Interna peronista
08/08/2026 - Edición Nº1278
Política
CONFLICTO UNIVERSITARIO
Paro en la UBA y tensión con Milei: los gremios universitarios vuelven a la calle
08/08/2026 | Reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, mayores partidas para funcionamiento y hospitales, y una actualización salarial.
El paro universitario tendrá lugar en próximo 12 de agosto.
El conflicto entre las universidades nacionales y el Gobierno de Javier Milei volvió a subir de temperatura. Los gremios de la Universidad de Buenos Aires resolvieron avanzar con un paro total de actividades para el próximo 12 de agosto y ya anticiparon nuevas jornadas de protesta para la semana siguiente. La decisión amenaza con convertir nuevamente al sistema universitario en uno de los principales focos de tensión política con la administración nacional.
Aduba y Apuba encabezan la convocatoria y aguardan que durante las próximas horas se sumen otras organizaciones que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales. Si esa adhesión se concreta, la protesta dejará de tener un alcance predominantemente porteño para transformarse en una medida de alcance nacional, con impacto directo sobre universidades públicas de todo el país.
Este miércoles 12 de agosto PARAMOS 🛑
— ADUBA Argentina (@ADUBAArgentina) August 6, 2026
Sin presupuesto, no hay Universidad Pública. Sin Universidad Pública, no hay futuro. pic.twitter.com/L5AfwbXhgY
La protesta no terminará el 12 de agosto. Los sectores universitarios ya diseñaron una agenda que se extenderá entre el 18 y el 21 de agosto, con movilizaciones y distintas acciones destinadas a visibilizar el reclamo. Entre ellas aparece un abrazo simbólico al Hospital de Clínicas, uno de los establecimientos universitarios que quedó en el centro de la discusión presupuestaria.La agenda también contempla reclamos frente a la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano. De esta manera, el conflicto salarial vuelve a mezclarse con la discusión por el financiamiento de las universidades y, particularmente, por los recursos destinados a los hospitales universitarios.
El reclamo en el centro de la disputa
Los gremios sostienen que el Gobierno incurrió en un triple incumplimiento. El primer punto está relacionado con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada posteriormente pese a la posición contraria del Poder Ejecutivo. Para las organizaciones sindicales, la norma continúa sin ejecutarse en los términos establecidos por el Parlamento.
El segundo eje está relacionado con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los rectores en junio. Desde el sector universitario reconocen que la administración nacional comenzó a aplicar parte de los compromisos asumidos, pero cuestionan que todavía no se hayan girado determinados recursos considerados fundamentales para el funcionamiento del sistema.
Según trascendió, el Gobierno abonó el incremento salarial del 21,33% correspondiente a junio y contempla otro 3% para octubre. También se aplicaron aumentos sobre las becas Manuel Belgrano. Sin embargo, los gremios reclaman el 20% adicional para gastos de funcionamiento y una partida extraordinaria de $50.000 millones para los hospitales universitarios.
“El acuerdo está caído”
La Casa Rosada sostiene una interpretación completamente diferente del conflicto. Desde el Gobierno consideran que el acuerdo alcanzado en junio perdió vigencia porque estaba condicionado a que no avanzara la medida cautelar relacionada con la Ley de Financiamiento Universitario. En ese marco, desde el Ejecutivo remarcaron que las partidas presupuestarias habituales destinadas a los hospitales universitarios continúan siendo abonadas, aunque descartaron por el momento transferir el refuerzo extraordinario de $50.000 millones reclamado por las universidades.
El Ministerio de Capital Humano calificó el paro como “ilegítimo y prematuro” y sostuvo que “no existe incumplimiento alguno por parte del Estado nacional”. La cartera recordó además que el 10 de junio se había firmado un acta paritaria con los gremios docentes que estableció un aumento acumulado del 24,33%, compuesto por un 21,33% en junio y un 3% previsto para octubre.
La cautelar de la Corte
Pero el conflicto tiene además una dimensión judicial. La medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario quedó firme luego de la intervención de la Corte Suprema y estableció obligaciones para el Estado en materia salarial y de becas. Los artículos 5 y 6 de la norma contemplan actualizaciones salariales desde 2023 que no pueden ubicarse por debajo de la evolución del Índice de Precios al Consumidor. También establecen la actualización de las becas estudiantiles, un universo que excede a las Manuel Belgrano.
