14/08/2026 - Edición Nº1284

Política

Ante la Justicia Federal

Grave denuncia contra el Gobierno por las rutas: apuntan a Caputo y Vialidad Nacional

13/08/2026 | Advierten que el deterioro de las rutas y la falta de mantenimiento podrían haber puesto en riesgo a quienes circulan por la red nacional.



El estado de las rutas nacionales volvió a quedar bajo la lupa de la Justicia. Una denuncia penal presentada contra distintos funcionarios del gobierno de Javier Milei busca determinar si la falta de mantenimiento de la infraestructura vial y la presunta subejecución de fondos destinados a ese fin podrían configurar el delito de estrago, además de un posible “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.

La presentación fue realizada por los abogados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Luis Matilla, integrantes de Reset Republicano. Entre los funcionarios denunciados se encuentran el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Transporte, Mariano Ignacio Plencovich; el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés; el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Francisco Díaz Vega; el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy; y el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman.

La denuncia también alcanza a integrantes del directorio de la entidad bancaria y a otros funcionarios que eventualmente puedan resultar responsables.

El reclamo por los fondos destinados a las rutas

Uno de los principales ejes de la presentación judicial es el destino de los recursos recaudados a través del fideicomiso establecido por el Decreto 976/2001, vinculado al financiamiento de obras e infraestructura vial.

Según los denunciantes, el Estado habría recaudado aproximadamente $1,5 billones destinados a rutas y obras viales, aunque solamente una parte de esos recursos habría sido ejecutada.

Para los abogados, la discusión excede el aspecto estrictamente presupuestario. Sostienen que la falta de utilización de fondos afectados al mantenimiento de la red vial podría generar consecuencias directas sobre la seguridad de quienes utilizan las rutas nacionales.

La denuncia afirma que “la subejecución de fondos presupuestarios y fiduciarios para el mantenimiento del ‘Sistema Vial Integrado’ (SisVial)”, junto con la falta de relevamientos sobre el estado de los caminos, tendría entidad suficiente para generar un riesgo para los automovilistas.

Advierten por el aumento de los accidentes

Otro de los argumentos incluidos en la presentación está relacionado con la evolución de la siniestralidad en las rutas nacionales.

Los denunciantes citaron distintos informes y publicaciones periodísticas que advertirían sobre el deterioro de caminos y un “alto riesgo de siniestralidad vial”.

En particular, la denuncia menciona declaraciones del secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Vialidad Nacional, quien habría señalado que, de acuerdo con relevamientos no oficiales, las muertes en rutas nacionales “se incrementaron en un 300 por ciento en los últimos años”.

Los abogados pidieron que esos datos sean contrastados con información oficial para determinar si existe una relación entre el deterioro de las rutas, la falta de mantenimiento y el incremento de los accidentes.

Qué dice la denuncia sobre el delito de estrago

La presentación busca encuadrar los hechos en el artículo 189 del Código Penal, que contempla el delito de estrago cuando una conducta negligente o imprudente genera determinadas consecuencias.

El escrito sostiene que “si el hecho u omisión culpable pusiere en peligro de muerte a alguna persona o causare la muerte de alguna persona, el máximo de la pena podrá elevarse hasta cinco años”.

A partir de ese argumento, los denunciantes plantean que podría existir responsabilidad en distintos niveles de la administración pública, incluyendo a funcionarios vinculados con Transporte, Vialidad Nacional, seguridad vial y el Banco Nación, en su rol de fiduciario.

Qué medidas pidieron a la Justicia

Los abogados solicitaron una serie de medidas para determinar si existió una relación entre la falta de mantenimiento de las rutas, el manejo de los recursos y los accidentes registrados.

Entre otros pedidos, solicitaron que declare Fabián Catanzaro, titular de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, para aportar información sobre el estado de los caminos y la evolución de la siniestralidad.

También reclamaron a la Secretaría de Transporte los informes de evaluación del estado de los pavimentos desde 2019 y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial información sobre rutas nacionales y accidentes.

Además, pidieron datos a compañías de seguros sobre siniestros ocurridos durante 2024, 2025 y 2026 y solicitaron incorporar una causa tramitada ante el Juzgado Federal de Venado Tuerto, en la que se ordenó al Estado Nacional y a Vialidad Nacional reparar rutas nacionales 7, 8 y 33.

La denuncia sostiene que la situación constituye un “riesgo continuado” y reclama que la Justicia determine si existieron responsabilidades penales por el estado de la infraestructura vial.

ND

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