Dieciocho años después de que Mario Fabián Golemba saliera de su casa para asistir a una consulta médica y nunca regresara, la investigación dio uno de sus pasos más importantes: 16 integrantes de la Policía de Misiones fueron detenidos y otro permanece prófugo, acusados de haber tenido distintos grados de participación en su desaparición y en las maniobras posteriores para mantener oculto lo sucedido.
La hipótesis que impulsa la Fiscalía Federal N°2 de Posadas va mucho más allá de la actuación individual de algunos efectivos. Los investigadores consideran que Golemba habría permanecido detenido clandestinamente en una dependencia policial, donde fue sometido a violencia, y que posteriormente se conformó un “pacto de silencio institucional” para impedir que se conociera su destino.
Los arrestos fueron realizados por efectivos de Gendarmería Nacional en diferentes puntos de Misiones por pedido de la fiscal federal Silvina Gutiérrez y con orden de la jueza María Verónica Skanata.

Entre los acusados hay policías que continúan en actividad y otros que ya se encuentran retirados. La fiscalía les atribuye diferentes niveles de intervención en la privación ilegítima de la libertad del joven, su permanencia bajo custodia estatal clandestina y el posterior ocultamiento de lo ocurrido.
La investigación sostiene que las conductas no pueden ser analizadas de manera independiente, sino como diferentes aportes dentro de un mismo plan.
La reconstrucción judicial coloca en el centro de la investigación a la comisaría de Dos de Mayo. Según la hipótesis fiscal, integrantes de esa dependencia habrían utilizado su propia estructura operativa para detener ilegalmente a Golemba y someterlo a violencia física. Desde entonces, nunca volvió a conocerse su paradero y sus restos tampoco fueron encontrados.
La acusación sostiene que, una vez ocurrida la desaparición, comenzó otra etapa: ocultar que el joven había estado bajo custodia policial. Es allí donde aparece lo que los investigadores definieron como un “pacto de silencio institucional”.
Para la fiscalía, la maniobra incluyó la negativa sistemática a reconocer la detención, omisiones en los registros oficiales, versiones coincidentes entre distintos policías y contradicciones entre las actuaciones administrativas y judiciales.
También se habrían instalado hipótesis alternativas que desviaron durante años la investigación sobre lo que realmente podía haber sucedido.
El criterio de la acusación es que la responsabilidad no alcanzaría solamente a quienes habrían intervenido directamente en la detención y en la violencia ejercida contra Golemba.
La desaparición forzada es considerada un delito permanente mientras continúe sin conocerse el destino de la víctima. Bajo esa premisa, la fiscalía también puso la lupa sobre aquellos policías que presuntamente supieron que el joven permanecía detenido clandestinamente y, pese a ello, no denunciaron la situación ni hicieron nada para ponerle fin.
Esas conductas, según la imputación, habrían permitido “preservar el pacto de silencio, mantener oculta la suerte de Mario Fabián Golemba y prolongar hasta la actualidad el desconocimiento acerca de su destino”.
Entre los imputados aparecen el comisario retirado Evaldo Katz; los oficiales de guardia Edgardo Andrés Arce y Liliana Margarita Saft; el jefe de guardia retirado Carmelo Alberto Cerdán Cruz; el secretario José Roberto Pereyra Da Silva y el chofer de turno Alejandro Alfonso González Samudio.

También figuran Wiliams Gabriel Lunge, quien actualmente cumple funciones en Seguridad Vial; los guardias Maximiliano Gabriel Gutiérrez, Ramón Aníbal Cardozo, Mario Francisco Villar y Diego Armando Amarilla; y los radiooperadores Alfredo Lorenzo Ortiz y Cristian Andrés Silva, este último retirado.
La nómina se completa con Baldemar Parra, Juan Ramón Ferreyra, Ofelia Gladys Ziller y Eduardo Pellizer. Ferreyra y Pellizer también se encuentran retirados.
De los 17 policías alcanzados por las medidas, 16 fueron detenidos y uno continúa prófugo con pedido de captura.
Mario Golemba tenía 27 años cuando desapareció. El 27 de marzo de 2008 salió de la vivienda familiar ubicada en Picada Indumar, en Dos de Mayo, para viajar hasta Oberá, donde tenía una consulta con una nutricionista.
Después del turno mantuvo contacto con su familia y su pareja mediante mensajes de texto. Les dijo que estaría de regreso “cerca de la tardecita”.
Nunca llegó.
La primera investigación quedó en manos del Juzgado de Instrucción N°1 de Oberá, pero el expediente no consiguió establecer qué había ocurrido con el joven.
Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer testimonios que modificaron el escenario. Personas cuya identidad fue preservada declararon ante las justicias provincial y federal que Golemba habría estado detenido en la comisaría de Dos de Mayo y que allí habría sido golpeado.
La causa cambió definitivamente de jurisdicción en junio de 2021. A partir de un planteo realizado por la querella de la familia, el expediente pasó a la Justicia Federal de Posadas y comenzó a investigarse como una posible desaparición forzada.
Actualmente, la pesquisa está a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Posadas y cuenta con la participación del Centro de Reunión de Información “Misiones” de Gendarmería. También colaboraron la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) y la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC).