Interna peronista
19/08/2026 - Edición Nº1289
Política
Alivio financiero
La medida que tomó una provincia para frenar el avance sobre familias endeudadas
19/08/2026 | La Rioja suspendió por 180 días las ejecuciones prendarias para que los deudores puedan negociar con sus acreedores y evitar perder sus bienes.
En medio del crecimiento del endeudamiento de los hogares, una provincia decidió avanzar con una herramienta de emergencia para evitar que las familias pierdan de manera inmediata los bienes utilizados como garantía de sus créditos. La Rioja suspendió por ley durante 180 días las ejecuciones prendarias, con el objetivo de abrir un período de negociación entre deudores y acreedores.
La medida surgió a partir de una iniciativa del gobernador Ricardo Quintela y fue impulsada en la Legislatura por la diputada provincial Lourdes Ortiz, del bloque Justicialista. La norma no elimina las deudas ni modifica los contratos, pero establece una pausa de seis meses en los procesos de ejecución para quienes no pueden afrontar sus compromisos.
Ortiz explicó que la decisión apunta a generar “un espacio de negociación y de acuerdo con los acreedores” y aclaró que la Provincia no tiene facultades para modificar las condiciones originales de los préstamos. El objetivo es que durante ese período las personas puedan reorganizar sus finanzas, reconstruir capacidad de pago y buscar una alternativa antes de perder el bien prendado.
Una respuesta al endeudamiento
La discusión adquiere una dimensión política porque la iniciativa riojana llega en un momento en que el endeudamiento dejó de estar asociado únicamente al consumo y comenzó a funcionar, en muchos hogares, como una herramienta para afrontar gastos esenciales.
La legisladora sostuvo que numerosas familias recurren al crédito para cubrir necesidades básicas y advirtió sobre el crecimiento de mecanismos informales de financiamiento, billeteras virtuales y otras plataformas. En ese escenario, planteó que el problema no puede analizarse únicamente desde la obligación contractual, sino también desde las condiciones económicas que llevaron a los hogares a incrementar su nivel de deuda.
La norma busca, precisamente, intervenir sobre una de las consecuencias más graves de esa situación: la posibilidad de que una familia pierda un vehículo u otro bien utilizado como garantía por no poder cumplir con los pagos.
Desde La Rioja remarcaron que la suspensión no significa que el acreedor pierda su derecho a cobrar. La intención es generar un plazo para que ambas partes puedan encontrar una salida. “El acreedor pueda cobrar y el deudor pueda pagar” es la lógica que, según Ortiz, sostiene la iniciativa.
La medida abre además un debate que excede a la provincia: qué herramientas puede utilizar el Estado frente a una morosidad creciente sin desconocer los contratos privados ni trasladar automáticamente las deudas al sector público.
Con la suspensión de las ejecuciones durante seis meses, La Rioja optó por una intervención temporal para intentar evitar que el deterioro de los ingresos termine transformándose en la pérdida inmediata del patrimonio de las familias endeudadas.
