Furia de CFK y Aranguren rodeado: qué pasó el agitado 16 de agosto de 2016

El 16 de agosto de 2016 quedó marcado por dos acontecimientos que, aunque transcurrieron en escenarios diferentes, terminaron entrelazados por la fuerte disputa política que atravesaba a la Argentina durante los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri.

Mientras el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, enfrentaba durante horas las preguntas de la oposición en la Cámara de Diputados por el fuerte aumento de las tarifas de luz, gas y otros servicios públicos, Cristina Kirchner difundía una extensa carta en la que cuestionaba con dureza al macrismo y al Poder Judicial.

La ex presidenta había recibido ese mismo día una novedad judicial particularmente sensible: los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques habían solicitado su declaración indagatoria y la de otros 33 imputados en una causa vinculada con la obra pública en Santa Cruz y el empresario Lázaro Báez.

A diez años de aquella jornada, el recuerdo permite reconstruir un momento en el que se cruzaron dos de los principales conflictos que marcaron los primeros meses de la administración de Cambiemos: el impacto social y político del tarifazo y el comienzo de una etapa de fuerte avance de las investigaciones judiciales contra la ex presidenta y parte de su gobierno.

Aranguren, frente a un Congreso atravesado por el tarifazo

El escenario elegido por el Gobierno para defender su política energética fue un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Aranguren llegó al Congreso para explicar los fundamentos de los aumentos tarifarios que habían provocado una fuerte reacción social, política y judicial.

La oposición había preparado una extensa lista de preguntas. El debate se prolongó durante más de nueve horas y estuvo atravesado por cuestionamientos al incremento de las facturas, al esquema de subsidios y a los antecedentes empresariales del ministro.

Uno de los principales puntos de conflicto era la magnitud de los aumentos. Desde distintos sectores opositores se denunciaba que las facturas podían registrar incrementos superiores al 1.600 por ciento en algunos casos.

Aranguren rechazó que se tratara de un "tarifazo" y sostuvo que la recomposición había sido realizada de manera gradual.

"La suba de tarifas la hicimos de la forma más gradual que pudimos", afirmó durante su exposición.

El ministro defendió la política energética de la administración Macri y responsabilizó al kirchnerismo por la situación que, según su diagnóstico, había encontrado el nuevo gobierno.

La "pesada herencia" como argumento del Gobierno

Aranguren planteó que durante los 12 años anteriores la Argentina había pasado de tener una energía "abundante, nacional y barata" a una situación caracterizada por energía "escasa, importada y cara".

Con gráficos y una presentación en PowerPoint, sostuvo que existían distorsiones de precios, falta de inversiones y problemas en la generación energética. "El sector que recibimos manifestaba un gran desorden", sostuvo.

El ministro también defendió el abandono de los denominados "senderos de precios" y argumentó que las tarifas argentinas seguían siendo inferiores a las de países vecinos como Brasil, Chile y Uruguay.

Según explicó, la recomposición tarifaria permitía recuperar inicialmente alrededor del 30% del costo, mientras que el resto continuaba siendo subsidiado.

La oposición habló de un aumento "confiscatorio"

Uno de los principales cuestionamientos llegó desde el Frente para la Victoria. El entonces jefe de la bancada kirchnerista, Héctor Recalde, calificó el aumento como un "aumento de tarifas violento y desproporcionado" y cuestionó la metodología utilizada por el Gobierno.

"No somos conejillos de indias sino seres humanos", sostuvo Recalde, en referencia a lo que definió como un esquema de "ensayo de prueba y error".

La oposición reclamaba que el Congreso interviniera y buscaba impulsar una ley para derogar los decretos tarifarios. También cuestionaba la pretensión de aplicar aumentos retroactivos, una cuestión que terminaría adquiriendo especial relevancia en la disputa judicial por las tarifas.

Desde otros sectores opositores también se habló de un incremento "confiscatorio" y "extorsivo", mientras que se advertía sobre el impacto en los sectores medios, las pequeñas y medianas empresas y la industria.

El incómodo capítulo de Shell

La presencia de Aranguren en el Congreso también volvió a poner bajo la lupa su relación con Shell.

Antes de incorporarse al gobierno de Macri, el funcionario había sido durante más de una década CEO de Shell Argentina y conservaba acciones de la compañía en el exterior.

