$491.460 millones en juego: por qué el peronismo quiere excluir a Mercado Libre

Un proyecto de ley presentado por diputados peronistas en el Congreso propone modificar de manera sustancial el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento y limitar el acceso a sus beneficios para las grandes empresas privadas.

La iniciativa plantea que los recursos fiscales se concentren en las micro, pequeñas y medianas empresas, mientras que quedarían excluidas las compañías de gran escala, salvo aquellas cuyo capital accionario mayoritario pertenezca al Estado.

La propuesta, impulsada por un grupo de diputados, modifica los artículos 4 y 10 de la Ley 27.506 y sostiene que el régimen actualmente genera una transferencia de recursos públicos hacia compañías consolidadas que, según sus fundamentos, no necesitan incentivos fiscales para sostener sus niveles de inversión y crecimiento.

El planteo tiene un impacto concreto sobre una de las compañías tecnológicas más importantes de la Argentina: Mercado Libre, la empresa fundada por Marcos Galperin.

Qué cambia con el proyecto de ley

El principal cambio consiste en excluir del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento a las grandes empresas privadas. La excepción alcanzaría a las compañías de gran tamaño cuyo capital accionario mayoritario pertenezca al Estado nacional, provincial o municipal, además de las cooperativas que revistan esa categoría.

De esta manera, empresas estatales como INVAP, Y-TEC, VENG o Nación Servicios podrían continuar dentro del esquema, según explican los fundamentos, debido a su rol estratégico en áreas como tecnología, infraestructura digital, biotecnología, energía, desarrollo satelital y soberanía científica.

La iniciativa también endurece las condiciones de acceso. Las empresas deberían acreditar que al menos el 70% de su facturación proviene de actividades promovidas. Además, deberían cumplir al menos dos requisitos adicionales vinculados con calidad, capacitación, investigación y desarrollo o exportaciones.

Más exigencias para conservar el beneficio

El proyecto no solamente modifica las condiciones de ingreso. También establece mayores exigencias para las empresas que ya están dentro del régimen.

La revalidación pasaría a exigir, cada dos años, que las compañías mantengan o incrementen su cantidad de trabajadores, continúen desarrollando las actividades promovidas y aumenten los requisitos adicionales acreditados al momento de la inscripción.

El incumplimiento de cualquiera de esas condiciones podría derivar en la aplicación de las sanciones previstas por la propia Ley 27.506.

El objetivo declarado es que el beneficio fiscal no funcione como una ventaja permanente, sino como un incentivo asociado a resultados concretos en materia de empleo, capacitación, innovación, investigación y exportaciones.

Cuánto dinero está en juego

Uno de los principales argumentos del proyecto apunta al costo fiscal del régimen.

Según los fundamentos, las exenciones y beneficios tributarios vinculados con la Ley 27.506 alcanzarían durante 2026 unos $491.460 millones, equivalentes al 0,05% del PBI.

Los autores sostienen que, en un contexto de ajuste fiscal, resulta necesario revisar quiénes son los verdaderos beneficiarios de esos recursos.

El padrón citado en la iniciativa contabiliza 1.038 empresas beneficiarias al 12 de mayo de 2026: 615 microempresas, 277 pequeñas, 49 medianas y 97 grandes.

El dato que utilizan los impulsores para justificar el cambio es la diferencia entre cantidad de empresas y participación en los beneficios. Durante 2025, según el informe citado de la Jefatura de Gabinete, hubo 784 compañías beneficiarias, de las cuales 78 eran consideradas grandes. Es decir, aproximadamente el 10% del universo.

Sin embargo, esas grandes empresas concentraron el 57% de los bonos fiscales otorgados: sobre un total de $125.168 millones, recibieron $72.302 millones.

Para los autores, esa proporción demuestra una concentración que contradice el objetivo original del régimen.

El caso Mercado Libre

El proyecto tiene una consecuencia concreta para Mercado Libre. El padrón oficial de beneficiarios de la Ley 27.506 identifica a MERCADOLIBRE S.R.L. como una empresa grande, radicada en la Ciudad de Buenos Aires y vinculada con la actividad de software y servicios informáticos y digitales.

Además, la propia documentación presentada por Mercado Libre ante la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos confirma que la compañía obtuvo en agosto de 2021 la aprobación para incorporarse al régimen argentino de Economía del Conocimiento, con beneficios retroactivos al 1° de enero de 2020.

Por lo tanto, si el proyecto fuera aprobado tal como está redactado, Mercado Libre quedaría alcanzada por la exclusión de las grandes empresas privadas.

El cambio más importante estaría vinculado con el Impuesto a las Ganancias. Actualmente, la Ley 27.506 contempla una reducción del 60% para micro y pequeñas empresas, del 40% para medianas y del 20% para grandes empresas.

El proyecto modifica completamente esa escala. Las microempresas pasarían a tener una reducción del 100% del Impuesto a las Ganancias correspondiente a las actividades promovidas; las pequeñas, del 75%; y las medianas, del 50%.

Para las grandes empresas exceptuadas (aquellas vinculadas mayoritariamente al Estado y las cooperativas alcanzadas por la definición del proyecto) se mantendría una reducción del 20%. Las grandes empresas privadas, en cambio, quedarían directamente afuera del régimen.

La discusión de fondo: subsidio o promoción

El debate que abre la iniciativa excede el caso de Mercado Libre. Los autores plantean que el Estado debería utilizar los recursos fiscales disponibles para favorecer la creación de nuevas empresas, el empleo calificado, la capacitación y la innovación, en lugar de otorgar reducciones impositivas a compañías que ya alcanzaron una posición dominante.

En caso de avanzar, el cambio implicaría una redefinición profunda del Régimen de Economía del Conocimiento: pasar de un esquema que admite a empresas de todos los tamaños a uno que concentra los mayores incentivos en las PyMEs y excluye a las grandes compañías privadas.

En ese escenario, Mercado Libre aparece como uno de los casos más visibles: la empresa de Marcos Galperín figura actualmente como beneficiaria y como gran empresa dentro del padrón oficial.