El ambicioso programa de alimentación gratuita de Indonesia prometía llegar a 83 millones de estudiantes, embarazadas y madres en período de lactancia. Para construir rápidamente la red necesaria, el Estado alentó a particulares a financiar cocinas que luego serían incorporadas al sistema. En zonas remotas, cientos de inversores terminaron con edificios vacíos, préstamos impagos y equipos retirados por acreedores.
La iniciativa es el proyecto social emblemático del presidente Prabowo Subianto. Busca combatir la desnutrición, mejorar el rendimiento escolar y crear empleo mediante establecimientos capaces de preparar miles de raciones diarias. A fines de julio, el esquema alcanzaba a unos 62,5 millones de beneficiarios, todavía lejos de su objetivo final.

Al menos 400 inversores recurrieron a créditos y prestamistas para levantar más de 1.500 cocinas en regiones remotas. Algunas familias utilizaron ahorros o vendieron bienes con la expectativa de recuperar posteriormente el dinero. No todas consiguieron los contratos ni los reintegros esperados.
Uno de los proyectos levantados en Torosiaje, sobre la bahía de Tomini, costó alrededor de 100.000 dólares. Su propietario, Sigit Buludawa, destinó todos sus recursos y tomó préstamos para construirlo, pero continuaba sin cobrar mientras las obligaciones financieras seguían acumulándose.
La situación se agravó después de cambios administrativos y del cierre de un portal donde los operadores tenían contratos, cartas de designación y datos vinculados con los pagos. Alrededor de 700 cocinas poseen acuerdos que contemplan reembolsos, mientras muchas otras permanecen pendientes.
El presupuesto anual del programa cayó de 335 billones de rupias a 229 billones, en medio de crecientes presiones sobre las cuentas públicas. La nueva administración de la Agencia Nacional de Nutrición también congeló alrededor de 13.000 cocinas proyectadas como parte de las medidas para reducir costos.
La revisión alcanzó además a establecimientos que ya funcionaban. A fines de julio, el organismo había suspendido definitivamente 833 cocinas por problemas de calidad o incumplimiento de requisitos gubernamentales.
El programa arrastra además antecedentes de intoxicaciones alimentarias, problemas logísticos y una investigación por presunta corrupción. Su anterior director, Dadan Hindayana, fue apartado y detenido, mientras su sucesora abandonó el cargo semanas después.

El actual jefe de la agencia, Sudaryono, se reunió con representantes de las cocinas afectadas y prometió encontrar una salida, aunque todavía no presentó un mecanismo concreto para compensarlas. La paradoja golpea principalmente a las comunidades alejadas de las grandes ciudades: son las que presentan mayores necesidades nutricionales, pero también aquellas donde resulta más difícil instalar, abastecer e inspeccionar los establecimientos.
Indonesia enfrenta ahora una doble deuda: con las familias que financiaron infraestructura confiando en el Estado y con los habitantes que todavía esperan las comidas que esas cocinas debían proporcionar.