

Al igual que ocurrió con la reforma de la Ley de Tierras, el oficialismo consideraba que la legislación vigente imponía restricciones excesivas sobre los propietarios y afectaba el aprovechamiento productivo de los inmuebles luego de un incendio.

Pero, al igual que en ese capítulo, el Senado terminó dejando sin efecto la estrategia oficial.

El resultado consolidó un doble triunfo político para el kirchnerismo: por un lado, logró impedir una nueva modificación impulsada por Milei y, por otro, preservó una de las leyes más emblemáticas promovidas por Máximo Kirchner durante la gestión del Frente de Todos.

Qué establece la ley vigente

La normativa actualmente vigente fue sancionada a fines de 2020 mediante la Ley 27.604.

Su objetivo fue evitar que los incendios forestales, ya fueran intencionales o accidentales, terminaran generando beneficios económicos mediante cambios posteriores en el uso de las tierras afectadas.

Para ello estableció fuertes restricciones. En los bosques nativos, bosques implantados, humedales y áreas naturales protegidas, prohíbe durante 60 años modificar el uso que tenía el terreno antes del incendio.

Además, impide realizar loteos, subdivisiones, emprendimientos inmobiliarios, ventas de tierras fiscales con nuevos destinos y desarrollar actividades agropecuarias distintas de las existentes antes del fuego.

En las zonas agropecuarias, praderas, pastizales y otras superficies rurales, las restricciones rigen durante 30 años, prohibiendo emprendimientos inmobiliarios, cambios de uso y determinadas prácticas productivas.

La ley también permite que cada provincia extienda esos plazos mediante sus ordenamientos territoriales.

Qué quería cambiar el Gobierno

La propuesta impulsada por el Ejecutivo reducía significativamente el alcance de esas restricciones.

En lugar de abarcar amplias categorías de ecosistemas, las prohibiciones quedarían concentradas únicamente sobre los bosques nativos y los bosques no productivos alcanzados por la legislación forestal.

También eliminaba el plazo uniforme de 60 años previsto por la ley vigente y derogaba completamente el artículo que establecía las restricciones de 30 años para las zonas agropecuarias, praderas y pastizales.

En la práctica, esto implicaba flexibilizar las limitaciones que hoy pesan sobre una gran cantidad de superficies afectadas por incendios.

Como contrapartida, el proyecto incorporaba nuevas obligaciones para que la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires fortalecieran los sistemas de prevención, vigilancia, alerta temprana e investigación de incendios intencionales.

Además, impulsaba programas específicos de restauración ambiental y recomposición de las áreas afectadas.

Los argumentos del oficialismo

Desde el Gobierno sostenían que la legislación aprobada en 2020 imponía restricciones excesivamente amplias que afectaban derechos de propiedad y dificultaban el desarrollo productivo incluso en casos donde los incendios no habían sido provocados.

La intención oficial era limitar las prohibiciones únicamente a los ecosistemas considerados estratégicos desde el punto de vista forestal y trasladar una mayor responsabilidad a las provincias para definir el alcance de las restricciones territoriales.

Por su parte, la iniciativa recibió fuertes cuestionamientos tanto de la oposición como de organizaciones ambientalistas.

Los críticos advirtieron que eliminar las prohibiciones de largo plazo podía generar un incentivo económico para provocar incendios con el objetivo de cambiar posteriormente el uso del suelo.

Según esa postura, flexibilizar las restricciones facilitaría futuros desarrollos inmobiliarios o la expansión de actividades agropecuarias sobre superficies incendiadas, debilitando una herramienta creada precisamente para desalentar ese tipo de maniobras.