El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ordenó embargar de manera preventiva el departamento de la calle San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria tras su condena en la causa Vialidad. La medida forma parte de una nueva etapa del proceso de decomiso de bienes vinculados con los condenados en el expediente.

La decisión fue adoptada por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso y tiene carácter cautelar. Por el momento, el embargo no implica el decomiso ni una eventual subasta del inmueble, sino que busca impedir que pueda ser transferido, gravado o afectado mientras se define su situación.
El departamento pertenece a Los Sauces, una sociedad vinculada a la familia Kirchner, y fue incorporado al nuevo listado de bienes alcanzados por las medidas luego del pedido realizado por el fiscal Diego Luciani. El objetivo es avanzar en el recupero del dinero que, de acuerdo con la sentencia, debe regresar al Estado.
El monto que deben afrontar los condenados asciende actualmente a unos $685.000 millones, correspondiente al perjuicio económico establecido en la causa por las irregularidades detectadas en la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz.
La primera etapa del decomiso contempla 111 propiedades y todavía se encuentra pendiente de una resolución definitiva de la Corte Suprema. En paralelo, el TOF 2 continúa analizando otros activos que podrían quedar alcanzados por el proceso de recuperación de bienes.

En la resolución que dispuso los nuevos embargos, los magistrados recordaron que la sentencia determinó la existencia de beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner. También señalaron que durante el período investigado existió una conexión económica y comercial comprobada entre el empresario y sociedades vinculadas al grupo familiar.
El criterio adoptado por el tribunal establece que pueden quedar sujetos al decomiso los bienes incorporados a los patrimonios de los condenados durante el período comprendido entre 2003 y 2015, cuando exista una vinculación con el producto o beneficio del delito determinado en la sentencia.
La resolución también contempla bienes que hayan sido transferidos gratuitamente a terceras personas cuando los magistrados consideren que mantienen una relación con los fondos o beneficios derivados de la maniobra investigada.

En ese marco, el embargo sobre el departamento de San José 1111 funciona como una medida de preservación patrimonial mientras avanza el proceso. La propiedad donde Cristina Kirchner cumple actualmente su prisión domiciliaria queda así bajo una restricción judicial, aunque su destino definitivo todavía no fue determinado.