El Gobierno de Javier Milei quedó en el centro de una nueva polémica por el funcionamiento de los micros de larga distancia para personas con discapacidad. Una resolución de la Secretaría de Transporte modificó el esquema de compensaciones a las empresas y, a partir del cambio, compañías del sector comenzaron a ofrecer los pasajes gratuitos únicamente en servicios semicama, cuyos asientos se encuentran en la planta alta de las unidades doble piso.

La medida no eliminó el beneficio establecido por ley. La Resolución 28/2026 mantiene expresamente el derecho a la gratuidad y las obligaciones de accesibilidad. Sin embargo, su aplicación abrió un conflicto político porque las condiciones ofrecidas pueden entrar en tensión con las normas que obligan a garantizar el acceso al transporte de las personas con movilidad reducida.
La discusión también expone el rol de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), organismo encargado de controlar que las empresas cumplan con las condiciones establecidas por la normativa.
La Resolución 28/2026 fue publicada el 26 de mayo y eliminó las compensaciones económicas que el Estado pagaba a las compañías de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantadas y niños y adolescentes con cáncer.
El Gobierno sostuvo que el derecho a viajar gratuitamente continúa vigente y que las empresas mantienen la obligación de otorgar esos boletos. La modificación, sin embargo, dejó mayor margen a las compañías para determinar precios y modalidades de prestación.
En ese contexto, representantes de empresas del sector señalaron que dejaron de ofrecer el servicio cama para estos pasajes y que los tickets gratuitos se asignan al servicio semicama. En los micros doble piso, esa categoría se encuentra habitualmente en la planta superior.
El problema es que subir una escalera puede constituir una barrera de acceso incompatible con las necesidades de determinados pasajeros con discapacidad.
Los pasajes se gestionan mediante la plataforma de la CNRT, que incluso permite solicitar una ubicación en planta baja cuando la persona acredita una necesidad vinculada con su discapacidad.

Sin embargo, desde el propio organismo reconocieron que muchas situaciones terminan dependiendo de reclamos posteriores. “Los pasajes se sacan vía CNRT pero la empresa es la que lo brinda”, explicaron desde la entidad.
El esquema coloca a la CNRT frente a una situación incómoda: es el organismo encargado de controlar las reglas de transporte, pero admite que muchas veces interviene después de que el pasajero denuncia un incumplimiento.
El organismo está conducido desde enero por Maximiliano Patti, dirigente libertario de Escobar y cercano al armado bonaerense de Sebastián Pareja. Su designación fue dispuesta por Javier Milei mediante el Decreto 67/2026.

Patti llegó a la CNRT después de desarrollar una trayectoria política en Escobar y de haber sido candidato a intendente por distintos espacios. Su desembarco en el organismo forma parte del proceso de reestructuración y desregulación del sistema de transporte impulsado por la administración libertaria.
La polémica, entonces, excede la discusión sobre una categoría de pasaje. El Gobierno eliminó las compensaciones a las empresas en nombre de la desregulación, pero mantiene las obligaciones de accesibilidad y debe garantizar que el cambio no termine afectando un derecho establecido por ley.
En ese punto queda planteado el desafío para la CNRT: controlar que la libertad otorgada a las empresas no termine transformándose en una barrera para quienes necesitan condiciones especiales para poder viajar.