Producción periurbanos: las provincias avanzan con tecnología para evitar conflictos

En el marco del Congreso AAPRESID 2026, se llevó a cabo el taller “Gestión de periurbanos: construyendo confianza entre producción y comunidad”, que reunió a Ignacio Mántaras, secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe; Marcos Blanda, secretario de Agricultura y Recursos Naturales de Córdoba; Carina Gallegos, directora de Agricultura de Entre Ríos; y María Eugenia Racciatti, presidenta comunal de Cañada Rosquín, Santa Fe.

Durante el encuentro, los funcionarios presentaron herramientas utilizadas para gestionar las zonas de interfaz urbano-rural y plantearon la necesidad de fortalecer los controles, incorporar tecnología, mejorar la trazabilidad y acercar información a las comunidades para prevenir conflictos entre la producción agropecuaria y los vecinos.

Mántaras explicó que Santa Fe cuenta desde 1995 con una legislación que regula la cadena vinculada con los fitosanitarios, desde su formulación hasta la aplicación. “Es una ley que cuida la salud, los recursos naturales y la producción. Ese es el triple objetivo que tiene esa legislación, que pone al Ministerio como autoridad de control”, afirmó.

La gestión de esta normativa presenta una particularidad en una provincia que cuenta con 365 municipios y comunas, cuyos gobiernos locales pueden establecer sus propias ordenanzas y distancias para las aplicaciones. Durante el último año, según explicó el funcionario, se capacitaron 1.800 operarios y se fiscalizaron 200 empresas.

El rol del Estado

“Nuestro primer objetivo es recuperar la autoridad de control. Si el Estado se retira, sucede el desorden, y eso perjudica a toda la comunidad y a todos los actores”, remarcó Mántaras.

El funcionario también destacó el rol de los veedores, la regulación de las aplicaciones mediante drones y la intervención de la provincia en los debates vinculados con las ordenanzas municipales. “No podemos dejar que un conflicto escale sin que la provincia tenga un rol activo. Estamos tratando, como Estado, de explicar lo que es el agro hoy. Ha evolucionado en tecnología e innovación; hay mucha información y todo se gestiona con datos”, señaló.

Por su parte, Blanda indicó que la legislación de Córdoba comparte como objetivos el cuidado de las personas, el ambiente y la producción. Para prevenir conflictos, señaló la importancia del cumplimiento de las normas relacionadas con profesionales matriculados, recetas fitosanitarias, capacitaciones y fiscalización. “Lo que menos queremos es la judicialización. ¿Cómo hacemos para que eso no suceda? Primero, cumplir la ley”, expresó.

¿Qué pasa con las normas?

El funcionario reconoció que el cumplimiento de las normas no siempre resulta suficiente para generar tranquilidad en las comunidades. “Cumplimos la ley, respetamos las distancias, tenemos la receta y no nos dejan trabajar. Pero también, en muchos casos, era válido el reclamo. Y eso nos abrió conversaciones”, relató.

En ese marco, Córdoba incorporó estaciones meteorológicas para consultar las condiciones al momento de cada aplicación. El Ministerio cuenta con 135 estaciones propias y 121 municipios y comunas reciben en tiempo real las recetas fitosanitarias.

“Necesitamos tecnología objetiva para la toma de decisiones”, afirmó Blanda. La provincia también sumó capacitaciones, cortinas forestales y bioindicadores como herramientas para la gestión de las zonas periurbanas. “El gran cambio fue acercar información, no decir ‘yo tengo la verdad’”, agregó.

El caso de Entre Ríos

Gallegos presentó durante el encuentro la nueva normativa de Entre Ríos, vigente desde enero de 2025, que incorporó la seguridad alimentaria a los objetivos vinculados con la protección de la salud, el ambiente y la producción.

“La nueva norma nos ha permitido capitalizar aprendizajes de la ley anterior y mirar qué ha funcionado y qué no en las otras provincias de la Región Centro”, explicó.

Uno de los principales cambios de la normativa es la incorporación de herramientas de trazabilidad para la cadena de fitosanitarios. El sistema permite conocer quién formuló o importó un producto, quién lo transportó, dónde se vendió, quién lo aplicó y dónde se realizó la tarea.

Receta digital

En los municipios donde existen conflictos vinculados con las aplicaciones, la receta digital, el aviso de inicio de la pulverización y las condiciones meteorológicas quedan integrados en una misma plataforma. “La plataforma toma automáticamente el registro de las condiciones meteorológicas de las tres centrales más cercanas y eso queda grabado. Esto permite que la gente pueda demostrar cómo hace las cosas y que la sociedad esté más tranquila”, destacó Gallegos.

La funcionaria también mencionó el programa “Educación y Comunidad”, desarrollado junto con el Consejo General de Educación, con el objetivo de acercar conocimientos sobre fitosanitarios y buenas prácticas a las comunidades.

A su turno, María Eugenia Racciatti, presidenta comunal de Cañada Rosquín, compartió la experiencia de la localidad santafesina frente a la gestión de las zonas de interfaz periurbana. Ante la posibilidad de prohibir la producción en esos sectores, la comuna adoptó el programa “Municipio Verde” de Aapresid, con un modelo basado en gestión responsable, trazabilidad y control sobre unas 4.000 hectáreas.

El esquema contempla el monitoreo de las aplicaciones en tiempo real, la exigencia de recetas agronómicas y el diálogo entre ingenieros, productores, aplicadores y vecinos. De acuerdo con la experiencia presentada, el programa lleva siete años de implementación y fue sometido a múltiples auditorías.

La iniciativa permitió mantener la actividad productiva en la zona de interfaz periurbana y establecer mecanismos de seguimiento sobre las aplicaciones. La experiencia también contempló el control de situaciones vinculadas con tierras en desuso, basurales y proliferación de plagas.

Durante el taller, los representantes de las tres provincias y de la comuna coincidieron en la importancia de contar con controles, información, tecnología y mecanismos de trazabilidad para la gestión de las aplicaciones y la convivencia entre las actividades productivas y las comunidades cercanas.