El Concejo Deliberante de Villa María aprobó una ordenanza pionera que establece la creación del Registro Municipal de Animales, una medida que dispone la tramitación de un Documento Nacional de Identidad (DNI) obligatorio para perros y gatos en esa localidad cordobesa. La normativa busca fomentar la tenencia responsable, facilitar el hallazgo de mascotas extraviadas y llevar un control sanitario estricto en la ciudad.
El registro alcanzará a todos los caninos y felinos que cuenten con un propietario o cuidador a cargo, e incluirá además la figura del "animal comunitario", asignado a quienes asuman formalmente su cuidado dentro del vecindario. La credencial reunirá información básica de la mascota -especie, domicilio e historial de vacunación- ligada de forma directa a los datos de contacto de la persona responsable.

Según informaron las autoridades municipales, el proceso de inscripción será completamente gratuito. Aunque la ordenanza aún aguarda su reglamentación final para precisar el mecanismo operativo, se prevé que la identificación pueda realizarse mediante la colocación de un microchip.

La nueva legislación contempla severas sanciones económicas para quienes no inscriban a sus animales o incumplan con las pautas de cuidado. Las multas oscilarán entre las 100 y las 1.000 unidades fijas, lo que equivale a montos que van desde los $84.400 hasta los $844.000, según la gravedad de la falta cometida.
La iniciativa impulsada por la diputada libertaria Karen Reichardt (Karina Vázquez) para crear un régimen nacional de habilitación, fiscalización y registro de criaderos, refugios y hogares de tránsito desató un fuerte repudio en el sector proteccionista y profesional, donde exigen que el texto sea retirado del Congreso Nacional.
La principal controversia radica en que la propuesta equipara bajo un mismo marco normativo y burocrático a los criaderos comerciales con las entidades sin fines de lucro. Desde las organizaciones advierten que la regulación ignora la brecha fundamental que existe entre quienes lucran con la reproducción de animales y quienes rescatan, rehabilitan y castran de forma puramente solidaria.

La tensión en torno a la propuesta tuvo un pico mediático durante una emisión del programa LAM (América TV), donde la legisladora mantuvo un fuerte cruce con la periodista y proteccionista Matilda Blanco, enfrentamiento que concluyó con el abandono del estudio por parte de la diputada.
El médico veterinario Enrique Romero cuestionó con dureza las fallas estructurales de la norma al señalar que junta una actividad comercial que fomenta la venta en un contexto de superpoblación con el trabajo de los refugios, que funcionan como un parche remedial. Según el especialista, la iniciativa demuestra una falta de consulta previa a profesionales y capacitados en salud pública.
En ese sentido, Romero remarcó que los refugios nacen de una acción voluntaria y que las situaciones de hacinamiento o maltrato ya se encuentran contempladas en la legislación vigente a través de la Ley 14.346.
Por último, el profesional sostuvo que la solución de fondo ante la problemática no pasa por imponer trabas burocráticas a las entidades de rescate, sino por encarar la causa central del problema: la sobrepoblación canina y felina en la vía pública.
Para Romero, sin una política pública respaldada por presupuesto nacional que garantice campañas de castración masivas, gratuitas y permanentes en todo el territorio, la crisis de animales abandonados continuará profundizándose.