No fueron elegidos para ocupar el centro de la escena y algunos eran prácticamente desconocidos fuera de los tribunales. Sin embargo, abogados, fiscales y especialistas jurídicos se convirtieron en protagonistas de algunas de las mayores disputas políticas de 2026.
La razón es simple: mientras presidentes y legisladores discuten públicamente, existe otra batalla menos visible. Quién controla al Gobierno, quién puede investigar a un mandatario, cómo se eligen los jueces y hasta dónde llega la autoridad presidencial también depende de quienes escriben e interpretan las reglas.
El ejemplo más reciente está en Estados Unidos. Todd Blanche, quien había sido abogado personal de Donald Trump, fue confirmado este sábado como fiscal general, después de una ajustadísima votación de 50 a 49 en el Senado. El salto resulta extraordinario: pasó de defender judicialmente a Trump a conducir el poderoso Departamento de Justicia estadounidense.
Su nombramiento provocó cuestionamientos incluso dentro del Partido Republicano por una pregunta que excede a Estados Unidos: ¿qué tan independiente puede ser el responsable de hacer cumplir la ley cuando anteriormente representó personalmente al presidente?

En Argentina, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques quedó en el centro de otra transformación. En junio, el Gobierno modificó el procedimiento utilizado desde 2003 para seleccionar candidatos a la Corte Suprema, además del procurador y el defensor general.
Se eliminaron instancias previas de participación ciudadana y recomendaciones vinculadas con diversidad de género, especialidad y procedencia regional. El Ejecutivo argumentó que esas etapas duplicaban controles que posteriormente realiza el Senado.
Puede parecer una discusión técnica, pero define algo mucho más sencillo: cómo se elige a las personas que tendrán la última palabra sobre las decisiones más importantes del país.

En Israel, el abogado y diputado Simcha Rothman preside la comisión parlamentaria que ha impulsado algunas de las principales reformas judiciales de los últimos años. En julio avanzó una norma que permite, bajo determinadas condiciones, que el Gobierno no quede obligado por las interpretaciones jurídicas de la Fiscalía General.
Enfrente aparece la fiscal general Gali Baharav-Miara, convertida en uno de los mayores contrapesos institucionales del gobierno de Benjamin Netanyahu. La disputa resume el problema: cuando un Ejecutivo considera que los controles jurídicos le impiden gobernar, puede intentar cambiar esos mismos controles.

Colombia llevó el fenómeno todavía más lejos. Abelardo de la Espriella, abogado penalista sin experiencia previa en cargos electivos, asumió este viernes como presidente tras ganar las elecciones. Su llegada demuestra que los protagonistas jurídicos ya no necesariamente actúan detrás del poder: algunos directamente buscan ejercerlo.
En 2026, por eso, una parte decisiva de la política mundial se juega lejos de los actos y las campañas. Se juega en despachos, tribunales y reformas aparentemente técnicas que pueden decidir quién controla a quién. Porque detrás de una modificación legal puede esconderse una pregunta mucho más grande: ¿quién pone límites a los que tienen el poder?