El diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto de ley para crear el Impuesto Mínimo a los Altos Patrimonios (IMAP), un nuevo tributo anual dirigido exclusivamente a personas humanas y sucesiones indivisas con patrimonios netos superiores a USD 50 millones.
La iniciativa propone establecer un piso mínimo de contribución sobre las grandes fortunas, pero con una particularidad: los impuestos que el contribuyente ya haya pagado durante el año podrán computarse como crédito.
De esta manera, el objetivo no sería sumar automáticamente una nueva carga tributaria, sino determinar si el nivel de impuestos efectivamente abonado alcanza el mínimo establecido.
El proyecto sostiene que busca corregir la regresividad del sistema tributario, aumentar la contribución de los patrimonios más elevados y destinar los recursos adicionales a educación, infraestructura, salud, investigación, producción y desarrollo tecnológico.
El IMAP alcanzaría a las personas humanas y sucesiones indivisas que, al 31 de diciembre de cada año, tengan un patrimonio neto superior al mínimo establecido.
Para quienes tengan domicilio en Argentina, se computarían tanto los bienes ubicados en el país como aquellos radicados en el exterior. En el caso de personas domiciliadas fuera del país, el impuesto recaería sobre los bienes situados en territorio argentino.
El umbral propuesto es de USD 50 millones, convertido a pesos al tipo de cambio oficial vendedor del Banco Nación correspondiente al 31 de diciembre del período fiscal. El impuesto se aplicaría únicamente sobre el excedente de ese monto.
Por lo tanto, el proyecto, asegura, apunta a un universo muy reducido de contribuyentes y no propone un impuesto general sobre el patrimonio de la población.
Para determinar el patrimonio neto se tomaría la diferencia entre la totalidad de los activos y los pasivos admitidos por la ley.
La base incluiría, entre otros bienes, inmuebles en Argentina y en el exterior, participaciones en sociedades, holdings y fideicomisos, depósitos bancarios, acciones, títulos públicos y privados, fondos de inversión, derivados, criptoactivos, objetos suntuarios, derechos de propiedad intelectual e industrial, automóviles, embarcaciones y aeronaves. También se incorporaría cualquier otro bien o derecho con contenido económico.
El proyecto establece reglas específicas para valuar cada tipo de activo al 31 de diciembre de cada año.
La iniciativa contempla una escala progresiva según el tamaño del patrimonio:
La escala se aplicaría sobre el excedente del mínimo no imponible, de acuerdo con las reglas de valuación previstas en el proyecto.
Uno de los aspectos centrales del diseño es que el contribuyente podría descontar determinados impuestos ya pagados durante el mismo período fiscal.
El IMAP permitiría computar como crédito, entre otros tributos, el Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales, impuestos patrimoniales provinciales, determinados impuestos sobre sociedades, IVA efectivamente pagado, el impuesto sobre Créditos y Débitos Bancarios, impuestos internos e impuestos análogos abonados en el exterior.
La lógica es establecer un piso de tributación patrimonial. Si los impuestos computables ya igualan o superan el monto determinado por el IMAP, no habría un pago adicional. Si quedan por debajo, el contribuyente debería ingresar solamente la diferencia.
Los fundamentos describen precisamente al impuesto como un "piso mínimo de contribución como porcentaje del patrimonio neto" y remarcan que el mecanismo busca evitar una superposición automática de tributos.
El proyecto también incorpora un régimen específico para evitar que un cambio de residencia fiscal sea utilizado para eludir el tributo.
Quien abandone su residencia fiscal en Argentina debería pagar un impuesto de salida del 1,5%, calculado sobre el patrimonio neto y las ganancias de capital no realizadas al momento de la salida, con los créditos que correspondan.
Además, quienes hayan sido contribuyentes del IMAP durante al menos dos períodos fiscales continuarían alcanzados durante cinco años después de mudarse al exterior respecto de sus bienes situados en Argentina. Ese plazo se extendería a diez años si la nueva residencia estuviera ubicada en una jurisdicción de baja o nula tributación.
Paulón propone que la totalidad del producido neto tenga asignación específica y se divida en partes iguales.
El 50% iría al denominado Fondo Nacional de Capital Humano para financiar infraestructura educativa, becas, investigación científica y tecnológica, universidades nacionales, innovación, salud preventiva, primera infancia y nutrición.
El otro 50% se destinaría al Fondo Nacional de Capital Económico, orientado a infraestructura productiva, vial, energética, digital y sanitaria, financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas, transición energética, adaptación al cambio climático y capacidades tecnológicas e industriales estratégicas.

En los fundamentos, el diputado del Partido Socialista sostiene que Argentina atraviesa una elevada concentración de ingresos y riqueza. Según los datos citados del World Inequality Lab, el 1% más rico concentra entre el 17% y el 22% del ingreso nacional, mientras que el 50% más pobre recibe entre el 8% y el 10%.
El proyecto también cita datos del Observatorio Fiscal Internacional (ITO) para señalar que los patrimonios de los multimillonarios de América Latina y el Caribe se multiplicaron por seis entre 2000 y 2026. Para Argentina, menciona a cinco personas con fortunas superiores a los USD 1.000 millones y un patrimonio conjunto estimado en USD 19.400 millones.
La argumentación de Paulón sostiene además que los sistemas tributarios actuales permiten que las grandes fortunas reduzcan su carga efectiva mediante estructuras empresariales, utilidades retenidas y otras formas de organización patrimonial.
Los fundamentos incorporan simulaciones del ITO para Argentina. Según esos cálculos, un impuesto del 1% sobre patrimonios superiores a USD 100 millones generaría unos USD 217 millones anuales; con una alícuota del 2%, la recaudación ascendería a USD 457 millones, y con una del 3%, a USD 697 millones.
El proyecto de Paulón toma como antecedente el Aporte Solidario y Extraordinario de 2020 y experiencias internacionales de imposición sobre grandes patrimonios, pero plantea un mecanismo permanente, con un umbral considerablemente más elevado y un sistema para computar impuestos ya pagados.