El Gobierno de Keiko Fujimori reanudó el 7 de agosto de 2026 las relaciones diplomáticas con México y concedió a Betssy Chávez el salvoconducto para salir de Perú. La decisión llegó diez días después de la asunción presidencial y resolvió el expediente que había quedado en el centro de la ruptura bilateral. La Cancillería peruana vinculó ambos movimientos: primero anunció el restablecimiento del vínculo y luego confirmó las garantías de salida solicitadas por México. La normalización diplomática quedó así asociada a una decisión jurídica que la derecha peruana había resistido durante meses.
La ruptura formal se había producido el 3 de noviembre de 2025, cuando Perú cortó relaciones después de que México concediera asilo diplomático a Chávez. El conflicto venía de diciembre de 2022, tras la crisis institucional abierta por Pedro Castillo, y se profundizó con la permanencia de la ex primera ministra en la representación mexicana en Lima. News Digitales ya había seguido la disputa judicial y diplomática por Betssy Chávez, pero el hecho nuevo es que la administración Fujimori cambió la respuesta del Estado y permitió cerrar nueve meses de ruptura formal.
El comunicado oficial de la Cancillería peruana encuadró la salida de Chávez en los artículos V y XII de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático. El salvoconducto no equivale a una absolución: es la garantía que permite a una persona asilada abandonar el territorio del Estado donde se encuentra la misión diplomática. Chávez recibió una condena de 11 años, 5 meses y 15 días por conspiración para una rebelión, mientras Lima dejó expresamente a salvo la posibilidad de pedir su extradición si las autoridades judiciales peruanas lo requieren. El acuerdo resolvió la salida, no cerró la causa penal.
La decisión también produjo una tensión visible entre el Ejecutivo y sectores de derecha con los que Fuerza Popular necesita articular en el nuevo Senado. Lourdes Alcorta, senadora de Renovación Popular y exintegrante del fujimorismo, cuestionó la concesión del salvoconducto, mientras Alejandro Muñante ocupa la primera vicepresidencia de la Cámara Alta por esa misma fuerza. La composición de la Mesa Directiva del Senado combina a Fuerza Popular y Renovación Popular, por lo que el episodio prueba la capacidad de coordinación entre fuerzas que hoy comparten responsabilidades en la conducción parlamentaria.
El Gobierno peruano concedió el salvoconducto a Betssy Chávez el 7 de agosto de 2026.
El restablecimiento diplomático no elimina las diferencias políticas ni modifica por sí solo la situación judicial de Betssy Chávez. El comunicado conjunto de Perú y México confirma la reanudación de las relaciones y el respeto al derecho internacional, pero no fija en ese texto un calendario para nombrar embajadores ni resuelve otros asuntos acumulados durante la crisis. Para Fujimori, el costo político dependerá de si las críticas de aliados de derecha quedan limitadas al caso Chávez o se trasladan a votaciones clave en un Congreso bicameral que recién inicia su funcionamiento.
El próximo paso será convertir la reconciliación formal en una relación operativa sin confundir la normalización entre Estados con el desenlace de los procesos judiciales. Perú mantiene la reserva de solicitar una eventual extradición y México recupera un canal diplomático directo con Lima, mientras el Gobierno de Fujimori deberá administrar una señal institucional que incomodó a parte de su entorno político. La novedad no es un cambio de posición sobre el proceso contra Chávez, sino la decisión de separar ese litigio del funcionamiento de la relación bilateral.