Tensión en Diputados
14/08/2026 - Edición Nº1284
Política
CLAVES JURÍDICAS
La Justicia cambia de vereda: avanza el traspaso de competencias penales a la Ciudad
14/08/2026 | El acuerdo incluye delitos contra el honor, la integridad sexual y la libertad, entre otros. La UEJN rechazó el avance y convocó a un paro nacional en el fuero Penal Ordinario.
Nación y Ciudad avanzan en la transferencia de competencias penales.
El Poder Ejecutivo remitió al Senado de la Nación el Cuarto Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, firmado el 3 de julio por el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia.
El expediente ya ingresó a la Cámara Alta y fue girado a las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda. El convenio forma parte de un proceso institucional que busca profundizar la autonomía judicial porteña y completar el traspaso de competencias que actualmente permanecen bajo la órbita de la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad.
Los delitos que pasarán a la órbita porteña
El acuerdo establece que el Estado Nacional transferirá y que la Ciudad asumirá la competencia penal no federal sobre una serie de delitos que actualmente se encuentran bajo jurisdicción de la Justicia Nacional. El listado incluye delitos contra el honor, como calumnias e injurias, y distintas figuras contra la integridad sexual, entre ellas abuso sexual, corrupción de menores, promoción o facilitación de la prostitución y rapto.
También se incorporan delitos contra la libertad, como reducción a la servidumbre, privación ilegítima de la libertad, sustracción de menores y amenazas coactivas. A su vez, el convenio contempla determinadas figuras vinculadas con la propiedad intelectual, el ejercicio ilegal de la medicina veterinaria y la protección de la fauna silvestre.
Qué ocurrirá con las causas que ya están en trámite
El convenio establece además un régimen de transición para los expedientes que ya se encuentran en trámite. La Justicia Nacional continuará interviniendo en las causas iniciadas antes de la entrada en vigencia del acuerdo, hasta que la sentencia quede firme, incluyendo la etapa de ejecución penal y el efectivo cumplimiento de la condena.
De esta manera, el traspaso tendrá impacto principalmente sobre las causas que se inicien una vez que el nuevo esquema comience a regir. El acuerdo también contempla el delito de entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes, previsto en el artículo 194 del Código Penal.
Recursos: el punto clave del acuerdo
La transferencia de competencias estará acompañada por una reasignación de recursos. El convenio establece que las partes deberán determinar los fondos necesarios y suscribir los acuerdos específicos para concretar su transferencia, de acuerdo con el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional y la normativa porteña.
Sin embargo, el acuerdo todavía no entró en vigencia. Para que eso ocurra deberá ser aprobado por el Congreso de la Nación y por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, además de requerir la firma del acuerdo específico correspondiente a la transferencia de recursos.
Un plazo de 120 días
Una vez cumplidos todos los requisitos previstos, comenzará a correr un plazo de 120 días corridos para la implementación del convenio. Durante ese período deberán concretarse las medidas necesarias para poner en funcionamiento el nuevo esquema de distribución de competencias.
El mecanismo busca evitar un traspaso inmediato y desordenado, estableciendo una etapa de adecuación institucional. La transferencia implica no solamente modificar qué tribunal interviene en determinados delitos, sino también definir los recursos económicos y administrativos necesarios para que la Ciudad pueda asumir efectivamente esas funciones.
El rechazo de los trabajadores judiciales
El avance del convenio generó el rechazo de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). El gremio conducido por Julio Piumato cuestionó el proceso y sostuvo que forma parte de una política destinada a reducir progresivamente las competencias de la Justicia Nacional.
La organización sindical vinculó el nuevo convenio con otras iniciativas que afectan la estructura judicial nacional y señaló particularmente el cierre de la Justicia Nacional de Menores y el progresivo vaciamiento de competencias de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional. En ese marco, reclamó a diputados y senadores que no acompañen las iniciativas y convocó a un paro nacional en el fuero Penal Ordinario.
Una discusión que lleva décadas
El propio convenio fundamenta la transferencia en el régimen de autonomía de la Ciudad establecido por la Constitución Nacional, especialmente en su artículo 129, y en la necesidad de completar el proceso iniciado mediante acuerdos anteriores.
El documento también menciona precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre ellos Corrales, Bazan y Levinas. El cuarto convenio representa así un nuevo capítulo de una discusión institucional que lleva décadas: la definición del alcance de la autonomía judicial porteña y el futuro de la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.
Ahora, la decisión queda en manos del Congreso de la Nación y de la Legislatura porteña. Si ambas instituciones aprueban el convenio y se concreta el acuerdo específico para la transferencia de recursos, comenzará una nueva etapa en el proceso de traspaso de competencias penales a la Ciudad.
