Seguro, datos y pruebas: así quieren habilitar los vehículos autónomos en Argentina

El PRO presentó un proyecto de ley para establecer un marco regulatorio integral para los vehículos de conducción autónoma en la Argentina.

La iniciativa busca avanzar sobre un vacío que, según sus autores, quedó expuesto después de que el Gobierno nacional incorporara en 2025 la conducción autónoma a la normativa de tránsito, pero sin adaptar de manera suficiente otras áreas vinculadas con los seguros, la responsabilidad civil, la infraestructura vial y la protección de datos.

La propuesta lleva las firmas de Cristian Ritondo, Javier Sánchez Wrba, Martín Yeza, Fernando De Andreis, Martín Ardohain, Emmanuel Bianchetti, María Florencia De Sensi, Antonela Giampieri y Alejandro Finocchiaro, entre otros legisladores del espacio.

El objetivo declarado es crear las condiciones legales para que estos vehículos puedan circular, establecer reglas para sus pruebas y definir quién responde ante un accidente cuando el control del vehículo ya no está exclusivamente en manos de una persona.

El proyecto toma como referencia los distintos niveles de automatización, desde el Nivel 0, en el que no existe automatización, hasta el Nivel 5, correspondiente a una conducción completamente autónoma.

En los niveles intermedios, el vehículo puede asumir determinadas tareas como dirección, aceleración o frenado, aunque el conductor continúa teniendo distintos grados de responsabilidad y obligación de supervisión. En los niveles 4 y 5, en cambio, la intervención humana puede quedar limitada o directamente desaparecer dentro de los ámbitos y condiciones autorizados.

Señalización especial para vehículos autónomos

Uno de los cambios propuestos alcanza a la señalización vial. El proyecto establece que las zonas destinadas a pruebas y circulación de vehículos autónomos deberán estar debidamente señalizadas.

Además, los propios vehículos deberán exhibir de manera visible una identificación que advierta que se trata de una unidad con capacidad de conducción autónoma.

La idea es que otros conductores, peatones y autoridades puedan identificar rápidamente que están interactuando con un vehículo cuyo comportamiento puede estar determinado total o parcialmente por un sistema automatizado.

Pero la propuesta va más allá de colocar carteles o identificaciones. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), junto con Vialidad Nacional, debería evaluar y diseñar la infraestructura necesaria para permitir la circulación de estos vehículos. Entre otras cuestiones, se contemplan estándares de señalización, demarcación de carriles, límites de velocidad y conectividad compatibles con los sistemas avanzados de asistencia a la conducción.

Zonas especiales para hacer pruebas

El proyecto también establece un mecanismo específico para la experimentación.

La ANSV tendría a su cargo la habilitación de zonas de prueba para vehículos de conducción autónoma y podría consultar previamente a Vialidad Nacional. El organismo tendría un plazo de 15 días para responder esa consulta.

Los autores buscan evitar que los procesos administrativos se conviertan en un obstáculo permanente para la incorporación de la tecnología. Incluso, la iniciativa considera falta grave la demora injustificada de los funcionarios responsables en determinadas instancias de autorización.

Además, la autoridad de aplicación podría establecer restricciones geográficas, de velocidad y otras condiciones de circulación de acuerdo con el grado de desarrollo del sistema autónomo.

La “caja negra”: qué información registraría

Uno de los puntos más novedosos del proyecto es la incorporación de un régimen específico para el denominado registrador de eventos, conocido habitualmente como "caja negra".

El dispositivo permitiría conservar información sobre lo ocurrido antes y durante un siniestro. Para el proyecto, esos datos pueden convertirse en una herramienta central para determinar qué ocurrió cuando el vehículo estaba funcionando de manera autónoma.

La propuesta obliga al fabricante, importador o desarrollador del sistema a conservar y suministrar rápidamente los datos correspondientes a un accidente cuando sean requeridos por la aseguradora, el asegurado, la víctima o una autoridad judicial o administrativa.

Además, esos registros podrían utilizarse como prueba en procesos judiciales y administrativos.

Una presunción contra el fabricante si no entrega los datos

El proyecto establece una consecuencia particularmente relevante. Si el fabricante, importador o desarrollador no entrega la información de la caja negra dentro del plazo reglamentario, o la proporciona de manera incompleta o inutilizable, se presumirá, salvo prueba en contrario, que el siniestro fue provocado por una falla del sistema automatizado.

Esto adquiere importancia porque puede modificar sustancialmente la discusión sobre la responsabilidad después de un accidente.

