El docente Juan Carlos Kategora, quien ejercía la conducción de la Escuela N° 733 en la localidad de San Vicente, Misiones, fue denunciado penalmente tras detectarse que acumuló 3.363 días de licencia en un período de 18 años -el equivalente a más de nueve años de ciclo lectivo-. De forma paralela a sus continuas ausencias en el aula, el exdirector habría mantenido un puesto laboral en la empresa estatal Energía de Misiones (EMSA).

La presentación judicial recayó en la Fiscalía de Instrucción Penal N° 1 de Posadas y fue impulsada por el diputado provincial Cristian Castro. La denuncia solicita investigar si los hechos encuadran en los delitos de defraudación a la administración pública y falsedad ideológica. Tras la exposición pública del caso, Kategora presentó su renuncia al cargo.
El esquema de inasistencias en el establecimiento de Colonia Paraíso se estructuraba mediante breves reincorporaciones seguidas de nuevos pedidos médicos. Tan solo en lo que va de 2026, el docente ya sumaba 146 días de ausentismo, mientras continuaba percibiendo el adicional del 80% por zona desfavorable que le correspondía por su cargo escolar.
Uno de los puntos clave de la denuncia abarca un pedido a la Dirección Nacional de Migraciones para cruzar los registros de salida del país con los periodos en los que tramitó permisos por salud. Publicaciones en redes sociales ubican al exdirector en destinos internacionales como Abu Dabi y Aruba durante las fechas en las que debía guardar reposo.
En respuesta al escándalo, el Consejo General de Educación (CGE) de Misiones inició un sumario administrativo y ordenó auditar la totalidad de las licencias de largo tratamiento vigentes en la provincia.
La investigación interna busca determinar si existió incompatibilidad de funciones, qué sueldos percibió simultáneamente y si hubo complicidad institucional. La presidenta del CGE, Daniela López, advirtió que la revisión indagará el rol de la Junta Médica local y de los profesionales que firmaron los certificados: si se constatan adulteraciones o irregularidades documentales, las sanciones y responsabilidades legales alcanzarán también a quienes confeccionaron o validaron los diagnósticos.