Con el objetivo de golpear el mercado ilegal y frenar el robo de dispositivos en la calle, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, oficializó un decreto que endurece de forma drástica los controles sobre la compraventa y reparación de teléfonos celulares usados en la Ciudad de Buenos Aires.
La normativa declara la emergencia transitoria del sector, crea un registro obligatorio de trazabilidad para auditar el origen de los equipos y suspende nuevas habilitaciones comerciales en las denominadas “Zonas de Alta Criticidad”, en un esfuerzo por profundizar la baja en los índices delictivos dentro del territorio porteño.

1. Se declara por 90 días corridos la emergencia de la actividad de comercialización y reparación de celulares usados en toda la Ciudad.
2. Se refuerza la fiscalización y control mientras se completa la implementación de las nuevas medidas de registro y control previstas en el decreto 295/26.
3. Durante ese período, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y el Ministerio de Seguridad adoptarán medidas extraordinarias para el ejercicio de la actividad y llevarán adelante operativos coordinados de control de comercios y ámbitos que presenten mayores indicadores de riesgo.
4. La AGC implementará procedimientos extraordinarios de fiscalización destinados a verificar la legítima compra o tenencia de los celulares, partes y repuestos y clausurará los comercios que no lo acrediten. Los locales tendrán que acreditar el origen legítimo de los equipos en venta o reparación.
5. Se determinan “Zonas de Alta Criticidad” basadas en la concentración territorial de delitos e infracciones vinculadas con la actividad, secuestros y recuperos de equipos, denuncias e investigaciones, resultados de operativos, concentración de establecimientos y antecedentes de incumplimientos.
6. Primeras zonas de intervención: Retiro–Microcentro, Balvanera–Once, Liniers–Límite Oeste y Chacarita–Villa Crespo.
7. Durante la vigencia de la emergencia, dentro de esas zonas se suspenderán el inicio y la tramitación de nuevas autorizaciones de actividad económica, las transmisiones por tnrasferencia y las ampliaciones de rubro o superficie destinadas a la comercialización o reparación de celulares usados.

En conjunto, las medidas conforman un esquema escalonado: control reforzado inmediato durante la emergencia, intervención en los barrios focalizada en las áreas críticas y, como régimen permanente, un sistema de registro y trazabilidad que permita identificar establecimientos, equipos y operaciones y dificultar la incorporación de celulares robados al circuito comercial formal.
“Se terminó la mafia de los celulares robados. Declaramos la emergencia para caerles con todo el peso de la ley. Que quede claro, el que compra un teléfono robado para desarmarlo y venderlo por partes no es un comerciante: es un delincuente que forma parte de una red mafiosa”, sostuvo Jorge Macri. Y agregó: “En las zonas de alta criticidad, no se va a habilitar ni un solo local más de ‘reparación de celulares’ y van a tener que demostrar el origen de cada pieza que tengan. Ley y orden”.