Mientras el Gobierno nacional intenta negociar con gobernadores dialoguistas del Norte un esquema de compensación tarifaria para las provincias de clima cálido, diputados de extracción kirchnerista presentaron un proyecto de ley que busca crear un régimen específico de “zona cálida” para reducir el costo de la electricidad en buena parte del Norte Grande.
La iniciativa fue presentada por los diputados Pablo Yedlin, Julieta Campo y Claudia Palladino y plantea un mecanismo de bonificaciones sobre el componente mayorista de las tarifas eléctricas.
El proyecto aparece en un escenario de fuerte discusión por los subsidios energéticos, luego de que la Cámara de Diputados diera media sanción a la poda de la ampliación del régimen de zona fría del 2021. La Libertad Avanza busca ahora que el Senado siga el mismo camino. Implicaría un ahorro fiscal no menor.
El planteo de Yedlin y sus pares no es nuevo. Ya hay varias iniciativas en danza que intentan “espejar” el esquema de zona fría. En este caso, incorpora un criterio climático y socioeconómico específico para las regiones que necesitan consumir más electricidad durante los meses de temperaturas extremas.
La iniciativa crea el “Régimen de Equidad Tarifaria Eléctrica para zonas cálidas”, cuyo objetivo es garantizar un acceso “equitativo, continuo y asequible” al servicio eléctrico en regiones donde las condiciones climáticas obligan a un consumo más intenso.
El universo inicial comprende a Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y San Juan.
El criterio utilizado no es exclusivamente político o administrativo: el proyecto toma como referencia la Norma IRAM 11603/12 y las zonas bioambientales clasificadas como “muy cálidas” —Zona I— y “cálidas” —Zona II—.
Además, la Secretaría de Energía podría incorporar departamentos o municipios de Córdoba, Santa Fe y otras jurisdicciones cuando sus características climáticas permitan encuadrarlos dentro de esas categorías.
El corazón de la propuesta es la creación del “Bloque de Consumo Eléctrico Protegido” (BCEP).
El mecanismo contempla una bonificación sobre distintos componentes del costo mayorista de la electricidad: el Precio de Referencia de la Potencia, el Precio Estabilizado de la Energía, los Servicios Adicionales y el Transporte.
El bloque tendría una aplicación diferenciada según la época del año. Para enero, febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre, el proyecto establece:
Durante mayo, junio, julio, agosto y septiembre, el bloque protegido sería de 300 kWh mensuales para ambas categorías.
El proyecto aclara que este beneficio podría coexistir con otros regímenes de subsidios o beneficios tarifarios. Es decir, la existencia de otro esquema de asistencia no impediría acceder al régimen propuesto.
Es injusto que la boleta de luz de los chaqueños esté siempre atada a la voluntad de un presidente. Por eso presenté el proyecto de ley de Tarifas Justas para Zonas Cálidas, que contempla nuestra realidad climática y socioeconómica, fijando precios justos y acordes a la región. pic.twitter.com/0gDAaHjh2U
— Julieta Campo (@_julietacampo) August 13, 2026
La propuesta establece distintos niveles de bonificación según la situación económica y social de los usuarios.
El descuento más alto, del 70%, estaría destinado a los usuarios residenciales considerados vulnerables según los criterios establecidos en el proyecto.
Para los sectores medios que no queden excluidos por capacidad económica, la bonificación sería del 25%.
También se establece una reducción del 50% para entidades de bien público sin fines de lucro, establecimientos públicos de salud y establecimientos educativos estatales.
El beneficio más elevado sería para los usuarios electrodependientes por razones de salud: el proyecto plantea una bonificación del 90% durante todo el año, independientemente de la estación o del bloque de consumo.
Los porcentajes establecidos serían pisos mínimos y el Poder Ejecutivo podría incrementarlos en función de variables sociales o económicas.
El Norte Grande necesita una estrategia energética que contemple nuestra realidad y nos permita contar con el gas necesario para seguir creciendo, fortaleciendo nuestra industria y reduciendo las asimetrías de la región. pic.twitter.com/6DSZAcJNW4
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) August 12, 2026
El proyecto utiliza criterios de ingresos para determinar qué hogares pueden acceder al beneficio mayor.
La bonificación del 70% correspondería a los hogares cuyos ingresos netos sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) correspondientes a un hogar tipo 2 según el INDEC.
También podrían acceder a esa categoría los hogares que tengan entre sus integrantes a una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), siempre que el ingreso familiar total no supere ese mismo límite de tres CBT.
Para el resto de los usuarios residenciales se plantea una bonificación reducida del 25%, aunque con determinadas condiciones y exclusiones.
Para acceder al beneficio reducido, el hogar no debería superar un ingreso mensual neto equivalente a 3,5 Canastas Básicas Totales.
Además, quedarían excluidos quienes sean titulares de tres o más automóviles con menos de cinco años de antigüedad, tres o más inmuebles, una o más aeronaves o embarcaciones consideradas de lujo, o activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.
De esta manera, la iniciativa combina dos criterios: capacidad económica y localización geográfica.
La fundamentación sostiene que la política de subsidios no debería analizar solamente cuánto gana una familia, sino también las condiciones objetivas que determinan cuánto necesita consumir.
Los autores sostienen que las provincias del Norte enfrentan una situación particular debido a las temperaturas extremas y a la falta de alternativas energéticas.
La fundamentación señala que provincias como Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja registran temperaturas que superan regularmente los 40 grados.
Según los datos incluidos en el proyecto, un hogar tipo del Norte puede superar los 800 kWh de consumo durante enero para mantener condiciones consideradas mínimas de habitabilidad.
El texto toma como ejemplo a Chaco: afirma que una familia tipo de cuatro integrantes con ingresos de alrededor de $1 millón mensuales puede destinar aproximadamente 18% de sus ingresos exclusivamente al pago de electricidad.
La fundamentación también sostiene que la falta de redes de gas natural en amplias zonas del Nordeste incrementa la dependencia de la electricidad tanto para refrigeración como para otras necesidades energéticas.
Los impulsores de la iniciativa utilizan además datos de pobreza para justificar la aplicación diferenciada del régimen.
Según los datos citados en el proyecto, durante el primer trimestre de 2026 la pobreza se ubicó en torno al 30% a nivel nacional, mientras que determinados aglomerados del Norte y regiones cercanas presentaron porcentajes considerablemente mayores.
La fundamentación menciona 49,7% en Gran Resistencia, 42,6% en Posadas, 39,7% en Gran Santa Fe y 38,4% en Corrientes.
El argumento político detrás de estos números es que una tarifa eléctrica uniforme puede generar impactos muy diferentes dependiendo de los ingresos de cada región y de la necesidad de consumo determinada por el clima.