La Libertad Avanza decidió recalcular su estrategia en el Senado después del traspié que sufrió con el proyecto de Propiedad Privada y ante un escenario político que empieza a complicarse de cara a las elecciones de 2027. El oficialismo busca ahora concentrarse en un paquete reducido de iniciativas económicas y negociar los votos antes de llevar cada proyecto al recinto.

La conducción del bloque libertario, encabezada por Patricia Bullrich, tomó nota de un cambio que puede ser determinante: los gobernadores dialoguistas comenzaron a marcar mayor distancia de la Casa Rosada a medida que se acercan sus propios calendarios electorales. Sus senadores ya no están dispuestos a acompañar automáticamente las iniciativas del Ejecutivo.
El objetivo oficialista es evitar otra derrota que exponga sus dificultades para construir mayorías. Por eso, la nueva estrategia combina menos proyectos, más negociación y una agenda concentrada en aquellas iniciativas que el Gobierno considera indispensables para sostener el programa económico de Javier Milei.
La primera línea de trabajo estará integrada por Super RIGI, Inocencia Fiscal, la reforma del Banco Central y el Presupuesto 2027. El proyecto presupuestario será especialmente relevante porque ingresará a la Cámara de Diputados el próximo 15 de septiembre y obligará al Gobierno a sentarse nuevamente con los mandatarios provinciales.

El Super RIGI aparece como la primera prueba. La iniciativa, que ya fue aprobada por Diputados, busca promover inversiones de gran escala en sectores como inteligencia artificial, energía y minerales críticos. El oficialismo pretende conseguir dictamen el 20 de agosto y llevarlo al recinto el 27.
La apuesta es evitar el escenario que se produjo con Propiedad Privada, cuando la resistencia de los aliados obligó a retirar capítulos centrales del proyecto. Aquella votación dejó una señal incómoda para la Casa Rosada: sin acuerdos previos, el oficialismo corre el riesgo de volver a quedar en minoría.
El problema no está solamente dentro del Senado. La cercanía de las elecciones provinciales modifica el comportamiento de los gobernadores que hasta ahora facilitaron acuerdos con el Ejecutivo. Los mandatarios necesitan preservar su autonomía política y, en varios casos, diferenciarse de Milei frente a sus propios electorados.

Por eso, los bloques dialoguistas reclaman que el oficialismo también habilite proyectos promovidos por senadores de las provincias. Entre las iniciativas que buscan incorporar aparecen propuestas relacionadas con el creciente endeudamiento de las familias y otras demandas de impacto directo en los distritos.
Una señal en esa dirección será el tratamiento del proyecto sobre el mercado voluntario de carbono impulsado por Flavia Royón, Carlos Arce y Sandra Rojas Decut. El oficialismo busca avanzar con la iniciativa como una muestra de que está dispuesto a incorporar proyectos provenientes de sectores provinciales si pretende conservar su respaldo.
La nueva estrategia también implica postergar proyectos que generan mayores diferencias. Entre ellos aparecen la eliminación de las PASO, el régimen de Zonas Frías, la reforma de la Ley de Salud Mental y las iniciativas vinculadas con discapacidad.
La reforma electoral es particularmente sensible porque afecta directamente a los gobernadores y sus estrategias para 2027. En la Casa Rosada reconocen que será cada vez más difícil conseguir respaldo si los mandatarios comienzan a priorizar sus elecciones provinciales.

Algo similar ocurre con la reforma integral de la Ley General de Sociedades impulsada por Federico Sturzenegger, que avanzará más lentamente por las resistencias que genera entre los bloques aliados. El proyecto incluye la creación de las denominadas “Sociedades Automatizadas”, que podrían operar mediante algoritmos o inteligencia artificial.
Así, el Gobierno decidió bajar el nivel de confrontación parlamentaria y concentrar sus fuerzas en pocas iniciativas. La apuesta es blindarse de nuevas derrotas antes de que la campaña de 2027 termine de modificar el mapa de alianzas.
La verdadera prueba llegará con el Presupuesto 2027. Su tratamiento permitirá medir si la Casa Rosada logró recomponer su capacidad de negociación o si el nuevo escenario político obliga definitivamente a La Libertad Avanza a compartir el control de la agenda con gobernadores y bloques dialoguistas.