La guerra antidrogas de EE.UU. deja a pescadores de Ecuador entre carteles y ataques

La ofensiva contra el narcotráfico en el Pacífico abrió un frente inesperado para cientos de pescadores artesanales de Ecuador. En localidades costeras de Manabí como Jaramijó, San Mateo y Manta, organizaciones como Los Choneros y Los Lobos utilizan el conocimiento marítimo de los trabajadores para trasladar cargamentos y moverse por rutas difíciles de controlar. Algunos testimonios recogidos por Reuters describen extorsiones de hasta US$1.200 para permitir que una embarcación continúe trabajando, mientras participar en un traslado de cocaína puede generar pagos de hasta US$40.000. El resultado es una presión doble: rechazar al crimen puede implicar amenazas, pero aceptar sus condiciones aumenta el riesgo de terminar detenido o convertirse en objetivo de operaciones antidrogas.

Esa vulnerabilidad aumentó con la expansión de Operation Southern Spear, la campaña estadounidense que trasladó ataques letales hacia rutas marítimas utilizadas por redes narcotraficantes. Se contabilizó 67 embarcaciones destruidas y más de 220 personas muertas desde septiembre de 2025, mientras documentos oficiales del Departamento de Guerra registraron una concentración creciente de operaciones en el Pacífico oriental. Washington considera a Los Choneros y Los Lobos organizaciones terroristas extranjeras, una designación que amplió el marco de seguridad aplicado contra estructuras criminales ecuatorianas. Para las comunidades pesqueras, sin embargo, distinguir entre un tripulante voluntariamente incorporado al narcotráfico y otro sometido mediante amenazas puede resultar mucho más complejo en medio de operaciones ejecutadas a distancia.

Tres embarcaciones y una pregunta todavía abierta

Los casos de Fiorella, Negra Francisca Duarte II y Don Maca colocaron esa zona gris en el centro de una investigación internacional. El Fiorella desapareció el 20 de enero y ocho de sus diez tripulantes continúan sin ser localizados, mientras Amnistía Internacional pidió investigar una posible participación estadounidense. Sobre la Negra Francisca, sobrevivientes dijeron que un dron atacó el barco en marzo y que posteriormente fueron detenidos por hombres armados que hablaban inglés. Human Rights Watch documentó testimonios similares vinculados al Don Maca y reclamó respuestas sobre quién ejecutó las operaciones y bajo qué autoridad fueron capturados y posteriormente transferidos algunos pescadores.

Washington negó inicialmente que el Pentágono y la Guardia Costera hubieran participado en esos tres episodios específicos, pero una investigación posterior introdujo una posibilidad diferente. Información publicada por The Washington Post vinculó los ataques con un presunto programa encubierto de la CIA separado de Southern Spear, aunque la agencia no confirmó públicamente esa versión ni existe información abierta suficiente para establecer quién operó los drones o las fuerzas que abordaron las embarcaciones. Esa diferencia es central: una operación clandestina de inteligencia podría explicar por qué organismos militares estadounidenses negaron responsabilidad directa sin despejar completamente las dudas sobre una participación de Estados Unidos.

Pescadores de Ecuador quedan atrapados entre carteles y ataques antidrogas.

El negocio criminal puede sobrevivir a los ataques

La militarización del Pacífico tampoco elimina la estructura económica que empuja a los pescadores hacia las redes criminales. Especialistas citados por Reuters señalan que las organizaciones pueden reemplazar con relativa facilidad a tripulantes muertos o detenidos porque operan sobre comunidades con bajos ingresos, experiencia marítima y exposición constante a amenazas. Al mismo tiempo, los propios informes estadounidenses reconocen que los carteles están adaptando rutas, aumentando el uso de transporte terrestre y recurriendo a contenedores comerciales. Destruir pequeñas embarcaciones puede eliminar un cargamento, pero no necesariamente afecta a quienes financian la cocaína, controlan los puertos o administran las redes internacionales.

Tres barcos abren dudas sobre operaciones secretas de EE.UU. en el Pacífico.

La próxima prueba será determinar si Ecuador y Estados Unidos pueden combatir esas estructuras sin convertir a las comunidades costeras en otro costo de la guerra antidrogas. El gobierno de Daniel Noboa profundizó la cooperación de seguridad con Washington y las autoridades ecuatorianas reconocen que algunos pescadores son reclutados mediante coerción, pero las operaciones marítimas permanecen rodeadas de información clasificada y preguntas sin responder. El desafío ya no consiste únicamente en interceptar cocaína: también exige identificar quién actúa por decisión propia, quién navega bajo amenaza y qué ocurre cuando una embarcación sospechosa se transforma en objetivo militar antes de que esa diferencia pueda establecerse.