La muerte de Ramiro Veullemenot, un joven de 17 años que fue atropellado por un tren en Ezeiza en septiembre de 2025, se convirtió en el punto de partida de un reclamo que ahora llegó al Congreso.
Este miércoles, durante una reunión de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, fue presentado un proyecto de ley que busca establecer nuevas exigencias de seguridad para los pasos peatonales a nivel de la red ferroviaria nacional.
La iniciativa, impulsada por el diputado Jorge Rizzotti, plantea que los cruces peatonales ubicados en zonas urbanas y semiurbanas cuenten obligatoriamente con laberintos peatonales homologados o dispositivos equivalentes de ralentización, además de señalización luminosa intermitente y alarmas sonoras direccionales.
Detrás del proyecto aparece una historia personal que terminó transformándose en un reclamo de alcance nacional. Ana Laura Bottana Lemos, madre de Ramiro, inició una campaña después de la muerte de su hijo y comenzó a investigar las condiciones del paso ferroviario donde ocurrió el accidente. Reunió más de 4.000 firmas, se contactó con autoridades ferroviarias y promovió una ordenanza en Ezeiza que fue aprobada por unanimidad. Su objetivo ahora es que lo ocurrido con Ramiro no vuelva a repetirse.
El 12 de septiembre de 2025, Ramiro Veullemenot, de 17 años, circulaba en bicicleta por un paso peatonal a nivel ubicado sobre Avenida Rivadavia, en Ezeiza, cuando fue atropellado por una formación del Tren Roca. El joven murió como consecuencia del impacto.
Para Ana Laura, el caso no podía quedar reducido a una tragedia individual. La investigación que comenzó después de la muerte de su hijo la llevó a poner el foco en las condiciones de seguridad del cruce.
Según los fundamentos del proyecto, el paso había sido ensanchado años antes, una modificación que alteró la configuración que tenía originalmente. En ese proceso se eliminó el laberinto de seguridad que obligaba a quienes atravesaban las vías a reducir la velocidad y modificar su trayectoria antes de ingresar al sector ferroviario.
Pero, de acuerdo con el planteo, esa modificación no fue acompañada por la instalación de otros mecanismos de protección.
El cruce no contaba con señalización activa luminosa, alarma sonora ni dispositivos equivalentes de ralentización.
Para Ana Laura, esa combinación de factores se convirtió en una pregunta inevitable: si existían normas que establecían condiciones mínimas de seguridad, ¿por qué esas medidas no estaban presentes en el lugar donde murió su hijo?
Después de la muerte de Ramiro, Ana Laura decidió transformar el dolor en una campaña para modificar las condiciones de seguridad de los pasos ferroviarios.
La madre del joven reunió más de 4.000 firmas de vecinos y comenzó a realizar gestiones ante las autoridades responsables de la infraestructura ferroviaria. También impulsó, junto con el concejal Martín Pelegrino, una ordenanza ante el Concejo Deliberante de Ezeiza. La iniciativa fue aprobada por unanimidad.
Sin embargo, según los fundamentos del proyecto nacional, las respuestas recibidas posteriormente se limitaron a señalar que las condiciones del paso eran correctas, sin que se produjera una verificación presencial de las condiciones de seguridad ni la implementación de las mejoras reclamadas. Ese punto es central para entender por qué el reclamo de Ana Laura llegó ahora al Congreso.
Su planteo ya no se limita al cruce donde murió Ramiro. Busca que exista un estándar de seguridad obligatorio para todos los pasos peatonales a nivel ubicados en zonas urbanas y semiurbanas de la red ferroviaria nacional.
La iniciativa establece una serie de obligaciones concretas para Trenes Argentinos Operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura.
El primer punto es que todos los pasos peatonales a nivel ubicados en zonas urbanas o semiurbanas deberán contar con:
El laberinto no funciona solamente como una barrera: modifica la trayectoria de quien cruza, reduce la velocidad y genera una instancia adicional para comprobar si se aproxima una formación.
La señalización luminosa y sonora, en tanto, apunta a advertir activamente sobre la presencia o aproximación de un tren.
El proyecto establece además un plazo específico para los cruces que fueron modificados durante los últimos años.
Todo paso peatonal que haya sido ensanchado o modificado durante los últimos diez años deberá adecuarse a las nuevas condiciones dentro de los 180 días posteriores a la promulgación de la ley. La iniciativa establece además un criterio de prioridad.
La autoridad de aplicación deberá comenzar por los cruces considerados de mayor riesgo, especialmente aquellos con alta circulación de peatones, ciclistas o estudiantes.
La medida apunta directamente a una de las situaciones que, según el proyecto, pudo haber ocurrido en Ezeiza: la modificación de la infraestructura sin que los elementos de protección fueran restituidos o reemplazados por mecanismos equivalentes.