Venezuela aceleró el 13 de agosto la apertura energética de la etapa pos-Maduro. La presidenta encargada Delcy Rodríguez encabezó la firma de acuerdos para la fase 2 del campo gasífero Lorán con BP, UCC Holding y XRG, según la Presidencia venezolana. El movimiento llega siete meses después de la operación estadounidense que capturó a Nicolás Maduro y mientras Washington conserva un mecanismo de supervisión sobre los ingresos generados por ventas petroleras autorizadas.
La nueva arquitectura combina apertura a capital extranjero con una transición política aún incompleta. Estados Unidos y las autoridades interinas restablecieron relaciones diplomáticas en marzo, y Washington sostiene un plan de estabilización, recuperación económica, reconciliación y transición democrática. La ronda presencial iniciada en Caracas en agosto se apoya en esa secuencia, pero el Ejecutivo venezolano sigue en manos de Delcy Rodríguez y el cronograma electoral no quedó fijado en el documento difundido tras el primer ciclo de conversaciones.
El control estadounidense se concentra en la caja petrolera, no en una transferencia formal de propiedad. El Departamento de Energía estableció en enero que los ingresos de las ventas de crudo y derivados se depositan primero en cuentas controladas por Estados Unidos y se desembolsan a discreción de su gobierno. Marco Rubio explicó además ante el Senado que Caracas presenta presupuestos mensuales y que Washington define usos excluidos. La orden ejecutiva, sin embargo, mantiene esos fondos como propiedad soberana venezolana bajo custodia estadounidense.
Ese mecanismo opera mientras Caracas avanza con nuevas licencias energéticas. En enero, News Digitales analizó el plan de inversión privada para reconstruir la industria; ahora el acuerdo del campo Lorán incorpora empresas concretas y extiende la apertura al gas. La diferencia es sustancial: el debate pasó de intenciones generales a acuerdos y licencias que pueden modificar producción, infraestructura y destinos de exportación, mientras el flujo de caja petrolero sigue sujeto al esquema aprobado por Washington.

La negociación política avanzó, pero todavía no produjo un calendario electoral público. El comunicado divulgado el 13 de agosto informó que el primer ciclo terminó el día 12 después de cinco sesiones técnicas y cinco plenarias. Las partes acordaron trabajar sobre la emergencia del terremoto, la reforma del sistema judicial y la renovación del Tribunal Supremo, además de mecanismos para recuperar activos venezolanos en el Banco de Inglaterra. Ningún punto publicado fija elecciones para 2027, por lo que ese escenario no puede presentarse como compromiso.

El próximo examen será de ejecución, no de retórica. Habrá que observar cómo se desembolsan los ingresos petroleros, qué empresas ingresan a nuevos proyectos, qué reformas institucionales se concretan y si el diálogo desemboca en reglas electorales verificables. Para Argentina, el efecto a observar es comercial: una Venezuela más abierta puede volver a competir por capital energético regional. No hay base documentada para trasladar automáticamente este esquema a Vaca Muerta, litio o tierras raras como si fuera una amenaza ya definida por Washington.