Durante meses, Jorge Horacio Ortiz y Mabel Ester Marx hicieron cuentas. Como tantos jubilados en Argentina, había que decidir qué pagar primero, estirar el dinero y conseguir que alcanzara para la comida, los medicamentos, las deudas y el techo bajo el que vivían.
Jorge tenía 76 años. Había nacido en 1949 y el próximo 22 de septiembre iba a cumplir 77. Mabel tiene 75. Antes de instalarse en la ciudad de Cipolletti, los dos habían pasado parte de sus vidas en Buenos Aires: ella vivió en Pilar y también en el barrio porteño de Núñez; él, en otro domicilio de la Capital Federal.
Ahora compartían un departamento del barrio San Pablo, sobre la calle Río Santiago, entre San Martín y Rodolfo Walsh. Pero las cuentas ya no cerraban como antes.
Según la reconstrucción del caso, percibían jubilaciones mínimas y pagaban alrededor de 600 mil pesos de alquiler. El contrato estaba por vencer y la renovación colocó delante de ellos una cifra que sintieron imposible de afrontar: el nuevo alquiler superaría el millón de pesos y, para continuar en la vivienda, debían desembolsar además cerca de $3 millones.

No era solamente el alquiler. Había deudas. Estaban los medicamentos. La comida. Los gastos de todos los días. Una suma de obligaciones que se había vuelto cada vez más difícil de sostener.
Hasta que Jorge y Mabel tomaron una decisión extrema: tomar pastillas.
No fue necesario que los investigadores del caso buscaran demasiado lejos para comprender qué había detrás de aquella decisión que se conoció el martes 4 de agosto pasado. Una carta explicaba todo (o casi todo). En ella hablaban de sus problemas económicos, de las deudas y de la imposibilidad de afrontar las nuevas condiciones del alquiler.
La vivienda que hasta entonces había sido su refugio se había convertido en otra preocupación. El vencimiento del contrato los enfrentaba a la posibilidad concreta de no poder continuar allí, y tener que afrontar una mudanza a los 75 años.
La Justicia reconstruyó luego que las graves dificultades económicas fueron la principal motivación del pacto que habría acordado el matrimonio.
La carta adquirió todavía mayor relevancia después de que Mabel sobreviviera. En una primera manifestación, la mujer coincidió con el contenido del escrito y con la existencia de una decisión tomada entre ambos.

No había, según determinaron posteriormente los detectives, indicios de que una tercera persona hubiera intervenido.
Pasaron dos días. En el edificio de tres plantas comenzaron a advertir que algo no estaba bien. Los vecinos ya no veían a Jorge y desde el departamento comenzó a percibirse un olor extraño. Finalmente dieron aviso.
Cuando la Policía ingresó encontró a Jorge muerto. A pocos metros estaba Mabel. Seguía con vida después de haber permanecido más de dos días en el departamento junto al cuerpo de su esposo.
Fue trasladada de urgencia al hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti. Su estado era delicado y posteriormente quedó bajo seguimiento del área de Salud Mental.

Mientras ella era asistida, el departamento quedó convertido en una escena judicial. Trabajaron efectivos de la Comisaría Cuarta, peritos y funcionarios del Ministerio Público Fiscal. Intervinieron el fiscal Guillermo Ibáñez y la fiscal adjunta Julieta Della Cha.
Había que responder primero una pregunta inquietante: si detrás de la muerte de Jorge existía un delito. La autopsia comenzó a despejarla.
Mientras Mabel permanecía internada, la Justicia necesitaba determinar qué había ocurrido dentro del departamento y descartar que Jorge hubiera sido víctima de un delito.
Los primeros resultados de la autopsia establecieron que el cuerpo no presentaba signos de violencia. Luego llegaron los estudios complementarios, que terminaron de descartar maniobras violentas o la intervención de otra persona y determinaron que el fallecimiento se produjo por una “congestión encefálica pulmonar”.
Con esos resultados, el Ministerio Público Fiscal confirmó la hipótesis que se investigaba desde el hallazgo: Ortiz se había quitado la vida tomando pastillas de clonazepam y no existían indicios de criminalidad detrás de su muerte.
La Justicia pudo así reconstruir qué había ocurrido. Pero detrás de esa respuesta judicial quedó otra, mucho más difícil de encerrar en un expediente: dos jubilados habían llegado a sentir que ya no podían sostener económicamente la vida que llevaban.
Jorge y Mabel, según trascendió, estaban solos en Cipolletti y tenían familiares fuera del país. Después de la muerte de él y de la internación de ella apareció una última cuenta que tampoco podían afrontar: el sepelio.
Fue necesario organizar una campaña solidaria para reunir el dinero destinado a los gastos del entierro de Jorge.
La paradoja resulta difícil de ignorar. Una pareja que había dejado por escrito que las deudas, los gastos cotidianos y la imposibilidad de afrontar un nuevo alquiler formaban parte de una situación que ya no encontraba cómo resolver necesitó, después de la tragedia, de la ayuda de otros para poder pagar un entierro.