Egipto recuerda la masacre de Rabaa: más de 800 muertes siguen impunes

La plaza Rabaa al-Adawiya de El Cairo amaneció rodeada por policías y soldados el 14 de agosto de 2013. Allí permanecían miles de seguidores de Mohamed Morsi, el presidente derrocado por los militares seis semanas antes. La operación para desalojarlos terminó convertida en la mayor matanza de la historia moderna de Egipto.

Las fuerzas de seguridad avanzaron con vehículos blindados, gases lacrimógenos, francotiradores y munición real. Aunque las autoridades habían anunciado que abrirían salidas seguras, testigos y registros posteriores mostraron rutas insuficientes y disparos dirigidos contra quienes intentaban abandonar el lugar. Hospitales improvisados, carpas y una mezquita quedaron repletos de víctimas.

El humo y las llamas cubrieron sectores de Rabaa mientras avanzaban las fuerzas de seguridad. La operación se prolongó durante horas y dejó cientos de manifestantes muertos.

El número exacto continúa en disputa. El recuento oficial reconoció 638 fallecidos en los desalojos de Rabaa y otra concentración en Nahda, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad. Una investigación independiente documentó por lo menos 817 manifestantes muertos solamente en Rabaa y consideró probable que la cifra superara los 1.000.

Una operación que dejó cientos de muertos

Morsi había ganado las primeras elecciones presidenciales competitivas del país en 2012, después de la revolución que terminó con tres décadas de gobierno de Hosni Mubarak. Su administración, vinculada con la Hermandad Musulmana, enfrentó acusaciones de autoritarismo, deterioro económico y voluntad de concentrar poder. Masivas protestas precedieron al golpe militar del 3 de julio de 2013.

Agentes egipcios recorren la zona destruida después de los enfrentamientos en Rabaa al-Adawiya. Carpas, estructuras y pertenencias quedaron arrasadas tras el desalojo de la concentración favorable a Mohamed Morsi.

Los campamentos exigían su restitución. El gobierno interino los describía como focos armados que alteraban la seguridad. Algunos manifestantes atacaron a policías y hubo armas entre la multitud, pero la escala y continuidad de la fuerza estatal fueron consideradas desproporcionadas y planificadas. La operación se desarrolló durante unas doce horas.

La matanza fue seguida por ataques contra comisarías, iglesias y edificios públicos en distintas provincias. El Estado declaró la emergencia e impuso un toque de queda. La Hermandad Musulmana fue prohibida y declarada organización terrorista. Miles de opositores, periodistas y activistas terminaron detenidos mediante procesos colectivos y condenas severas.

Vehículos blindados participaron del avance sobre el campamento instalado por los seguidores del presidente depuesto.

Trece años después, Rabaa sigue sin justicia

Abdel Fattah al-Sisi, ministro de Defensa que encabezó el derrocamiento, ganó la presidencia en 2014 y continúa dominando la política egipcia. Las autoridades sostienen que enfrentaron terrorismo y protegieron al Estado. Sin embargo, no hubo una investigación independiente ni responsabilidades penales significativas por las muertes.

Trece años después, Rabaa permanece como una herida sin justicia. Su significado excede la disputa entre militares e islamistas: estableció hasta dónde podía llegar la violencia estatal contra una concentración política. También marcó el cierre de la etapa de esperanza democrática abierta en 2011 y el comienzo de un sistema donde protestar, informar o cuestionar al poder puede implicar prisión.