Irán avanza con un proyecto que castiga entrevistas con medios de EE.UU. e Israel

El Parlamento de Irán dio este 16 de agosto el primer paso para ampliar el alcance penal de los contactos con actores extranjeros. Los diputados aprobaron por 183 votos a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones los lineamientos generales de un proyecto destinado a combatir la infiltración de servicios de inteligencia, gobiernos y entidades extranjeras. La iniciativa parte de una definición amplia de influencia: contempla actividades políticas, económicas, culturales y sociales que las autoridades consideren capaces de afectar la independencia, la soberanía o la seguridad nacional. El Gobierno y los sectores que respaldan la propuesta la presentan como una herramienta para cerrar vacíos legales frente a operaciones de inteligencia.

La disposición que genera mayor impacto prevé entre seis meses y dos años de prisión por entrevistas o contactos con determinados medios estadounidenses, israelíes o financiados por esos países. Esa pena figura en los textos difundidos durante la discusión, pero todavía no puede presentarse como una ley vigente: el Parlamento aprobó únicamente el marco general y deberá examinar los artículos uno por uno. Un integrante de la comisión judicial iraní aclaró horas después que las disposiciones específicas pueden ser modificadas durante ese proceso, por lo que las penas conocidas hasta ahora deben tratarse como propuestas y no como sanciones definitivamente aprobadas.

El control puede ir mucho más allá de las entrevistas

El proyecto plantea una red de supervisión que alcanza contactos con embajadas, organizaciones extranjeras, universidades y otras instituciones fuera de Irán. Algunos intercambios quedarían sujetos a autorización o notificación previa ante organismos estatales, mientras determinadas actividades realizadas bajo dirección de servicios de inteligencia extranjeros recibirían sanciones considerablemente superiores. El concepto técnico de influencia extranjera busca diferenciar estas conductas del espionaje tradicional: no requiere necesariamente el robo de información clasificada, sino que intenta abarcar mecanismos mediante los cuales un actor externo pueda orientar decisiones, obtener acceso o desarrollar redes dentro del país.

La propuesta se apoya en un endurecimiento de la legislación de seguridad que Irán ya comenzó a aplicar después de sus conflictos recientes con Israel y Estados Unidos. Las autoridades sostienen que asesinatos de científicos, operaciones encubiertas y penetraciones de inteligencia demostraron la necesidad de controlar con mayor precisión los canales de contacto exterior. El problema jurídico estará en definir dónde termina una relación profesional ordinaria y dónde comienza una actividad considerada de infiltración.

Irán avanza con penas por entrevistas con medios de EE.UU. e Israel.

Periodistas frente a una frontera más estrecha

El caso de la fotógrafa Yalda Moaiery muestra que las restricciones sobre relaciones con medios extranjeros ya tienen consecuencias judiciales antes de que esta nueva iniciativa se convierta en ley. Moaiery fue condenada recientemente a 15 años de prisión bajo legislación aprobada después de la guerra de 2025, en un expediente que incluyó entrevistas con medios considerados hostiles y fotografías proporcionadas a organizaciones extranjeras. Ella niega haber colaborado con Estados enemigos y apeló la sentencia. El antecedente incrementa el peso de la nueva discusión porque una entrevista periodística puede dejar de ser vista solamente como actividad informativa cuando las autoridades la vinculan con objetivos de seguridad nacional.

El proyecto amplía controles sobre prensa, embajadas y contactos extranjeros.

La prueba decisiva estará en la redacción final y en los límites que el Parlamento establezca antes de enviar el texto al Consejo de Guardianes. Si las disposiciones conocidas sobreviven al debate, periodistas, académicos, investigadores y otras personas con vínculos internacionales enfrentarán un marco mucho más restrictivo para determinar qué contactos requieren autorización y cuáles pueden generar responsabilidad penal. Si los artículos son modificados, el alcance podría reducirse antes de entrar en vigor. Por ahora, el cambio confirmado es político: una mayoría parlamentaria decidió avanzar con una legislación que coloca las relaciones con medios y organizaciones extranjeras dentro de una estrategia más extensa de seguridad e inteligencia.