Las universidades consideran que el acuerdo salarial firmado con el Gobierno no alcanza para cumplir con las obligaciones derivadas de la ley y de la decisión judicial. Por eso, el reclamo volvió a instalarse en paralelo a la discusión estrictamente gremial y amenaza con transformarse en otro frente de disputa institucional para la administración de Milei.
Un refuerzo de $1,3 billones
En este escenario, la Secretaría de Educación solicitó una ampliación presupuestaria de $1,3 billones para afrontar el impacto del incremento salarial derivado de la cautelar. La solicitud fue publicada en el Boletín Oficial el 15 de julio y constituye uno de los datos centrales para entender la magnitud económica que adquirió el conflicto.
Desde el Gobierno explicaron que todavía no habían recibido la notificación formal de la Justicia y señalaron que los recursos serán distribuidos progresivamente hasta fin de año. Además, aseguraron que esa situación fue comunicada a los representantes gremiales.
La diferencia de interpretación vuelve a quedar así en el centro de la escena: mientras los sindicatos sostienen que existe un incumplimiento de obligaciones ya establecidas, el Ejecutivo afirma que está cumpliendo con los compromisos vigentes y que los recursos adicionales dependen del avance administrativo y judicial correspondiente.
Los gremios reclaman una recomposición del 29,5%
La discusión salarial también escaló en los últimos días. El Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y el frente sindical universitario coincidieron en que, para cumplir con la cautelar, la recomposición salarial debería alcanzar el 29,5%.Ese porcentaje se convirtió en una nueva referencia para los sindicatos, que consideran insuficiente el 24,33% acordado en junio. La diferencia no es menor: detrás de la discusión porcentual aparece el deterioro salarial acumulado durante los últimos años y una disputa que excede la próxima paritaria.
En otro orden de cosas, el secretario general de Aduba, Emiliano Cagnacci, fue uno de los dirigentes que salió con mayor dureza contra la posición oficial. El sindicalista acusó al Gobierno de mantener una actitud de “total indiferencia” frente a los reclamos universitarios y cuestionó que todavía no se haya ejecutado la Ley de Financiamiento Universitario.
📢 PARO UNIVERSITARIO NACIONAL
— Fedun (@FEDUNArgentina) August 6, 2026
Este miércoles 12/8, las y los docentes universitarios realizamos un paro de 24 hs en todo el país.
Exigimos el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y del acta firmada el 10 de junio.
La universidad pública se defiende. pic.twitter.com/OCxQrSgoCh
Cagnacci también apuntó contra el Poder Ejecutivo por lo que considera un incumplimiento de la decisión judicial. En ese sentido, sostuvo que el Gobierno se enfrenta simultáneamente con las universidades, con el Congreso y con la Justicia, y afirmó que la administración nacional pretende decidir qué normas cumplir y cuáles no.
El dirigente advirtió además que el conflicto lleva más de dos años y medio y aseguró que los trabajadores universitarios no están dispuestos a abandonar el reclamo. El mensaje anticipa una disputa prolongada y con creciente contenido político, en un sector que ya demostró capacidad de movilización masiva durante el actual gobierno.
Fatun confirmó el paro
La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) ya confirmó su adhesión a la medida de fuerza del 12 de agosto. La decisión aumenta las posibilidades de que la protesta alcance una dimensión nacional y sume a trabajadores docentes y no docentes. También se espera que otras organizaciones del Frente Sindical de Universidades Nacionales definan su posición. Entre ellas aparece la Conadu, que ya había participado de la jornada de paro realizada esta semana y había denunciado un supuesto “ataque a la libertad sindical”.
En el marco de la continuidad del Plan de Lucha, el Consejo Directivo de la FATUN, convocado por la Mesa Ejecutiva el pasado 5 de agosto, resolvió llevar adelante un nuevo PARO de 24 horas, el próximo miércoles 12 de agosto, sin asistencia a los lugares de trabajo. pic.twitter.com/PsWCwGeRnS
— FATUN (@fatunoficial) August 7, 2026
Así, el conflicto universitario vuelve a ocupar un lugar destacado en la agenda política. Con el Congreso, la Justicia, los rectores y los sindicatos involucrados en distintos niveles de la discusión, el Gobierno deberá enfrentar durante agosto una nueva escalada que combina salarios, presupuesto, funcionamiento de las universidades y cumplimiento de decisiones judiciales. Y, por ahora, ninguna de las partes parece dispuesta a ceder.
