La investigación contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito entró en una etapa decisiva. El fiscal federal Gerardo Pollicita le formuló 20 preguntas para que explique el origen de distintos bienes, operaciones y gastos que, según la reconstrucción realizada en el expediente, no tendrían hasta el momento una justificación suficiente en sus ingresos lícitos.

El requerimiento alcanza al patrimonio de Adorni, al de su esposa Bettina Angeletti y al grupo familiar en su conjunto. El período analizado comienza el 14 de diciembre de 2023, cuando asumió en la función pública, y llega hasta el 27 de junio de 2026, cuando dejó el cargo.
La Justicia determinó que durante ese período Adorni percibió 35 haberes que, sumados a los ingresos de Angeletti, alcanzaron los $229.752.283,20. Sin embargo, los gastos registrados del grupo familiar llegaron a $272.820.832,20, una diferencia de más de $43 millones. A eso se agregan gastos en dólares por US$402.578,12 que el fiscal considera que tampoco encuentran correlato en los ingresos comprobados.
El cuestionario de Pollicita busca reconstruir el origen de los fondos utilizados para adquirir bienes y afrontar distintos gastos. Entre los principales puntos aparece el dinero en efectivo en dólares declarado en sus declaraciones juradas y los préstamos que Adorni atribuyó a Silvia Pais y Norma Zuccolo.
El fiscal también pidió explicaciones sobre la compra de un Jeep, la adquisición del lote 380 del Country Indio Cuá y los fondos utilizados para remodelar esa propiedad. En particular, deberá explicar el pago de US$245.000 realizado al contratista Matías Tabar.

Otro de los interrogantes apunta al inmueble de Miró 550: la Justicia quiere conocer el origen de los fondos utilizados para comprarlo y también el dinero destinado a sus mejoras y a la adquisición de muebles, algunos de cuyos pagos se realizaron en dólares y en efectivo.
La investigación también pone el foco sobre operaciones con criptoactivos, consumos realizados por terceros con tarjetas vinculadas al exfuncionario, acreditaciones no salariales en su cuenta del Banco Nación y una serie de comprobantes presentados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
Entre las preguntas también aparecen las deudas con Banco Galicia, honorarios notariales vinculados con operaciones inmobiliarias y la facturación de una concesionaria automotor por más de $4 millones que podría corresponder a un vehículo no declarado.
Uno de los principales elementos que analiza la Fiscalía es la relación entre los ingresos acreditados y el nivel de gastos del grupo familiar. El cálculo realizado durante la investigación muestra una diferencia superior a $43 millones incluso antes de incorporar los gastos en moneda extranjera.

Para Pollicita, esa diferencia requiere una explicación concreta sobre el origen de los fondos. Por eso, el requerimiento no se limita a los bienes registrados formalmente, sino que también busca reconstruir movimientos financieros, gastos con tarjetas, billeteras virtuales, viajes, alquileres, expensas y cuotas escolares.
El fiscal otorgó 15 días para responder el cuestionario y presentar la documentación respaldatoria. Sin embargo, la defensa podría solicitar una prórroga para reunir la información requerida.
La respuesta será determinante para definir el próximo paso de la investigación. Si las explicaciones y documentos permiten justificar las diferencias detectadas, el expediente podría tomar otro rumbo. Si persisten las inconsistencias, la Fiscalía podría avanzar con nuevas medidas para profundizar la investigación patrimonial.
La situación judicial de Adorni se conecta con las explicaciones que el exfuncionario había brindado meses atrás ante la Cámara de Diputados. Durante su informe de gestión del 29 de abril de 2026 recibió casi 5.000 preguntas, algunas relacionadas directamente con su patrimonio y con los gastos realizados durante su paso por el Gobierno.
En una de ellas, fue consultado sobre la evolución de sus bienes y los de su esposa desde el inicio de su función pública. Adorni respondió que la información se encontraba en su Declaración Jurada Patrimonial Integral y que los bienes de su esposa y del grupo familiar habían sido incluidos en un anexo reservado ante la Oficina Anticorrupción.
También tuvo que responder por un viaje privado a Punta del Este junto con su familia y el conductor de la TV Pública Marcelo Grandio. En esa oportunidad sostuvo que no existían registros de viajes financiados por terceros ante la Oficina Anticorrupción y aseguró que el organismo había informado que no existían conflictos de interés.

La propia Oficina Anticorrupción había confirmado que recibió denuncias vinculadas con la evolución patrimonial de Adorni entre el 11 y el 25 de marzo de 2026 y que realizó análisis sobre sus declaraciones juradas en expedientes reservados. Ese material fue compartido con la Fiscalía cuando fue requerido.
Ahora, el escenario cambió. Ya no se trata de las casi 5.000 preguntas políticas que recibió ante el Congreso, sino de 20 interrogantes concretos formulados por la Justicia sobre el origen de su patrimonio y sus gastos. Las respuestas que presente Adorni pueden ser determinantes para establecer si las inconsistencias detectadas encuentran una explicación documental o si la causa por presunto enriquecimiento ilícito avanza hacia una instancia de mayor complejidad.