El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, se presentó ante la Justicia federal y pidió que se investigue un "atentado al orden constitucional y a la vida democrática" durante la protesta contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, a la que el Senado dio media sanción durante la madrugada de este viernes.
El escrito lo firmaron Germán Pugnaloni y Lisandro Franco, abogados de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales del Ministerio. No menciona el nombre de ninguna persona: pide que la Justicia identifique a los responsables a partir de los videos.
La denuncia enumera cuatro delitos: atentado al orden constitucional y a la vida democrática, atentado a la autoridad agravado, resistencia a la autoridad y daño agravado. Y agrega un agravante que multiplica las penas por dos.
Así fue la represión en Plaza Congreso en la marcha contra la Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/wXhh5kac5p
— Corta (@somoscorta) August 6, 2026
El texto reclama cuatro medidas concretas:
"Solicitamos a la Justicia Federal que inicie una exhaustiva investigación con el fin de corroborar la existencia de los hechos denunciados", escribieron los funcionarios.
El delito más grave que menciona la denuncia está en el artículo 226 del Código Penal. Ese artículo castiga con 5 a 15 años de prisión a quienes "se alzaren en armas" para impedir, aunque sea por un rato, que un poder del Estado ejerza sus funciones.

Las dos palabras clave son "en armas". Para que el artículo 226 se aplique, un juez tiene que aceptar que tirar piedras, baldosas rotas y pedazos de cordón contra un vallado equivale a un alzamiento armado contra el Congreso.
Esa es la decisión que hoy está en manos de la Justicia Federal, y es la que separa una causa por disturbios de una causa por atentar contra el orden constitucional.
El segundo tramo del cálculo está en el artículo 41 quinquies del Código Penal. Esa norma duplica el mínimo y el máximo de cualquier delito cuando se comete con la finalidad de obligar a las autoridades públicas a hacer algo o a dejar de hacerlo.
🚨 AHORA | Represión en el Congreso.
— C5N (@C5N) August 6, 2026
🗣️ El fuerte testimonio de una mujer que recibió gases lacrimógenos mientras trabajaba en un puesto de hamburguesas: "Estamos trabajando, no tenemos para comer y nos reprimen".
🐦 Opiná con #C5N
📲 Seguí el vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/VEAqjjDVcU
La propia denuncia pide que se aplique. Sostiene que los hechos "podrían encontrarse agravados por haber sido cometidos con la finalidad de compeler a las autoridades públicas nacionales a abstenerse de cumplir con sus cometidos funcionales y constitucionales".
La cuenta, entonces, es esta: 5 a 15 años del artículo 226, multiplicados por dos, dan 10 a 30 años.
Son dos causas distintas y conviene no mezclarlas.
Las personas detenidas el jueves quedaron a disposición de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Este del Ministerio Público Fiscal, que conduce el fiscal Federico Tropea, acusadas de resistencia a la autoridad. Ese delito, en su forma simple, tiene una pena de 15 días a un año: por eso la mayoría recuperó la libertad el mismo día.
🇦🇷 | En el marco de las manifestaciones frente al Congreso de la Nación de Argentina, manifestantes retiraron la bandera de Estados Unidos de la fachada del Hotel Savoy, ubicado en Avenida Callao, al grito de «la patria no se vende». pic.twitter.com/qCMp05gSPy
— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 7, 2026
La denuncia del Ministerio de Seguridad va por otro carril. Es federal, no señala a ninguna persona concreta y apunta sobre todo a gente todavía no identificada y a las organizaciones convocantes.
No hay un número único, y conviene decirlo con claridad:
🔷 Tensión frente al Congreso: las fuerzas de seguridad detuvieron a un manifestante en medio de los incidentes.
— La Nación Más (@lanacionmas) August 6, 2026
📌 En Siempre+ pic.twitter.com/fbPKcIF05O
Con los heridos pasa algo parecido. Los partes oficiales confirmaron al menos cuatro efectivos lesionados —un gendarme trasladado al Hospital Churruca por un golpe en la cabeza y un prefecto asistido en el lugar— y una fotoperiodista herida. Algunos medios publicaron una cifra de 1.500 heridos entre los manifestantes, que hasta ahora ningún organismo oficial confirmó.
La orden a la Policía es clara: hacer cumplir la ley y defender a esta ciudad de los violentos que pretenden destruirla.
— Jorge Macri (@jorgemacri) August 7, 2026
Quemaron contenedores, rompieron veredas, destrozaron patrulleros y atacaron a la Policía.
El debate se da dentro del congreso o se manifiesta de manera…
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires difundió su propio informe con el costo de la reparación. El desglose:
El dato que salta a la vista: el césped explica más de la mitad del total. Además se rompieron vidrios de dos patrulleros y una camioneta policial.
No es la primera vez. En marzo de 2025, tras los incidentes en la marcha de jubilados, el entonces Ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich denunció sedición, atentado al orden constitucional y asociación ilícita agravada.
Así avanza la Gendarmería contra los hinchas y jubilados 🚨
— El Destape (@eldestapeweb) March 12, 2025
TN🎥 pic.twitter.com/gp9xwhkJrz
Aquella causa cayó en el juzgado del juez federal Sebastián Casanello, que la delegó en el fiscal Franco Picardi. El fiscal le pidió al propio Ministerio que aportara las pruebas de lo que afirmaba, entre ellas los registros de llamadas a la línea 134. Ninguna persona fue condenada por sedición por esos hechos.
La denuncia todavía tiene que ser sorteada entre los juzgados federales de Comodoro Py. El juez que la reciba decidirá si abre la investigación, si la delega en un fiscal o si desestima la calificación de atentado al orden constitucional y la deja en delitos comunes.
Mientras tanto, el proyecto que motivó la protesta siguió su camino. El Senado le dio media sanción por 37 votos contra 33, después de que el oficialismo retirara los capítulos sobre venta de tierras a extranjeros y sobre la Ley de Manejo del Fuego. Sobrevivieron los cambios en desalojos, expropiaciones y Registro de la Propiedad Inmueble. Ahora se discute en la Cámara de Diputados.
El operativo del jueves involucró a 820 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. El diputado Esteban Paulón ya presentó un pedido de informes para que Monteoliva explique la justificación de ese despliegue.
TM