Qué advirtió el organismo que monitoreó la represión frente al Congreso

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) difundió un informe sobre el operativo de seguridad desplegado durante la protesta realizada el jueves en las inmediaciones del Congreso y Plaza de Mayo, en el que advirtió un "uso abusivo y desproporcionado de la fuerza" por parte de las fuerzas de seguridad y manifestó su preocupación por la actuación policial durante la movilización.

Según el organismo, la intervención incluyó el uso de balas de goma, gas pimienta, gases lacrimógenos y camiones hidrantes, que afectaron tanto a manifestantes como a personas que se encontraban en la zona. El informe también señala que entre los heridos hubo al menos una trabajadora de prensa, quien, según indicó el Comité, resultó lesionada mientras desarrollaba su tarea periodística.

Disparos y persecuciones

Entre las principales observaciones, el CNPT sostuvo que durante el operativo se registraron disparos por encima de la cintura y dirigidos hacia la cabeza a corta distancia, además de persecuciones que, según describió, se extendieron mucho más allá de los perímetros donde se desarrollaba la protesta.

El organismo también afirmó que el uso de la fuerza se prolongó durante casi cinco horas, una circunstancia que consideró incompatible con los principios de necesidad y proporcionalidad que deben regir este tipo de intervenciones.

El monitoreo fue realizado de manera conjunta por el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, con la participación del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Ciudad de Buenos Aires, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el propio CNPT. De acuerdo con el informe, el mecanismo local entrevistó a la totalidad de las personas detenidas durante la jornada.

Detenidos y preocupación por la causa judicial

El reporte precisó que durante la protesta fueron detenidas 28 personas y señaló que, hasta el momento de su elaboración, la fiscalía interviniente había dispuesto la libertad de 15 de ellas.

Además, el Comité expresó su preocupación por la denuncia penal presentada por autoridades nacionales contra los manifestantes por presuntos delitos de atentado al orden constitucional y democrático, así como por la posibilidad de que la investigación sea encuadrada en las figuras agravadas previstas por la denominada Ley Antiterrorista.

Finalmente, el organismo recordó que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la protesta, la libertad de expresión y la reunión pacífica, y sostuvo que toda actuación de las fuerzas de seguridad debe ajustarse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas establecidos por los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.