A la vez, la iniciativa establece que los datos de la caja negra son información protegida por las normas de protección de datos personales y por la legislación vinculada con ciberseguridad y delitos informáticos.

Qué pasaría con los seguros

El proyecto también propone modificar la Ley 17.418 de Seguros. El principal cambio consiste en reconocer que un vehículo autónomo presenta riesgos diferentes dependiendo de quién o qué está conduciendo.

Por eso, la póliza debería diferenciar entre el riesgo correspondiente al modo de conducción manual y el riesgo correspondiente al modo autónomo, especificando además el nivel de automatización y las características del sistema autorizado.

La Superintendencia de Seguros de la Nación debería establecer las condiciones contractuales mínimas y los requisitos técnicos y actuariales para este tipo de cobertura.

Esto podría traducirse en seguros específicos, endosos o cláusulas adicionales para vehículos con sistemas autónomos.

El seguro no podría dejar de cubrir a la víctima porque no había conductor

Uno de los puntos centrales de la propuesta es evitar que la ausencia de una persona tomando el volante se convierta automáticamente en un argumento para rechazar una indemnización.

El proyecto establece que, si el daño se produce mientras el vehículo circula en un modo autónomo o asistido autorizado, la ausencia de una persona dentro del vehículo ejerciendo la conducción no podrá ser, por sí sola, una causal de exclusión de cobertura.

La lógica es que la víctima de un accidente no debería quedar atrapada en una discusión tecnológica sobre quién tenía el control del automóvil.

Primero responde la aseguradora y después se discute quién tuvo la culpa

La iniciativa plantea también un mecanismo para separar el resarcimiento de la víctima de la discusión posterior sobre la responsabilidad técnica.

Si la aseguradora paga una indemnización por un accidente provocado mientras el vehículo circulaba en modo autónomo y posteriormente se determina que existió una falla o defecto del sistema, la compañía podrá reclamarle al fabricante, importador o desarrollador las sumas abonadas. Es decir, se establece una acción de repetición contra el responsable tecnológico.

El proyecto aclara que ese reclamo posterior no podrá "condicionar, demorar ni disminuir" el pago que corresponda a la víctima o al asegurado.

En términos prácticos, se busca que la persona damnificada cobre primero y que la discusión sobre si el accidente se produjo por una falla del vehículo, un problema del sistema o una conducta humana se resuelva posteriormente entre las partes involucradas.

Qué responsabilidad tendría el dueño del vehículo

La propuesta también considera determinadas conductas como una agravación del riesgo asegurado.

Entre ellas aparecen utilizar el vehículo fuera del nivel de automatización autorizado, no instalar actualizaciones de seguridad disponibles o manipular, desactivar o alterar sin autorización el sistema de conducción automatizada o el registrador de eventos cuando su utilización sea obligatoria.

De esta manera, el proyecto intenta evitar que un propietario modifique las condiciones bajo las cuales el vehículo fue autorizado y posteriormente pretenda mantener exactamente la misma cobertura.

También se incorpora el riesgo de ataques informáticos

Los autores del proyecto consideran que la discusión sobre vehículos autónomos no puede limitarse a accidentes tradicionales.

Un vehículo que depende de software, sensores, comunicaciones y sistemas de procesamiento también puede estar expuesto a accesos no autorizados, interferencias o manipulaciones externas.

Por eso, el proyecto incorpora el riesgo cibernético como una categoría asegurable diferenciada, que podría cubrirse mediante una cláusula adicional, un endoso o una póliza específica bajo las condiciones que determine la Superintendencia de Seguros.

Qué dice el PRO sobre la tecnología

Los fundamentos del proyecto presentan una postura claramente favorable a la incorporación de los vehículos autónomos y cuestionan lo que consideran una tendencia a sobrerregular una tecnología todavía en desarrollo.

"Los doctrinarios del mundo y también de nuestro país, atraídos por presentarse regulando un fenómeno futurista, pierden de vista que estamos frente a un avance tecnológico que viene para disminuir la incidencia del error humano en la conducción", sostienen los autores.

En esa línea, el PRO sostiene que la regulación debería anticiparse a la llegada masiva de esta tecnología, pero sin transformarse en una barrera para su desarrollo.

"Este proyecto tiene por propósito adecuar nuestras normas y nuestra infraestructura vial para que lo antes que se pueda sea compatible, no con el futuro, sino con el presente de las naciones que gozan de los mejores estándares de vida y adelantos tecnológicos", remarcan.