Hay personas que hacen exactamente lo contrario a lo que dicta el instinto cuando comienza una guerra. Mientras miles intentan escapar, ellas entran. Recorren carreteras destruidas, atraviesan puestos de control, llegan a hospitales sin electricidad y llevan alimentos, medicamentos o agua a lugares de los que buena parte del mundo apenas conoce el nombre.
Cada vez más, ese chaleco, ese vehículo identificado o ese emblema humanitario ya no alcanzan para protegerlas.
Más de 1.000 trabajadores humanitarios fueron asesinados en distintas partes del mundo durante los últimos tres años, según una advertencia de Naciones Unidas que permite observar mucho más que una sucesión de tragedias individuales. El número muestra hasta qué punto se está deteriorando una de las reglas elementales que sobrevivió incluso a algunas de las peores guerras: quienes asisten a la población civil no deben convertirse en objetivos.
En 2025 fueron asesinados al menos 326 trabajadores humanitarios en 21 países. Con esas víctimas, el registro de los últimos tres años superó las 1.010 muertes.

Detrás de cada número hay médicos, choferes, enfermeros, trabajadores de organizaciones internacionales y, sobre todo, empleados locales que muchas veces conocen mejor que nadie el terreno en el que trabajan.

La distribución de las víctimas también permite entender dónde se concentra buena parte del peligro. De los más de mil trabajadores humanitarios asesinados durante ese período, más de 560 murieron en Gaza y Cisjordania, mientras que alrededor de 130 fallecieron en Sudán, 60 en Sudán del Sur y 25 tanto en Ucrania como en la República Democrática del Congo, de acuerdo con las cifras difundidas por Naciones Unidas.
Gaza se convirtió así en el caso más extremo de una problemática que alcanza distintas regiones del planeta.

Pero limitar la explicación a un único conflicto dejaría afuera una transformación mucho más profunda. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) calcula que existen actualmente alrededor de 130 conflictos armados en el mundo, más del doble que hace quince años. Algunos llevan décadas abiertos y otros involucran múltiples actores, grupos armados, ejércitos regulares y fuerzas extranjeras.
Cuantas más guerras existen, más difícil resulta trabajar en ellas. Pero el aumento de los conflictos explica solamente una parte del fenómeno. El problema más grave es otro: las normas que deberían limitar la violencia durante una guerra están siendo desafiadas o directamente ignoradas con creciente frecuencia.
El derecho internacional humanitario no supone que una guerra pueda convertirse en algo limpio o indoloro. Su lógica es bastante más elemental: incluso durante un conflicto armado existen límites. Los civiles deben ser protegidos. Los heridos deben recibir asistencia. Los hospitales no pueden ser atacados deliberadamente. Y quienes desarrollan tareas humanitarias deben poder realizar su trabajo.
Es justamente esa frontera la que comienza a mostrar grietas.

El CICR viene alertando sobre una erosión acelerada de las reglas de la guerra, acompañada por discursos que deshumanizan al adversario y por un espacio cada vez más reducido para la acción humanitaria neutral. La consecuencia termina siendo mucho más amplia que el riesgo que corre una organización internacional.
Cuando un convoy no llega, una comunidad puede quedarse sin alimentos. Cuando un médico abandona una zona porque su hospital fue atacado, cientos de personas pierden acceso a atención sanitaria. Cuando una organización suspende sus operaciones por razones de seguridad, quienes quedan aislados son los civiles.
Por eso, matar a un trabajador humanitario puede afectar indirectamente a miles de personas.

Existe además una imagen equivocada sobre buena parte de quienes realizan este trabajo. No todos son extranjeros enviados por grandes organizaciones internacionales ni profesionales que llegan durante algunas semanas a una zona de guerra.
Una enorme proporción de la asistencia depende de trabajadores locales. Son personas que viven en los mismos lugares donde estalla el conflicto. Tienen familia allí, conocen las carreteras, hablan los idiomas locales y continúan trabajando mientras sus propias casas y comunidades también están amenazadas.

En muchas crisis son ellos quienes hacen posible que la ayuda llegue hasta el último tramo. Su vulnerabilidad es también mayor. No terminan una misión y vuelven a otro país. Cuando finaliza la jornada, continúan viviendo dentro de la guerra.
Y no solamente enfrentan bombardeos.
Los trabajadores humanitarios pueden quedar expuestos a secuestros, ataques deliberados, fuego cruzado, restricciones de movimiento, detenciones y saqueos. También deben atravesar territorios en los que distintas fuerzas controlan apenas unos kilómetros y donde una ruta considerada segura por la mañana puede dejar de serlo horas después.
Sudán ofrece otro ejemplo dramático. La guerra desatada en 2023 provocó una gigantesca crisis humanitaria y desplazamientos masivos, mientras organizaciones de asistencia intentan ingresar a regiones donde millones de personas necesitan alimentos, medicamentos y refugio.
En Sudán del Sur, República Democrática del Congo, Ucrania y numerosos conflictos menos presentes en la agenda internacional, el desafío se repite con distintas características.
Incluso la tecnología modificó las condiciones. Los drones permiten observar territorios y atacar objetivos a enormes distancias; los frentes pueden cambiar rápidamente y las campañas de desinformación pueden convertir a organizaciones neutrales en sospechosas ante alguno de los bandos.
La neutralidad humanitaria, durante décadas considerada una herramienta para ingresar donde otros no podían hacerlo, también enfrenta una creciente presión política.
El resultado es paradójico: el mundo necesita cada vez más ayuda humanitaria al mismo tiempo que resulta cada vez más difícil y peligroso brindarla.

La advertencia adquiere una dimensión especial en el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, que Naciones Unidas conmemora cada 19 de agosto.
La fecha tampoco fue elegida al azar. El 19 de agosto de 2003, un atentado contra el Hotel Canal de Bagdad, sede de Naciones Unidas en Irak, provocó la muerte de 22 trabajadores humanitarios, entre ellos el representante especial de la ONU, Sérgio Vieira de Mello.
Años después, Naciones Unidas estableció esa jornada para reconocer a las personas que trabajan en emergencias humanitarias y recordar a quienes murieron realizando esa tarea.
Más de dos décadas después de aquel atentado, la dimensión del problema cambió. Ya no se trata solamente de ataques excepcionales contra símbolos internacionales. La amenaza se extiende sobre convoyes, hospitales, centros de distribución de alimentos y trabajadores locales en algunos de los conflictos más violentos del planeta.
Y detrás de las estadísticas aparece una pregunta mucho más inquietante sobre el estado actual del mundo.
Si las personas cuya única misión es llevar comida, curar una herida o evacuar a un civil dejan de ser consideradas intocables, lo que se está perdiendo no es únicamente la seguridad de los trabajadores humanitarios.
También comienza a desaparecer una de las últimas fronteras que deberían separar una guerra de la violencia sin límites.