Australia comenzará el 2 de noviembre una nueva etapa de su política de control de armas con la puesta en marcha de un programa de recompra en Nueva Gales del Sur , el estado más poblado del país. El objetivo inicial será retirar alrededor de 274.000 armas de fuego, en una operación presentada como la mayor desde las reformas posteriores a la masacre de Port Arthur de 1996.
La medida forma parte de la respuesta al ataque ocurrido durante una celebración de Janucá en Bondi Beach, Sídney, el 14 de diciembre de 2025, que dejó quince personas muertas. Los presuntos atacantes utilizaron armamento obtenido legalmente, un elemento que aceleró la revisión de un sistema considerado durante décadas entre los más estrictos del mundo.
Australia registró alrededor de 4,1 millones de armas de fuego en 2025, una cifra récord. Más de 1,1 millones se encontraban en Nueva Gales del Sur. El primer ministro Anthony Albanese advirtió que actualmente existen más unidades registradas que cuando se implementó la histórica recompra de los años noventa.
La primera fase establecerá valores fijos según el tipo de arma. Las compensaciones irán desde 450 dólares australianos por rifles de aire comprimido hasta 1.000 por rifles de fuego central o revólveres. También se pagarán montos específicos por escopetas, armas semiautomáticas y municiones.

Desde comienzos de 2027 se habilitará una segunda etapa destinada a modelos de mayor valor. Los propietarios de armas cuyo precio indicativo supere los 3.000 dólares australianos podrán solicitar una compensación especial de hasta 10.000 dólares por unidad.
Nueva Gales del Sur limitó a cuatro la cantidad de armas que puede poseer la mayoría de los titulares de licencias. Determinados productores rurales y tiradores deportivos pueden acceder a excepciones de hasta diez. También se endurecieron los controles de almacenamiento, licencias y registros.

En abril de 1996, un atacante asesinó a 35 personas en Port Arthur, Tasmania. La masacre impulsó un acuerdo nacional que restringió rifles semiautomáticos y escopetas y permitió retirar cientos de miles de armas mediante una recompra.
Tres décadas después, el nuevo plan vuelve a generar debate. Agricultores, comerciantes y asociaciones de tiro cuestionan las compensaciones y sostienen que algunos propietarios recibirán mucho menos de lo que pagaron. El gobierno defiende la iniciativa con un argumento central: reducir la cantidad de armas disponibles disminuye las posibilidades de que vuelvan a utilizarse en ataques de gran escala.
Nueva Gales del Sur es hasta ahora el primer estado en incorporarse formalmente al esquema nacional. Su alcance definitivo dependerá de si otras jurisdicciones australianas deciden sumarse.
