El 17 de agosto de 2022, hace exactamente cuatro años, una multitud de trabajadores, organizaciones sindicales y movimientos sociales marchó desde el Obelisco hasta el Congreso bajo una consigna que buscaba sintetizar el momento político y económico: "Primero la Patria".
El eje de la movilización fue el rechazo a la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y la especulación de los grandes formadores de precios.
La protesta de la Confederación General del Trabajo (CGT) tuvo una particularidad política: aunque reclamó al entonces presidente Alberto Fernández mayor firmeza y le exigió medidas para contener el deterioro económico, la central obrera evitó presentar la movilización como una marcha directamente contra el Gobierno.
La Argentina atravesaba por entonces una fuerte crisis económica y política. La inflación se había convertido en una de las principales preocupaciones sociales, mientras el Frente de Todos atravesaba tensiones internas y Sergio Massa acababa de asumir como ministro de Economía, Producción y Agricultura, en reemplazo de Silvina Batakis.

La movilización reunió a cientos de miles de personas en el centro porteño. A la convocatoria de la CGT se sumaron sectores de la CTA de los Trabajadores, organizaciones de la economía popular y distintos espacios sindicales y sociales.
Las columnas avanzaron desde el Obelisco hacia la Plaza de los Dos Congresos. El documento elaborado por la central obrera llevaba como título "Primero la Patria" y planteaba un diagnóstico severo sobre la situación económica.
"La inflación ha alcanzado niveles intolerables que pulverizan el poder de compra de todos los trabajadores", advertía el texto.
Sin embargo, la CGT colocaba buena parte de la responsabilidad en los empresarios y en los denominados "formadores de precios". El documento cuestionaba "la irresponsabilidad económica de los grandes formadores de precios que remarcan el valor de los productos esenciales para mejorar los márgenes de ganancias" y también apuntaba contra la especulación financiera.
El planteo buscaba, de ese modo, diferenciarse de una protesta abiertamente opositora. La central obrera reclamaba respuestas al Gobierno, pero también señalaba a los sectores económicos que, según su diagnóstico, contribuían a profundizar la crisis.
La conducción cegetista intentó mantener un delicado equilibrio: respaldar al Gobierno del Frente de Todos, pero al mismo tiempo reclamarle decisiones concretas.
Pablo Moyano fue uno de los dirigentes que expresó esa posición con mayor contundencia. Durante la movilización, le reclamó al Presidente: "Alberto, poné lo que tenés que poner ante los especuladores".
El dirigente camionero pidió que se convocara a los empresarios y se aplicaran sanciones contra quienes aumentaban los precios. "Sentá a estos tipos, poné las multas que tengas que poner que los trabajadores te vamos a bancar", afirmó.
También reclamó un bono o suma fija para los trabajadores con menores ingresos, el mantenimiento de las paritarias libres y una ampliación de las asignaciones familiares.
La frase sintetizaba el tono de la protesta: no se trataba de una marcha destinada a pedir la salida del Gobierno ni de una convocatoria opositora tradicional. Era, fundamentalmente, una presión pública para que la administración de Fernández actuara frente al deterioro del salario.
Después de la movilización, Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña brindaron una conferencia de prensa en la que profundizaron el mensaje.
Daer sostuvo que era necesario "encontrar una salida a favor" y cuestionó las presiones de los sectores de concentración económica que, según la CGT, impulsaban un proceso devaluatorio que terminaría perjudicando a los trabajadores.
Moyano, por su parte, fue todavía más directo: "Decirle al Presidente que tome las medidas que tiene que tomar, que los vamos a acompañar".
Carlos Acuña se expresó en la misma línea y pidió al Gobierno que "tomen las medidas que tengan que tomar para el bien del pueblo argentino".
El planteo dejaba una señal política clara: la CGT no quería aparecer enfrentada al Ejecutivo, pero tampoco estaba dispuesta a permanecer en silencio frente al deterioro de los ingresos.
Uno de los debates económicos de aquel momento estaba relacionado con la forma de recomponer los ingresos.
La CGT defendía las paritarias como principal herramienta para recuperar el poder adquisitivo. Para Daer, "las paritarias son la dinámica necesaria para sostener el poder adquisitivo del salario".
Pero dentro de la propia central sindical existían diferencias sobre la posibilidad de implementar una suma fija.
Pablo Moyano impulsaba un bono o suma fija destinado a quienes tenían los ingresos más bajos. Otros sectores de la CGT observaban esa alternativa con mayor cautela porque consideraban que podía achatar las escalas salariales y afectar el mecanismo de negociación colectiva.
El texto consensuado por la conducción cegetista buscó darle a la movilización una dimensión que excediera el reclamo salarial.
La central obrera planteó la necesidad de construir "una sólida y duradera plataforma de Acuerdo Nacional de amplio consenso" y reclamó políticas de Estado para el corto, mediano y largo plazo.
También propuso fortalecer el diálogo social y alcanzar acuerdos entre los distintos sectores políticos, económicos y sociales.
"Profundizar la grieta sólo nos conduce al abismo", advertía el documento, que concluía con una apelación a los consensos: "Es tiempo de consensos, de acuerdos".
La definición era relevante porque reflejaba el clima político de aquel momento. El Frente de Todos estaba atravesado por fuertes diferencias internas y la disputa entre el kirchnerismo y el sector identificado con Alberto Fernández había quedado expuesta durante meses.
El 17 de agosto también tuvo otra particularidad. Mientras la CGT marchaba hacia el Congreso, sectores de la izquierda, el sindicalismo combativo y organizaciones piqueteras se movilizaban hacia Plaza de Mayo.
La diferencia política era evidente. Mientras la CGT reclamaba al Gobierno que interviniera contra los formadores de precios y defendía la continuidad de las paritarias, las organizaciones de izquierda responsabilizaban directamente al Ejecutivo por el deterioro económico y reclamaban un plan de lucha.
Eduardo Belliboni, uno de los referentes de la Unidad Piquetera, cuestionó la movilización cegetista y sostuvo que la central sindical no representaba los principales reclamos de los sectores desocupados.
Los movimientos sociales que participaron de la marcha sumaron una agenda propia. Entre sus principales demandas aparecían el acceso a tierra, techo y trabajo, el salario básico universal, el monotributo productivo y el reconocimiento de la economía popular.
Dina Sánchez, dirigente de ese sector, resumió la posición: "Hoy acompañamos la consigna contra los mercados, pero también venimos con nuestra agenda de Tierra, Techo y Trabajo".
La participación de estos movimientos ampliaba el universo social de la movilización y mostraba que la inflación no afectaba solamente a los trabajadores registrados. También golpeaba a quienes desarrollaban actividades informales o dependían de ingresos provenientes de la economía popular.
Otro dato significativo de aquella jornada fue que la CGT no anunció un paro general ni estableció un nuevo calendario de movilizaciones masivas.
La conducción sindical consideró exitosa la protesta, pero mantuvo una estrategia de presión sobre el Gobierno sin romper con él.
El final de la movilización fue además atípico: no hubo un gran escenario frente al Congreso ni discursos extensos para cerrar el acto. Las columnas llegaron, atravesaron el punto final y comenzaron a dispersarse.