La oposición cuestionó que un ex ejecutivo de una petrolera participara de decisiones que podían afectar directamente al sector energético.

Aranguren negó que existiera una incompatibilidad y sostuvo que actuaba dentro de los límites establecidos por la Ley de Ética Pública: "La Justicia decidirá si lo que estoy haciendo es incompatible con la función pública".

Los cuestionamientos se intensificaron debido a que el Estado argentino mantenía operaciones comerciales con Shell, una situación que Cristina Kirchner utilizaría ese mismo día como uno de los ejes de su crítica.

El mismo día, Cristina recibió una fuerte noticia judicial

Mientras Aranguren respondía preguntas en Diputados, Cristina Kirchner reaccionaba desde las redes sociales a una decisión de los fiscales Pollicita y Mahiques.

Los funcionarios judiciales habían solicitado formalmente que la ex presidenta fuera citada a declaración indagatoria junto con otros 33 imputados, entre ellos Julio De Vido, José López y Lázaro Báez.

La investigación sostenía que había existido una presunta estructura destinada a favorecer al empresario santacruceño mediante la asignación de obra pública vial.

El dictamen de los fiscales señalaba cuatro elementos centrales: el crecimiento de la relación de Báez con el poder político, la expansión de una estructura provincial hacia el ámbito nacional, la concentración de obra pública vial en Santa Cruz y un supuesto direccionamiento de adjudicaciones en beneficio del empresario. También se solicitó la inhibición general de bienes de los investigados.

Cristina habló de una "ficción macrista"

La respuesta de la ex presidenta llegó a través de una extensa publicación en Facebook que tituló "La ficción macrista".

Cristina Kirchner cuestionó la investigación y sostuvo que la acusación formaba parte de una estrategia política y judicial destinada a instalar denuncias contra el kirchnerismo.

"El único sustento de la ficción macrista es realizar una denuncia por semana", sostuvo.

Pero hubo una frase que condensó su interpretación política de aquella jornada: "Que la novela de Pollicita y Mahiques se difunda el día que Aranguren tiene que explicar el tarifazo en el Congreso, no es casualidad".

La ex mandataria volvió a utilizar entonces la expresión "Partido Judicial" para referirse al accionar de los fiscales y cuestionó lo que consideraba un tratamiento desigual respecto de funcionarios y empresarios vinculados con el gobierno de Macri.

Que la novela de Pollicita y Mahiques se difunda el día que Aranguren tiene que explicar el Tarifazo en el Congreso, no es casualidad...

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 16, 2016

Wado de Pedro también apuntó contra los fiscales

La reacción no quedó limitada a Cristina Kirchner. El entonces diputado Eduardo "Wado" de Pedro sostuvo que los fiscales eran "funcionales" al macrismo y vinculó directamente la decisión judicial con la presencia de Aranguren en el Congreso.

"El mismo día que el ministro Aranguren viene al Congreso a explicar el tarifazo el Partido Judicial continúa la persecución contra Cristina", afirmó.

De Pedro sostuvo además que Pollicita y Mahiques "prestan sus servicios a Macri" y consideró que el objetivo era acallar a los dirigentes opositores.

El faltazo de Julio De Vido y una jornada de alto voltaje político

El debate en Diputados tuvo además una ausencia significativa. Julio De Vido, entonces diputado y ex ministro de Planificación Federal, decidió no participar de la interpelación.

De Vido explicó que no quería que el debate derivara hacia discusiones ideológicas sobre el rol del Estado, la soberanía energética y el libre mercado.

Su ausencia fue cuestionada por el oficialismo, que había preparado parte de su estrategia alrededor de las responsabilidades de la gestión kirchnerista en el sector energético.

Mientras tanto, dirigentes como Axel Kicillof, Graciela Camaño, Myriam Bregman y José Luis Gioja protagonizaron distintos cruces con Aranguren.

Así, el pedido de indagatoria de agosto de 2016 fue un momento clave dentro de la investigación por la obra pública en Santa Cruz. En diciembre de ese año, el juez Julián Ercolini procesó a Cristina Kirchner en esa causa.

Con el paso del tiempo, el expediente se convirtió en la denominada Causa Vialidad y atravesó distintas instancias judiciales hasta desembocar, años después, en la confirmación de la condena contra la ex presidenta.