Represión en debate: LLA faltó a la reunión y la oposición apuntó contra Monteoliva

La actuación de las fuerzas de seguridad durante las protestas del pasado 6 de agosto volvió a instalar una fuerte disputa política en el Congreso. Esta vez, el escenario fue la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de Diputados, donde organizaciones expusieron denuncias sobre el operativo mientras La Libertad Avanza decidió no participar y acusó a la oposición de intentar construir un “relato político”.

La reunión estuvo encabezada por Horacio Pietragalla Corti, presidente de la comisión, y contó con representantes de organismos de derechos humanos, periodistas, rescatistas y organizaciones que realizan seguimiento de casos de violencia institucional.

También participaron de manera virtual tres personas que habían sido detenidas durante aquella jornada y que actualmente, según se informó durante el encuentro, tienen prohibido acercarse a menos de cinco cuadras del Congreso.

La discusión terminó además reavivando la presión política sobre la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Desde distintos sectores opositores recordaron iniciativas presentadas para interpelarla e incluso pedidos de juicio político por el accionar de las fuerzas.

Por qué LLA decidió no participar

Los diputados de La Libertad Avanza que integran la comisión resolvieron ausentarse del encuentro y difundieron públicamente los motivos de su decisión.

COMUNICADO OFICIAL. pic.twitter.com/pjd1gwYGNz

— Bloque Diputados LLA (@LLA_Diputados) August 13, 2026

Según expresaron, la comisión estaba siendo utilizada “como escenario para la confrontación y la construcción de un relato político”. También rechazaron que el cuerpo se convierta en “una herramienta partidaria destinada a legitimar posiciones políticas previamente asumidas”.

El oficialismo cuestionó especialmente la caracterización del operativo realizada por sectores opositores y organizaciones participantes.

“No acompañaremos el intento de presentar como una vulneración de derechos humanos el accionar de las fuerzas de seguridad frente a hechos de violencia”, plantearon los legisladores libertarios.

La posición abrió así dos interpretaciones enfrentadas sobre lo ocurrido el 6 de agosto: mientras organizaciones y diputados opositores denunciaron un uso desmedido de la fuerza y cuestionaron las detenciones, LLA rechazó esa lectura y defendió el accionar de las fuerzas de seguridad frente a los episodios registrados en las inmediaciones del Congreso.

Las denuncias por el operativo del 6 de agosto

La reunión comenzó con la proyección de un video de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que presentó cifras sobre las consecuencias del operativo.

Según el organismo, unas 1.500 personas resultaron afectadas, en su mayoría por gases, mientras que al menos diez habrían recibido impactos de balas de goma en el rostro. También sostuvo que 28 personas fueron detenidas de manera “arbitraria”.

Se trata de cifras y caracterizaciones presentadas por la CPM durante la reunión de comisión.

Tres de las personas detenidas, Lucía García, Carmela Cortez y Lola Cancino, participaron mediante testimonios virtuales. Las tres afirmaron que fueron apresadas cuando se encontraban en los alrededores del Congreso después de varias horas de protestas.

García relató que se encontraba tocando instrumentos de percusión con amigos cuando comenzó el procedimiento policial. “Me acerco a intentar mediar la situación, me agarran, me tiran al piso y me golpean”, afirmó.

Cortez sostuvo que su grupo había comunicado a los efectivos que permanecería pacíficamente sobre la vereda, mientras Cancino aseguró que se encontraban “bailando, haciendo música” cuando comenzó el accionar policial.

Además de la CPM, participaron representantes de ARGRA, CEPA, CELS, CORREPI, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, APDH, H.I.J.O.S. y otras organizaciones vinculadas a los derechos humanos y el seguimiento de la violencia institucional.

La oposición vuelve a poner el foco sobre Monteoliva

La reunión también tuvo consecuencias políticas sobre la ministra de Seguridad. La diputada Romina del Plá recordó que el Frente de Izquierda presentó un proyecto para interpelar a Monteoliva y otro de repudio por el operativo.

“No podemos naturalizar la represión”, sostuvo Del Plá, quien planteó que los cuestionamientos al accionar de las fuerzas se vienen acumulando.

Mónica Frade, de la Coalición Cívica, también endureció las críticas y recordó que su espacio impulsó un pedido de juicio político contra la ministra.

Frade fue más allá de la responsabilidad de Monteoliva y responsabilizó políticamente al Poder Ejecutivo por las decisiones en materia de seguridad. “Se puede ir Monteoliva y puede venir otro y la decisión es del Poder Ejecutivo, del Gobierno nacional”, señaló.

La diputada también propuso solicitar que el inspector Gustavo Antonio Gauna no pueda acercarse a menos de 500 metros del Congreso, estableciendo un paralelismo con las restricciones impuestas judicialmente a algunas de las personas detenidas durante la protesta.

Así, una semana después de los incidentes ocurridos durante el tratamiento en el Senado de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el operativo volvió al centro de la discusión parlamentaria. Esta vez, con una comisión dividida, LLA ausente y sectores de la oposición intentando aumentar la presión política sobre la ministra de Seguridad.