Comprar un producto con un supuesto descuento que en realidad no existe o seguir pagando durante meses una suscripción difícil de cancelar. Reino Unido decidió avanzar contra estas prácticas con nuevas reglas destinadas a reforzar la protección de los consumidores. El Gobierno de Andy Burnham anunció una ofensiva contra las promociones engañosas y las renovaciones automáticas, con el objetivo de que las empresas informen con mayor claridad los precios y faciliten la salida de los servicios contratados.
Uno de los principales focos serán las llamadas “falsas ofertas”. La intención es impedir que los comercios inflen previamente el valor de un producto, utilicen precios anteriores poco representativos o recurran a valores recomendados para mostrar descuentos mayores de los que realmente existen.

Así, un artículo anunciado como rebajado de 100 a 50 libras podría quedar bajo investigación si, en realidad, su precio habitual ya rondaba las 50 libras. La meta es que una promoción represente un ahorro real y no una estrategia para generar una falsa sensación de oportunidad.
El segundo eje apunta a los contratos que se renuevan automáticamente. En Reino Unido existen alrededor de 155 millones de suscripciones activas, entre plataformas digitales, gimnasios, aplicaciones y otros servicios. Cerca de 10 millones corresponderían a contratos que sus usuarios ya no desean, con un gasto estimado de 1.600 millones de libras por año.

El problema aparece especialmente cuando darse de baja resulta mucho más complicado que contratar. Algunas empresas exigen atravesar numerosos pasos, ingresar en menús difíciles de encontrar o utilizar canales distintos al utilizado para registrarse. Desde enero de 2027, las compañías alcanzadas deberán brindar información más clara, advertir sobre determinadas renovaciones y ofrecer mecanismos de cancelación sencillos.
También se incorporará un período de 14 días para arrepentirse después de ciertas renovaciones automáticas, entre ellas las que se produzcan al finalizar una prueba gratuita o en determinados contratos de larga duración. La medida amplía protecciones que existen desde 2013 para algunas compras y contrataciones a distancia.
La reforma se apoya en un sistema de defensa del consumidor que Reino Unido viene endureciendo durante los últimos años. Desde abril de 2025, las autoridades cuentan con mayores facultades para investigar infracciones, ordenar compensaciones e imponer sanciones.
Durante el primer año de ese régimen se abrieron investigaciones contra 14 empresas, se dispusieron devoluciones por 760.000 libras y se aplicaron multas por unos 4,7 millones de libras. El nuevo paquete busca llevar esa presión a situaciones cotidianas. La idea central es sencilla: que una oferta sea realmente una oferta y que dejar de pagar un servicio resulte tan fácil como contratarlo.