Boletín Oficial
13/08/2026 - Edición Nº1283
Política
Bajo la lupa
Ocho privatizaciones y una duda en el Congreso: quién define cuánto valen las empresas
13/08/2026 | Legisladores reclaman informes y citaron a funcionarios para determinar cómo se están valuando los activos que el Gobierno busca vender.
La Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones convocó a funcionarios para indagar sobre los precios de las empresas.
El proceso de privatizaciones impulsado por el Gobierno quedó bajo la lupa del Congreso por una cuestión determinante para el futuro de las empresas estatales: quién establece cuánto valen antes de que pasen a manos privadas.
La Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones aprobó nuevos pedidos de informes al Poder Ejecutivo para conocer los procedimientos utilizados en las ocho privatizaciones en marcha y los criterios técnicos aplicados para establecer el valor de las compañías y sus activos.
La decisión se produjo luego de que una investigación advirtiera sobre un mecanismo que podría derivar en una eventual subvaluación de activos estatales. El planteo puso especialmente el foco sobre el rol del Tribunal de Tasaciones de la Nación y la intervención de una Unidad de Valuaciones creada dentro del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
La discusión resulta clave porque el precio de referencia establecido antes de una privatización puede terminar incidiendo directamente sobre los recursos que el Estado obtenga por la operación.
El Congreso quiere saber quién puso los valores
Además de solicitar documentación, la Bicameral resolvió convocar al titular de la Agencia de Transformación del Estado, Diego Chaher, y al presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación, Julio Villamonte.
Los legisladores también pidieron la presencia de todos los integrantes del Tribunal y de representantes de cada una de las empresas involucradas en los procesos de privatización.
Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación del Estado.
El objetivo será reconstruir cómo se realizó cada valuación: qué organismos intervinieron, qué metodología se utilizó, cuáles fueron los criterios técnicos aplicados y qué participación tuvo específicamente el Tribunal de Tasaciones.
Uno de los puntos que despierta interrogantes es el papel de la estructura de valuaciones constituida dentro del BICE. El Congreso buscará determinar en qué casos intervino y cómo se articuló su trabajo con el organismo estatal especializado en tasaciones.
Así, la discusión ya no pasa únicamente por cuáles empresas serán privatizadas o bajo qué modalidad, sino también por una instancia previa y decisiva: qué precio se les asigna antes de avanzar con su transferencia al sector privado.
Julio Villamonte, presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación.
El Tribunal de Tasaciones, en el centro de las preguntas
El rol del Tribunal adquirió mayor relevancia luego de que, el organismo se negara a responder una solicitud de acceso a la información relacionada con aspectos de su funcionamiento.
La diputada Florencia Carignano fue una de las integrantes de la Bicameral que reclamó que las explicaciones sean brindadas directamente ante el Congreso. Además, pidió que la convocatoria no alcance únicamente al presidente del organismo, sino a todos sus miembros.
➡️• No podemos avanzar con privatizaciones sin transparencia, sin información y sin conocer cómo se están realizando las tasaciones.
— Florencia Carignano (@florcarignanook) August 12, 2026
Por eso, hoy pedí en la comisión bicameral de privatizaciónes que se cite al Tribunal de Tasaciones de la Nación, no solamente a su presidente,… pic.twitter.com/tJD0x681Ff
El planteo busca esclarecer cuál fue la intervención efectiva del Tribunal en las valuaciones y si existieron procedimientos alternativos para establecer el valor de determinados activos incluidos en las privatizaciones.
La convocatoria abre ahora una nueva instancia de control parlamentario sobre uno de los puntos más sensibles del programa privatizador del Gobierno. La eventual existencia de una subvaluación no está acreditada, pero los legisladores pretenden despejar esa sospecha antes de que los procesos continúen avanzando.
Las respuestas de Chaher, Villamonte y los demás funcionarios convocados serán centrales para resolver la pregunta que instaló la discusión en el Congreso: quién está definiendo cuánto vale el patrimonio estatal que el Gobierno pretende vender y con qué criterios lo hace.
