El gobierno de Javier Milei modificará el proyecto de Inocencia Fiscal para intentar garantizar el respaldo de los bloques aliados en la Cámara de Diputados. La principal novedad será una restricción dirigida a los funcionarios de los tres poderes del Estado, que podrán adherir al régimen simplificado de Ganancias, pero no podrán utilizarlo para exteriorizar dólares u otros fondos no declarados.

El oficialismo buscará este miércoles avanzar con el dictamen en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal de la Cámara baja. La modificación responde a uno de los principales reclamos planteados por los sectores dialoguistas durante el debate inicial del proyecto.
La iniciativa busca ampliar el régimen aprobado a fines del año pasado y facilitar la incorporación al sistema formal de ahorros que actualmente permanecen fuera del circuito declarado. Según las estimaciones oficiales, existen alrededor de US$179.000 millones que podrían incorporarse a la economía formal y contribuir a la inversión.
En el Ministerio de Economía consideran que la versión original del régimen no alcanzó los resultados esperados. Por eso, la nueva propuesta amplía el universo de personas que podrán adherir y suma precisiones destinadas a reducir las zonas grises y reforzar la seguridad jurídica.

Una de las modificaciones centrales será la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio. El proyecto original establecía un tope de $1.000 millones de ingresos anuales y otro de $10.000 millones de patrimonio para acceder al régimen.
Con la reforma, esas restricciones desaparecerán y el esquema quedará disponible para todas las personas humanas, independientemente de sus ingresos o patrimonio. La excepción serán los Grandes Contribuyentes, que no podrán acceder a las presunciones, efectos liberatorios y demás beneficios previstos.
El cambio que apunta directamente a los funcionarios establece que quienes integren cualquiera de los tres poderes del Estado podrán utilizar el Régimen Simplificado de Ganancias, pero quedarán afuera del mecanismo de exteriorización de dinero no declarado.
La decisión busca responder a los cuestionamientos de los bloques aliados, que durante el tratamiento inicial habían reclamado una barrera específica para funcionarios públicos y personas políticamente expuestas. El oficialismo incorporará esa condición como parte de la nueva versión del proyecto.

El proyecto también redefine qué se considerará una “discrepancia significativa” para que ARCA pueda rechazar una declaración simplificada. La diferencia deberá superar el 15% del impuesto determinado y, además, alcanzar el equivalente al 5% del mínimo establecido en la Ley Penal Tributaria, actualmente cercano a los $5 millones.
Ante una observación del organismo recaudador, el contribuyente tendrá 15 días para corregir la situación y pagar la diferencia correspondiente. Si cumple con ese procedimiento, podrá conservar los beneficios del régimen.
El debate parlamentario comenzó la semana pasada con las exposiciones de la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, y el director nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu. Ahora, con las modificaciones incorporadas, el Gobierno buscará cerrar acuerdos y conseguir el dictamen que le permita llevar el proyecto al recinto.