Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, anunció el 12 de agosto en Panamá que el gobierno colombiano de Abelardo De La Espriella pidió apoyo del Departamento de Guerra y autorizó operaciones militares conjuntas contra redes narcoterroristas. Un día después, al responder sobre posibles acciones contra estructuras armadas en Colombia, sostuvo que Washington está dispuesto a actuar junto con el gobierno colombiano y mantuvo abierta la opción militar frente a Cuba.
El anuncio eleva la cooperación bilateral desde la asistencia y el entrenamiento hacia un marco operativo más explícito. Colombia se convirtió en el miembro número 19 de la Americas Counter Cartel Coalition, la coalición regional contra carteles impulsada por Washington, y el Departamento de Guerra informó una reunión de Hegseth con el ministro Jorge Eduardo Mora López y la firma de un acuerdo de acceso, bases y sobrevuelos. News Digitales ya había documentado el alineamiento de Bogotá con el Escudo de las Américas y la asistencia proyectada por Washington.
La formulación estadounidense no equivale, por sí sola, a un despliegue unilateral de tropas dentro de Colombia. El material oficial habla de operaciones conjuntas y de un acuerdo para acceso, bases y sobrevuelos, pero no publica el texto que debería precisar instalaciones, número de efectivos, duración, cadena de mando, reglas de actuación o jurisdicción. Hasta esta verificación, los canales oficiales revisados de la Presidencia y el Ministerio de Defensa colombianos no mostraban un documento equivalente con esos alcances.
El límite institucional más relevante está en la Constitución colombiana, que reserva al Senado la facultad de permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio. El artículo 189 prevé una excepción durante el receso del Senado, con una opinión formal previa del Consejo de Estado. Esa arquitectura obliga a distinguir entre cooperación, acceso logístico y presencia militar efectiva. La ejecución concreta deberá mostrar qué autorización interna adopta Bogotá para cada modalidad.
Cuba aparece en la misma secuencia regional, aunque en un nivel distinto de concreción. En una comparecencia del 13 de agosto, Hegseth afirmó que las opciones militares siguen disponibles frente a la isla y vinculó esa postura con las prioridades estratégicas estadounidenses en el Caribe. No anunció una operación, un objetivo ni una orden de ataque. La diferencia es central: en Colombia existe un esquema de cooperación anunciado con un gobierno socio; sobre Cuba, por ahora, existe una advertencia militar.
El próximo punto verificable será la publicación del acuerdo bilateral y de las reglas que permitan ejecutar operaciones conjuntas en territorio colombiano. También habrá que observar si Bogotá somete movimientos de tropas extranjeras a los procedimientos constitucionales correspondientes y si Washington transforma su advertencia sobre Cuba en una medida concreta. Con la evidencia disponible, el cambio confirmado está en el salto operativo con Colombia; una intervención estadounidense en Cuba continúa como posibilidad declarada, no como decisión ejecutada.