Congreso
14/08/2026 - Edición Nº1284
Política
Diputados
Rappi y PedidosYa: el kirchnerismo va por horarios, salarios y más cambios
14/08/2026 | La iniciativa fue reflotada por Vanesa Siley, que se reunió recientemente con trabajadores del sector. Los detalles.
Vanesa Siley junto a trabajadores del mundo de las plataformas.
La diputada nacional Vanesa Siley volvió a poner en agenda un proyecto de ley destinado a establecer un marco específico para las personas que trabajan a través de plataformas digitales de reparto, como Rappi y PedidosYa.
La iniciativa busca fijar derechos vinculados con los horarios, la seguridad, los algoritmos, los bloqueos de cuentas, las vacaciones, los seguros y las condiciones de trabajo.
El proyecto, denominado "Ley de cuidados para la persona que trabaja en servicios de plataformas digitales", es una reproducción del expediente 1369-D-2024, según consta en sus fundamentos. La propuesta apunta a regular una actividad que creció con fuerza durante los últimos años y que, según los fundamentos, ya involucra a más de 67.000 personas en el país.
Qué actividades quedarían alcanzadas
La iniciativa contempla a quienes realizan tareas de reparto, entrega o retiro de bienes y productos mediante empresas que organizan estos servicios a través de plataformas digitales bajo demanda que operan en la Argentina.
El texto establece que estas actividades quedarían alcanzadas por la nueva normativa "sin perjuicio de la aplicación de las normas laborales cuando correspondiera".
Uno de los ejes centrales es reconocer el tiempo de conexión como jornada de trabajo. El proyecto establece que los repartidores podrán determinar libremente sus horarios y considera jornada laboral todo el período durante el cual la persona permanezca a disposición de la empresa, desde que se conecta a la aplicación hasta que se desconecta.
Estaciones sanitarias y herramientas de seguridad
Las plataformas deberían garantizar estaciones sanitarias para los repartidores, de acuerdo con las condiciones que establezca posteriormente la reglamentación y en coordinación con los municipios y la Ciudad de Buenos Aires.
Además, la propuesta contempla una herramienta informática de emergencia para teléfonos celulares que pueda ser activada durante la jornada ante situaciones de inseguridad en la vía pública.
La implementación de ese mecanismo quedaría sujeta a la reglamentación y debería coordinarse con las autoridades de seguridad municipales, provinciales y nacionales.
DONDE NO RESPONDE LA APP, SE ORGANIZAN LOS TRABAJADORES
— Vanesa Siley (@Vsiley) August 13, 2026
Nos sentamos a escuchar a trabajadores y trabajadoras de plataformas. Si se rompe una bici, uno tiene el inflador, otro las herramientas y entre todos arman un kit de emergencia. Se organizan todos los días para resolver lo… pic.twitter.com/zH1ATWUQi4
Compatibilidad con planes sociales y de empleo
Otro de los puntos planteados establece que el trabajo mediante plataformas digitales no sería incompatible con los programas sociales, educativos y de empleo de los que sean beneficiarias las personas alcanzadas por la ley.
El objetivo es evitar que quienes realizan tareas de reparto pierdan automáticamente esos beneficios por comenzar o continuar trabajando mediante una aplicación.
Vanesa Siley con trabajadores de plataformas
Uno de los puntos centrales: controlar los algoritmos
El proyecto incorpora un capítulo destinado a la denominada transparencia algorítmica.
Las personas trabajadoras tendrían derecho a conocer los parámetros, reglas e instrucciones utilizados por los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que puedan influir en sus condiciones laborales, el acceso y mantenimiento del empleo o la elaboración de perfiles.
La propuesta busca así limitar la opacidad de los sistemas automatizados que determinan aspectos relevantes de la relación entre las plataformas y los repartidores.
Fin de los bloqueos arbitrarios
Otro de los principales cambios sería establecer límites a los bloqueos de cuentas.
El proyecto prohíbe que una empresa impida arbitrariamente a una persona acceder a la plataforma o interrumpa su acceso sin que previamente haya podido realizar un descargo que sea debidamente atendido.
Además, establece que determinadas calificaciones negativas de los clientes no podrán ser consideradas incumplimientos del trabajador cuando estén vinculadas con problemas del producto, su estado o dificultades originadas en la asignación del servicio.
Vanesa Siley, diputada de Unión por la Patria
Un canal de reclamos con atención presencial
Las empresas también deberían contar con un canal oficial para que los trabajadores puedan realizar reclamos u objeciones sobre los pagos, el registro de sus tareas, la oferta de servicios y las evaluaciones realizadas por los clientes.
El proyecto establece que ese mecanismo debería incluir un lugar físico de atención, un teléfono local y un representante de la empresa encargado de atender esos reclamos.
Reputación digital y portabilidad de los datos
La iniciativa también busca reconocer la importancia que tiene la reputación digital de los repartidores.
El texto establece que esa reputación debe ser protegida y que cualquier afectación de la dignidad o la honra habilitaría acciones preventivas y de reparación del daño.
Además, los trabajadores podrían acceder a los datos recopilados sobre ellos durante la relación con la plataforma, incluso después de su finalización. Las empresas no podrían utilizar esos datos una vez terminado el vínculo.
Distancia real, capacitación y elementos de protección
Otro de los puntos plantea modificar la manera en que se calcula la distancia de los repartos. Las plataformas deberían utilizar la distancia real del trazado urbano para cuantificar los recorridos.
También se establece que las empresas deberán proporcionar capacitación adecuada en seguridad y salud laboral.
Para quienes trabajen utilizando bicicletas o motos, deberían entregar casco, rodilleras y coderas. Además, el proyecto contempla seguros sobre los bienes personales utilizados durante el trabajo y cobertura de riesgos frente a terceros.
Vacaciones y protección frente a los riesgos laborales
La propuesta incorpora un esquema de vacaciones según la antigüedad, sin penalizaciones sobre la reputación digital.
El período sería de 14 días corridos hasta cinco años de antigüedad; 21 días entre más de cinco y hasta diez años; 28 días entre más de diez y hasta veinte; y 35 días cuando la antigüedad supere los veinte años.
También obliga a las plataformas a garantizar protección frente a los riesgos del trabajo mediante un régimen simplificado de aseguramiento, cuya reglamentación quedaría a cargo de las autoridades laborales correspondientes.
Una comisión nacional para negociar condiciones laborales
Uno de los cambios institucionales más importantes sería la creación de una Comisión Nacional de Trabajo en Plataformas Digitales dentro del Ministerio de Trabajo.
El organismo tendría representación del Estado, de las asociaciones sindicales con personería gremial y de las organizaciones de empleadores vinculadas con las plataformas.
Entre sus atribuciones estaría fijar retribuciones mínimas, establecer el carácter de las propinas, determinar condiciones de trabajo, acordar mecanismos de transparencia y control de algoritmos y promover el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad.
