09/08/2026 - Edición Nº1279

Política

Ministerio de Seguridad

Qué pena pidió el Gobierno por los incidentes del Congreso: "Alzarse en armas"

07/08/2026 | La presentación ante la Justicia federal se apoya sobre una figura que exige un requisito difícil de probar.



El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, se presentó ante la Justicia federal y pidió que se investigue un "atentado al orden constitucional y a la vida democrática" durante la protesta contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, a la que el Senado dio media sanción durante la madrugada de este viernes.

El escrito lo firmaron Germán Pugnaloni y Lisandro Franco, abogados de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales del Ministerio. No menciona el nombre de ninguna persona: pide que la Justicia identifique a los responsables a partir de los videos.

La denuncia enumera cuatro delitos: atentado al orden constitucional y a la vida democrática, atentado a la autoridad agravado, resistencia a la autoridad y daño agravado. Y agrega un agravante que multiplica las penas por dos.

Qué pidió el Gobierno, punto por punto

El texto reclama cuatro medidas concretas:

  • Que se preserven todos los registros fílmicos de la jornada.
  • Que se identifique a quienes arrojaron objetos contra las fuerzas de seguridad.
  • Que se oficie al Gobierno porteño y al Congreso para que informen el monto total de los daños.
  • Que se investigue también a quienes "hayan colaborado o participado o instigado" los hechos, y a las organizaciones que pudieran estar detrás.

"Solicitamos a la Justicia Federal que inicie una exhaustiva investigación con el fin de corroborar la existencia de los hechos denunciados", escribieron los funcionarios.

Las dos palabras que definen todo

El delito más grave que menciona la denuncia está en el artículo 226 del Código Penal. Ese artículo castiga con 5 a 15 años de prisión a quienes "se alzaren en armas" para impedir, aunque sea por un rato, que un poder del Estado ejerza sus funciones.

Crédito: Kaloian Santos.

Las dos palabras clave son "en armas". Para que el artículo 226 se aplique, un juez tiene que aceptar que tirar piedras, baldosas rotas y pedazos de cordón contra un vallado equivale a un alzamiento armado contra el Congreso.

Esa es la decisión que hoy está en manos de la Justicia Federal, y es la que separa una causa por disturbios de una causa por atentar contra el orden constitucional.

De dónde salen los 30 años

El segundo tramo del cálculo está en el artículo 41 quinquies del Código Penal. Esa norma duplica el mínimo y el máximo de cualquier delito cuando se comete con la finalidad de obligar a las autoridades públicas a hacer algo o a dejar de hacerlo.

La propia denuncia pide que se aplique. Sostiene que los hechos "podrían encontrarse agravados por haber sido cometidos con la finalidad de compeler a las autoridades públicas nacionales a abstenerse de cumplir con sus cometidos funcionales y constitucionales".

La cuenta, entonces, es esta: 5 a 15 años del artículo 226, multiplicados por dos, dan 10 a 30 años.

Por qué los detenidos del jueves no son los acusados de la denuncia

Son dos causas distintas y conviene no mezclarlas.

Las personas detenidas el jueves quedaron a disposición de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Este del Ministerio Público Fiscal, que conduce el fiscal Federico Tropea, acusadas de resistencia a la autoridad. Ese delito, en su forma simple, tiene una pena de 15 días a un año: por eso la mayoría recuperó la libertad el mismo día.

La denuncia del Ministerio de Seguridad va por otro carril. Es federal, no señala a ninguna persona concreta y apunta sobre todo a gente todavía no identificada y a las organizaciones convocantes.

Cuántos detenidos hubo

No hay un número único, y conviene decirlo con claridad:

  • 18 detenidos, 10 liberados: el recuento oficial.
  • 28 detenidos: el registro de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que contabilizó 21 arrestos de Gendarmería y Policía Federal y 7 de la Policía de la Ciudad.

Con los heridos pasa algo parecido. Los partes oficiales confirmaron al menos cuatro efectivos lesionados —un gendarme trasladado al Hospital Churruca por un golpe en la cabeza y un prefecto asistido en el lugar— y una fotoperiodista herida. Algunos medios publicaron una cifra de 1.500 heridos entre los manifestantes, que hasta ahora ningún organismo oficial confirmó.

Cuánto cuesta reparar la zona: 468 millones de pesos

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires difundió su propio informe con el costo de la reparación. El desglose:

  • Césped de la Plaza del Congreso: $270 millones.
  • Cestos y contenedores incendiados, más limpieza extra: $130 millones.
  • Equipamiento urbano: $38 millones.
  • Plantas: $30 millones.

El dato que salta a la vista: el césped explica más de la mitad del total. Además se rompieron vidrios de dos patrulleros y una camioneta policial.

Qué pasó la última vez que el Gobierno usó esta figura

No es la primera vez. En marzo de 2025, tras los incidentes en la marcha de jubilados, el entonces Ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich denunció sedición, atentado al orden constitucional y asociación ilícita agravada.

Aquella causa cayó en el juzgado del juez federal Sebastián Casanello, que la delegó en el fiscal Franco Picardi. El fiscal le pidió al propio Ministerio que aportara las pruebas de lo que afirmaba, entre ellas los registros de llamadas a la línea 134. Ninguna persona fue condenada por sedición por esos hechos.

Qué pasa ahora

La denuncia todavía tiene que ser sorteada entre los juzgados federales de Comodoro Py. El juez que la reciba decidirá si abre la investigación, si la delega en un fiscal o si desestima la calificación de atentado al orden constitucional y la deja en delitos comunes.

 

Congreso de la Nación.

Mientras tanto, el proyecto que motivó la protesta siguió su camino. El Senado le dio media sanción por 37 votos contra 33, después de que el oficialismo retirara los capítulos sobre venta de tierras a extranjeros y sobre la Ley de Manejo del Fuego. Sobrevivieron los cambios en desalojos, expropiaciones y Registro de la Propiedad Inmueble. Ahora se discute en la Cámara de Diputados.

El operativo del jueves involucró a 820 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. El diputado Esteban Paulón ya presentó un pedido de informes para que Monteoliva explique la justificación de ese despliegue.

TM

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