El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires declaró este martes la emergencia en la venta y reparación de celulares usados. Lo hizo con un decreto firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, que rige 90 días corridos en todo el territorio porteño.
La medida apunta al circuito de desarme y reventa de equipos robados. La Agencia Gubernamental de Control y el Ministerio de Seguridad porteño harán operativos coordinados en los comercios con mayores indicadores de riesgo.
La AGC podrá clausurar los locales que no acrediten el origen legítimo de los equipos que tengan en venta o en reparación. La norma es el Decreto 295/26.
Las primeras zonas de intervención son Retiro-Microcentro, Balvanera-Once, Liniers-Límite Oeste y Chacarita-Villa Crespo.
Se terminó la mafia de los celulares robados.
— Jorge Macri (@jorgemacri) August 18, 2026
Declaramos la emergencia para caerles con todo el peso de la ley. Que quede claro, el que compra un teléfono robado para desarmarlo y venderlo por partes no es un comerciante: es un delincuente que forma parte de una red mafiosa.
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Ahí quedan suspendidas por tres meses tres cosas para el rubro de venta y reparación de celulares usados:
La Ciudad eligió esas áreas por la concentración de delitos e infracciones ligados a la actividad, el volumen de secuestros y recuperos de equipos, las denuncias en curso, los resultados de operativos previos, la densidad de locales del rubro y los incumplimientos ya registrados en cada zona.
"En las zonas de alta criticidad no se va a habilitar ni un solo local más de reparación de celulares y van a tener que demostrar el origen de cada pieza", dijo Jorge Macri.
Los comercios deben acreditar la procedencia de cada equipo, cada componente y cada repuesto que tengan en su poder o a la venta.

Para eso ya hay un mecanismo funcionando. La AGC administra el sistema CeluBA, cuyo procedimiento se aprobó en 2019. El local declara sus teléfonos y partes en el portal y por cada uno obtiene una oblea con código QR. Esa oblea se exige durante la inspección.
La carga es previa: los datos se ingresan antes de recibir el aparato para vender o reparar.
Las sanciones ya están escritas:
La unidad fija es la medida con la que la Ciudad calcula sus multas. Vale $949,99 desde el 3 de marzo y ese valor rige hasta el 2 de septiembre. Con esa referencia, las escalas van hoy de $949.990 a $4.274.955.
El decreto reglamenta la Ley 6.009, aprobada en 2018. La Legislatura porteña la votó con 56 votos a favor y 2 abstenciones. Esa ley creó el sistema público, online y gratuito para seguir la venta y reparación de celulares usados, sus repuestos y partes.
Hay un punto que alcanza a cualquier vecino. Las personas que no se dedican al rubro también pueden cargar voluntariamente los datos de su propio teléfono en ese mismo sistema.
"Se terminó la mafia de los celulares robados. Declaramos la emergencia para caerles con todo el peso de la ley", afirmó Jorge Macri. Y sumó: "El que compra un teléfono robado para desarmarlo y venderlo por partes no es un comerciante: es un delincuente que forma parte de una red mafiosa".
Si robaste un celular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, olvidate de revenderlo.
— Gabino Tapia (@GabinoTapiaBA) August 18, 2026
Vamos a endurecer los controles sobre los locales de venta y reparación de celulares usados, y a suspender la habilitación de nuevos comercios del rubro.
Se terminó el negocio del robo y… https://t.co/Bt9Ly1dKxD
El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, escribió en sus redes: "Si robaste un celular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, olvidate de revenderlo".
La emergencia dura 90 días corridos. Contados desde la firma del decreto, el 18 de agosto, vence el 16 de noviembre. Ese es el plazo que la Ciudad se dio para terminar de implementar el registro y el control previstos en la norma.
TM